Así operaba la red de empresas de seguridad que alquilaba armas a grupos ilegales: certificó a Terror como escolta

El recientemente abatido cabecilla de las autodefensas gaitanistas, Oliverio Isaza Ramírez, alias Terror, estaba certificado como escolta. Esta es solo la punta del iceberg de un entramado criminal orquestado por algunas empresas de seguridad, que sirven como fachadas para abastecer de armas y municiones a los grupos ilegales y gradúan como vigilantes a delincuentes del talante del jefe del 'clan Isaza'.

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Tras la caída de 'Terror' el presidente Gustavo Petro había dado línea sobre esta maraña que empezaba a descubrirse. "Con la muerte de Isaza aparece un nuevo hecho de corrupción política y crimen. Muchas empresas de seguridad en realidad son fachadas de bandas multicrimen (sic)", publicó en su cuenta de X.

Por su parte, Yenniffer Parra, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, se pronunció frente a las capturas que lograron las autoridades en Bogotá y Barranquilla por estos hechos. 

“Este es uno de los golpes más contundentes que logramos dar a las estructuras criminales que, de forma sistemática, utilizan las empresas de seguridad como fachadas para delinquir. Seguiremos con nuestras actividades de inspección y control para garantizar la seguridad de los colombianos y colombianas, de acuerdo con las instrucciones que nos ha dado el presidente Gustavo Petro”, dijo Parra. 

EL TIEMPO conoció que las empresas desmanteladas son Pretorian Security Ltda, ubicada en Villavicencio, Securbel Ltda, radicada en Bogotá, y Seguridad Sara Ltda, también con sede en la capital y de la cual 'Terror' era copropietario. Los representantes legales de las sociedades fueron capturados y sus bienes enviados a extinción de dominio.

En el caso de Petrorian, la captura fue la del coronel en retiro Pedro Alexander Ruiz Pulido; por Securbel fue detenido el capitán retirado José Omar Urrego Chitiva, también oficial de la Policía Nacional; y por la empresa Seguridad Sara se llegó a Jorge Oswaldo Castaño Galindo, su representante legal.

La punta del hilo que las autoridades empezaron a desenredar la dio la cinematográfica fuga de 'Matamba', el 18 de marzo de 2022, en La Picota. Según fuentes cercanas a la investigación, varios de los articuladores del crimen portaban carnés de empresas de seguridad y armamentos legales. Indagaron las empresas detrás de estas certificaciones fraudulentas y dieron con los nombres de las tres que fueron desmanteladas. Este número es solo el inicio de un entramado que se estima pueda tener muchas más compañías de vigilancia vinculadas.

Pretorian, Securbel y Sara Ltda tenían unos cabecillas asociados como escoltas. Entre ellos, a alias el Caballista y 'Pájaro', capturados y procesados por ser los cerebros detrás de la huida de 'Matamba' de la cárcel. 

En el caso de Seguridad Sara, esta sería la compañía que les surtiría armas a los exparamilitares Jhon Fredy Gallo, alias Pájaro, y Oliverio Isaza, alias Terror.

Los investigadores establecieron que las compañías cobraban una 'matrícula' que oscilaba entre 10 y 40 millones de pesos para garantizar el ingreso a la nómina, y luego una mensualidad de entre 3 y 10 millones de pesos para que los criminales pudieran acceder a armamento legal, logotipos y la carnetización de la empresa de seguridad, lo que facilitaba la operación de los cabecillas y sus esquemas de seguridad.

"Designaban a los criminales como escoltas o coordinadores de escoltas, con lo cual se les alquilaban armas de fuego para movilizarse sin mayores restricciones, facilitándoles el desarrollo de actividades delictivas en sus zonas de injerencia", informó la Policía. 

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Aparte de la relación criminal con bandas delincuenciales y grupos organizados, las empresas fachadas también incurrían en falsedad de documentos para, entre otras cosas, hacer el trámite de devolución de las armas que eran decomisadas en operativos.

Así, cuando la Fiscalía capturaba a algún integrante de un grupo ilegal con un arma legal propiedad de la empresa, argumentaban una falta disciplinaria del escolta, y pedían de regreso el armamento.

El calibre de las personas a las que se ofrecían estos servicios incluía cabecillas de grupos organizados como alias Gárgola, de 'La Constru', una de las estructuras que conforman las disidencias de los 'Comandos de la Frontera', o alias Rigo, jefe de la banda 'Los Rolos', encargada del microtráfico y las rentas criminales del Bronx, en Bogotá. Entre sus registros también figuran extraditables como alias Negro Zapata, integrante de 'Los Rastrojos' en el Putumayo, quien estuvo preso en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

En total, había más de 60 falsos escoltas, todos con antecedentes penales. La gran mayoría había sido parte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia.

Los bienes de las tres empresas fueron objeto de extinción de dominio y se incautaron más de 170 armas. En esta red también está señalado el exsubdirector de la Unidad Nacional de Protección, Ronald Rodríguez, a quien se le impuso una medida cautelar sobre sus bienes por el capítulo de la 'narcocamioneta', relacionado con el decomiso de un vehículo del Estado con 150 kilos de cocaína.

“Junto a las capturas se procedió a aplicar la extinción del derecho de dominio a 8 bienes muebles e inmuebles avaluados en más de 1.800 millones de pesos, así como la incautación de más de 100 armas de fuego que serán sometidas a estudios balísticos para determinar si fueron utilizadas en algún homicidio”, señaló el general Carlos Fernando Triana Beltrán. 

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Redacción Justicia