¿Qué hay detrás de los choques entre la comunidad y la Fuerza Pública en la operación Perseo, en Cauca?

En el marco de la Operación Perseo, que adelanta la Fuerza Pública para recuperar el control en la región del Cañón del Micay, se volvió a presentar un choque entre los militares y la comunidad. En la noche del pasado domingo 10 de noviembre, un grupo de ciudadanos retuvo a unos uniformados para recuperar el cuerpo de un hombre que fue dado de baja en un operativo. Para las FF. MM., los ciudadanos están siendo instrumentalizados por los ilegales. 

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Según informó la Fuerza Pública, los hechos se presentaron luego de la instalación de unos puestos de control en el sector de Botafogo, en Argelia, que fueron burlados por una camioneta con cuatro ocupantes. El vehículo evadió el primer retén de la Policía y los uniformados dieron aviso al Ejército que los increpó en el camino. Cuando vieron las tropas "uno de los ocupantes disparó contra la unidad militar, mientras que los otros tres emprendieron la huida", informaron las FF. MM. 

En respuesta a este ataque, y "acogiéndose a los protocolos establecidos, las tropas reaccionaron logrando interceptar la camioneta". En el cruce de disparos murió un hombre que el Ejército identificó como alias 'Lágrimas´, presunto miembro de las disidencias de la 'segunda Marquetalia'. Sin embargo, la versión que sostienen los habitantes es que se trataba de un campesino y no un hombre armado.

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Decenas de ciudadanos acorralaron a la unidad militar, exigiéndoles el cuerpo de la persona abatida. Si bien, según fuentes de las Fuerzas Militares, la retención no fue "como en otras oportunidades y sólo se llevaron el cuerpo", no es la primera vez que la comunidad emprende una acción violenta hacia los uniformados. 

Hace tres semanas, 60 militares fueron secuestrados por 72 horas, por un grupo de 300 integrantes de la guardia campesina. Ellos aseguran que desde su llegada para la retoma de El Plateado, los combates se han intensificado y la población civil ha quedado en el medio. 

"No queremos un baño de sangre. Es inminente los choques armados con los otros actores que están en el territorio y siempre quedamos en medio de los combates. Por eso,  para protegernos, optamos por detener el avance de este contingente militar. Además no queremos que vengan a dañarnos el territorio para que después se vayan, sin dejarnos alternativas”, indica Marcial Ruiz, uno de los líderes sociales de la zona.

Pero por el lado de la Fuerza Pública tienen otra lectura y alegan una instrumentalización de la comunidad por los grupos armados. "Desde el inicio de la operación, se han registrado situaciones generadas por la instrumentalización de las comunidades, las cuales estarían siendo empleadas por grupos armados organizados tales como 'segunda Marquetalia', 'Carlos Patiño' y Eln como estrategia para impedir el desarrollo de esta operación militar. Estos grupos camuflan sus actividades criminales haciendo uso de vestimenta civil y utilizando a las poblaciones como escudo", asegura la cúpula militar. 

Los militares reiteraron el llamado a la comunidad, a propósito de la última retención en Argelia, para que les permitan recuperar el control estatal de la región. 

"Se reitera que el personal militar cumple con la misión constitucional asignada. Las operaciones militares son legítimas y coadyuvan a generar condiciones de seguridad y de garantía del goce de los derechos de la población civil. Por lo anterior, se insta a la comunidad a no obstruir las operaciones militares, ya que esto puede constituir delitos como los consagrados en los artículos 429 y 469 del Código Penal Colombiano".

Pese a estos choques, desde la Fuerza Pública aseguran que continuarán con los operativos, de manera sostenida y amparados bajo el respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 

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Según las cifras de la Fuerza Pública hasta el momento se han adelantado en la zona tres combates, 16 hostigamientos, se han neutralizado 46 drones neutralizados, e incautado tres armas de largo alcance, 1.445 elementos de munición, dos granadas de mano y 80 kg de explosivos. Igualmente, 122 minas antipersonal han sido desactivadas.

SARA VALENTINA QUEVEDO

Redacción Justicia