Con oposición del fiscal Barbosa arranca recta final para la política contra las drogas

En la tarde de ayer se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Justicia, en el centro de Bogotá, una nueva sesión del Consejo Nacional de Estupefacientes en la que se estableció que hasta el próximo 27 de julio se recibirán las observaciones finales a la política contra las drogas (2023-2033) que plantea el gobierno del presidente Gustavo Petro.

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“Decidimos darnos dos semanas más para analizarla todavía mejor, para escuchar las voces de todas las personas que tienen asiento en el Consejo Nacional de Estupefacientes, para que envíen sus recomendaciones y así el Gobierno, cuando finalmente la adopte, lo hará con las mejores voces posibles”, informó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, al culminar la reunión.

Así las cosas, durante el plazo acordado se espera que los jefes de las nueve entidades que integran el Consejo, entre los que se destacan el Fiscal General, la Procuradora General, el director de la Policía, los ministros de Salud, de Defensa, de Agricultura y de Justicia, den a conocer las sugerencias frente a la política llamada ‘De la guerra contra las drogas al cuidado de la vida’.

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La fecha fijada tuvo como antesala un fuerte pronunciamiento del fiscal general, Francisco Barbosa, quien anticipó que va a votar negativo a esa política. Su postura fue expuesta en un oficio dirigido al Consejo Nacional de Estupefacientes, en el que subrayó que desaprueba la iniciativa de Petro porque a nivel general sus ejes “no contemplan objetivos, estrategias o acciones claras que demuestren la lucha del Estado contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales”.

Esa idea Barbosa la había anticipado ayer en la mañana, durante la celebración del día del investigador en la Fiscalía, cuando subrayó que esta es la primera vez que el ente acusador en sus 30 años de historia presenta un voto negativo a la política antidrogas de un gobierno que, en el caso concreto, a su juicio no satisface la necesidad de contar con un plan contra las drogas.

En efecto, Barbosa dijo no estar de acuerdo con la estrategia porque esta corresponde a un plan social y ambiental, el cual dista de ser una política nacional que establezca acciones claras que evidencian el compromiso del Estado en la lucha contra el narcotráfico.

Además, otra de sus críticas fue que si bien comparte que en la política se establezca que la persecución no debe ir dirigida contra los cultivadores o consumidores, el plan “no desarrolla cuáles sí deben ser las acciones reales del Estado en contra del narcotráfico y el crimen trasnacional que tanto afecta al país”.

Finalmente, en su representación a la sesión del Consejo asistió la vicefiscal Martha Mancera, y según el ministro de Justicia, ella aportó de manera serena los puntos que cuestiona el ente acusador.

Eso sí, Osuna aprovechó para aclarar que “la Fiscalía preferiría que se desarrolle más la política de persecución del narcotráfico. ¿Qué ocurre? Esta política en materia de persecución del narcotráfico dice, de modo explícito, que se remite a la política de Defensa y Seguridad del Estado, que publicó el Ministerio de Defensa, en el cual hay un capítulo específico sobre persecución de estructuras de alto impacto”.

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Este diario conoció por medio de una fuente que estuvo en la cita que ayer se volvió a presentar la política, se retroalimentó el aporte de cada entidad y después de eso vinieron las intervenciones de voceros de los ministerios de Defensa, Salud y de Agricultura, así como de la Policía, posturas que fueron menos críticas que la de la Fiscalía.

Para llegar a este punto, el ministro de Justicia rescató que se hicieron 50 mesas institucionales y más de 26 a lo largo de los distintos departamentos con las personas directamente afectadas con la política de drogas. Por último, el funcionario aclaró que quieren darle a la nueva política un giro novedoso a lo hecho años atrás, que frene las muertes de uniformados y campesinos.

Con la fecha ya fijada y la postura del Fiscal anunciada, la mayoría de asientos en el Consejo los tiene el Gobierno. En ese sentido, el abogado Camilo Burbano le explicó a este diario que así se diera una mayoría de votos negativa, “en la práctica el Gobierno puede seguir adelante con esa idea”. En efecto, el ministro Osuna comentó que el Ejecutivo aplicará su plan recogiendo los mejores insumos que aporten las distintas entidades.

Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49