Levantamiento de órdenes de captura de disidentes da paso a nuevo proceso de paz

“El presidente (Gustavo) Petro les dio carácter político a los disidentes que no firmaron el Acuerdo de Paz de La Habana y a los disidentes que firmaron el Acuerdo de Paz de La Habana y lo incumplieron, en ese sentido es una decisión política del Presidente de la República de avanzar en los diálogos”.

Ese fue el argumento central que llevó a que el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, procediera a levantar las órdenes de captura contra 19 personas que actuarán como representantes del llamado ‘Estado Mayor Central’ que aglutina a varios grupos que se marginaron del acuerdo de paz de La Habana y cuyo cabecilla mas conocido es ‘Iván Mordisco’.

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decisión se da más de un mes después de que el presidente Petro emitió la resolución 0014, en la cual solicitó a la Fiscalía suspender 20 órdenes de captura y que el jefe del ente acusador solicitó la aclaración de 11 nombres de esa lista que aparecían como integrantes de las Farc y firmantes del acuerdo de paz de La Habana y ahora se presentaban como del Estado Mayor Central.

En concreto, la Fiscalía pedía claridad sobre “si esas personas hacían parte de un grupo armado organizado al margen de la ley que decidió no suscribir el Acuerdo de Paz de la Habana y, por lo tanto, si eran integrantes de alguna organización criminal con la cual se adelantara un nuevo acuerdo de paz”.

Ese intercambio de comunicaciones terminó con la salida de la lista de Javier Alonso Veloza García, alias Jhon Mechas, señalado de intentar asesinar al expresidente Iván Duque y de cometer actos terroristas en la brigada 30 del Ejército en Cúcuta (Norte de Santander) y en un CAI del sur de Bogotá en hechos en los que murieron dos niños.

El fiscal Barbosa Delgado señaló que el jefe del Estado está actuando “en el marco de sus competencias legales y constitucionales” y que ninguna de las personas a las que finalmente se les levantaron las órdenes de captura tienen solicitudes de extradición por otros países como sí sucedió con las solicitudes, en su momento, de representantes de las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), como se hacen llamar los integrantes del ‘clan del Golfo’ del extraditado capo ‘Otoniel’ y de las Autodefensas de la Sierra, como se conocen ‘los Pachenca’.

De hecho, el fiscal insistió que frente a esos grupos no se accedió al levantamiento de las órdenes de detención al considerar “que no existe un fundamento jurídico y constitucional para poder” hacerlo al considerar que son grupos paramilitares y narcotraficantes.

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Así mismo, el jefe del ente acusador señaló que a pesar de la decisión de suspender las órdenes de captura contra las 19 representantes del Estado Mayor Central, “los procesos penales y de extinción de dominio contra estas personas continúan vigentes y esta decisión no afecta su desenlace”.

En la lista de 19 personas aparecen 11 que, según certificó la oficina del alto comisionado para la Paz, habían estado en los listados de firmantes del acuerdo de paz de La Habana durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

Se trata de Édgar de Jesús Orrego Arango, Farby Edisson Parra Parra, Róbinson de Jesús González, Willinton Henao Gutiérrez, Carlos Eduardo García Téllez, Iván Jacob Idribo Arredondo, Deison Rodrigo Ortiz Camallo, Wilmar Pasu Rivera, Anderson Andrei Vargas y Óscar Eduardo Sandoval Noscué.

Este último, conocido como ‘el Mocho’, es considerado como uno de los temidos jefes de las disidencias en el Cauca y estaría al frente del grupo ‘Carlos Patiño’. Según las autoridades, tiene una larga trayectoria criminal e incluso hizo parte del anillo de seguridad de Pedro Antonio Marín, más conocido como Manuel Marulanda Vélez, uno de los fundador de las Farc.

Esta decisión del fiscal ante la petición del Gobierno plantea dudas ante una posible extensión de beneficios a los integrantes de la ‘Segunda Marquetalia’ liderada por ‘Iván Márquez’. Aunque algunos sectores consideran que ellos al traicionar el acuerdo de paz no tendrían derecho a una negociación y la única salida sería el sometimiento, el Gobierno ha dejado entrever la posibilidad de dialogar con ellos.

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Con esa organización liderada por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, quien tendría a su mando 2.149 hombres en armas y 1.331 integrantes de las redes de apoyo (milicias), para un total de 3.480 integrantes, el Gobierno dio por iniciado un nuevo proceso de paz paralelo a las negociaciones que ya se adelantan con el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Para inteligencia, según un informe publicado por EL TIEMPO, este grupo se financia del tráfico de cocaína y pese a su meta de llegar a los 8.000 hombres en armas en 2019, el asedio de la Fuerza Pública no les permitió cumplir ese objetivo, que podría involucrar actividades de reclutamiento.

“Comienza un segundo proceso de paz. Se establecerá una mesa entre el Gobierno y el Estado Mayor Central”, anunció ayer el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter.

Y luego desde Rosas, en el Cauca, señaló: “Con el inicio de conversaciones con en Estado Mayor Central, prácticamente la mitad de las personas hoy en armas entran en negociación con el Gobierno”.

Por ahora es incierta la fecha o el sitio para que comience a andar este proceso, pues entre las primeros pasos que hay que dar está la creación de ambas delegaciones, con sus respectivos representantes.

Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes, celebró la decisión e invitó a las partes a tomar como referencia la experiencia de La Habana: “Allí serán fundamentales los acumulados del Acuerdo de Paz y la experiencia que tuvimos en La Habana debe ser punto de partida”.

Este será el segundo proceso de paz que se adelantará en este Gobierno, pues actualmente ya avanza uno con la guerrilla del Eln. El pasado viernes culminó el segundo ciclo en México y allí anunciaron la creación de una agenda que será la guía de ahora en adelante. El reto para el tercer ciclo, como lo anunciaron las partes, es acordar un cese del fuego bilateral.

Redacción Justicia

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