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Los grupos armados reaccionaron a la propuesta de la compra estatal de los cultivos de coca: duplicaron el precio de la pasta base

La propuesta de comprar hoja de coca enfrenta problemas ambientales, económicos y sociales. Mientras tanto, los campesinos esperan soluciones claras.

De acuerdo con su clasificación actual, la coca pertenece al género de plantas Erythroxylum, que incluye más de 270 especies, muchas nativas de los trópicos americanos. Foto: Alex Antonelli

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Deyner Alexis Caicedo Camacho

18.11.2024 12:38 Actualizado: 18.11.2024 16:35

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La propuesta del gobierno colombiano de comprar hoja de coca para usos legales plantea una transformación significativa en el manejo de este cultivo, históricamente ligado al narcotráfico. Sin embargo, la idea enfrenta obstáculos complejos, desde el control de grupos armados hasta los desafíos técnicos y económicos que supone la transición hacia un modelo sostenible.

El anuncio del presidente Gustavo Petro de comprar la hoja de coca a campesinos en El Plateado, Argelia-Cauca, ha generado diferentes reacciones. Según testimonios en la región, los actores armados ilegales duplicaron el precio de la pasta base de coca para evitar que los campesinos opten por vender al Estado. Esta subida abrupta de precios evidencia la competencia por el control de este recurso, clave para las economías ilegales.

Salomón Majbub, investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), advierte que “Sin una infraestructura adecuada, cualquier intento quedará en el aire. Esto también implica definir si es más conveniente para las comunidades vender hoja de coca o pasta base, que tiene mayor valor agregado”, enfatiza el investigador".

es solares en siembras de coca. Foto:Cortesía

Este es uno de los desafíos que enfrenta la iniciativa, pues la propuesta contempla la compra de los cultivos. Solo los grupos armados estarían en capacidad de adquirir la pasta, que es el producto intermedio para llegar al clorhidrato de cocaína. Con la propuesta de la compra estatal sonando, los Campesinos habrían identificado un aumento considerable del precio por parte de los grupos armados.

Los retos que se deben superar para que sea viable la propuesta

Un primer reto pasa por lo legal. Pues de acuerdo con Majub, el gobierno se estaría enfrentando a un vacío jurídico. "La Ley 30 de 1986 no permite que el presidente compre hoja de coca, lo que significa que mientras no haya cambios legislativos, la propuesta no podrá ejecutarse”, explica Salomón Majbub.

El Gobierno ha delineado los posibles usos de la hoja de coca legal: saborizantes, biocombustibles, productos alimenticios y médicos. Sin embargo, expertos en la materia advierten que, para que estos proyectos se concreten, es necesario superar problemas estructurales. Uno de ellos es la calidad de los cultivos.

Según técnicos agrícolas, el 90 % de las siembras actuales están contaminadas con químicos y herbicidas utilizados para maximizar las cosechas destinadas al mercado ilícito. Esto no solo limita su uso para productos alimenticios o de exportación, sino que exige una transición hacia prácticas agrícolas más sostenibles, un proceso que podría tardar más de un año.

"La hoja destinada al narcotráfico suele estar contaminada por agroquímicos, lo que la hace inadecuada para usos alimenticios o industriales. En contraste, la hoja de coca destinada a la producción de cocaína tiene características muy diferentes a las de aquella cultivada por comunidades indígenas y campesinas para usos ancestrales, explica Majbub, quien además señala que el gobierno no ha explicado claramente el uso productivo que se le daría a la hoja de coca una vez que esta sea comprada.

Otro desafío es la capacidad de absorción del Estado. Aunque el Gobierno proyecta transformar la hoja de coca en un insumo para la agroindustria, los expertos cuestionan si existe infraestructura suficiente para manejar grandes volúmenes del cultivo sin que se pierda en el proceso. La hoja de coca fresca tiene una vida útil limitada y requiere procesamiento casi inmediato.

Un trabajador con los dedos envueltos en tela para protegerlos al cosechar hojas de coca en Caño Cabra, Colombia. Foto:Federico Rios para The New York Times

Así lo han hecho otros países

A nivel internacional, la experiencia peruana ofrece lecciones importantes. En Perú, el Estado maneja un monopolio sobre la compra de hoja de coca, que en su mayoría se destina a Coca Cola. Sin embargo, esta estrategia solo absorbe el 3 % de la producción total del país, lo que deja grandes cantidades sin un mercado definido. Este precedente levanta dudas sobre la viabilidad de replicar un modelo similar en Colombia, donde el cultivo de coca abarca más de 250.000 hectáreas.

A pesar de estas incertidumbres, en los territorios productores ya hay movimiento. Según Majbub, los cultivadores han comenzado a preparase para participar en un eventual mercado legal pues, bajo la experiencia del instituto, las comunidades están dispuestas a apoyar estrategias que busquen mitigar el conflicto. "Si el gobierno logra estructurar una propuesta sólida, económicamente viable y con coordinación institucional, las comunidades le apostarán, como lo han hecho históricamente", sostiene el investigador.

Páez, Cauca Colombia 30 de mayo 2024.
Las comunidades indígenas nasas de tres resguardos del municipio de Páez, en el Cauca, quieren vender el primer biofertilizante hecho a base de coca del país. Sin embargo, le piden al Gobierno que les compre las toneladas que les prometió. Victoriano Piñacué, el vocero de la Fundación Nasawala, la cual reúne a estas comunidades, hace un llamado a las autoridades.
Los fertilizantes producidos por la empresa Power Leaves Corp produce los fertilizantes con la marca Ancestral. — Páez, Cauca Colombia 30 de mayo 2024. Las comunidades indígenas nasas de tres resguardos del municipio de Páez, en el Cauca, quieren vender el primer biofertilizante hecho a base de coca del país. Sin embargo, le piden al Gobierno que les compre las toneladas que les prometió. Victoriano Piñacué, el vocero de la Fundación Nasawala, la cual reúne a estas comunidades, hace un llamado a las autoridades. Los fertilizantes producidos por la empresa Power Leaves Corp produce los fertilizantes con la marca Ancestral. Foto:César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoa

Desde Indepaz también han identificado la dicotomía de cómo algunos agricultores están acondicionando sus cultivos para la venta al Estado, mientras otros ven en la propuesta una oportunidad para ampliar sus plantaciones. Este fenómeno recuerda a los intentos de sustitución voluntaria de cultivos en años anteriores, que en muchos casos quedaron truncados por la falta de seguimiento estatal.

“En el 'tsunami social cocalero' de 2017, más de 100.000 familias firmaron acuerdos de sustitución voluntaria, pero los incumplimientos pasados han generado desconfianza. Si el Gobierno no cumple, los grupos armados seguirán capitalizando este vacío”, concluye Majbub.

DEYNER ALEXIS CAICEDO CAMACHO

Redacción Justicia

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