Verificación, el gran reto de la tregua con las disidencias de 'Iván Mordisco'

El pasado 11 de octubre, en plena suspensión temporal de hostilidades con las disidencias de ‘Iván Mordisco’, supuestamente vigente desde el día anterior, fue asesinado el soldado profesional Dinolberto León Martínez.

El crimen, según el Ejército Nacional, fue perpetrado por “presuntos” integrantes del grupo ‘Carlos Patiño’ de esas disidencias, a las que oficialmente el Gobierno llama ‘Estado Mayor Central’ de las Farc.

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León Martínez no estaba en ninguna operación ofensiva. Con más de 13 años en la institución, era parte del batallón que llegaba a Balboa, sur del Cauca, a reforzar el Plan Democracia, el dispositivo de seguridad de las elecciones del próximo 29 de octubre.

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Perdió la vida en medio de un violento ataque cometido en una zona donde el grupo armado imperante son las disidencias. En la reacción, además, las tropas capturaron a un miembro de ese grupo y recuperaron a una menor de edad reclutada ilegalmente.

Pero ese mismo día, a través de su cuenta en X, el ‘Estado Mayor Central’ negó el hecho y la violación de la tregua preparatoria a la oficial, que durará tres meses y que debe empezar a las cero horas de este lunes.

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La muerte del soldado León pone en evidencia dos realidades que se ven en varias regiones del país desde hace meses, en medio de la ‘paz total’: por un lado, la debilidad de un cese de fuego que no cuenta con el acordado mecanismo de verificación. Y, por el otro, la amenaza que representan todos los grupos ilegales para el libre desarrollo de las votaciones en las que los colombianos elegirán a alcaldes y gobernadores, exactamente en dos semanas.

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Para mañana, en Tibú, Norte de Santander, se prevé que la delegación de paz del Gobierno y los representantes del ‘Estado Mayor Central’ instalen la mesa de diálogos y se publique el decreto del cese del fuego bilateral. Y, además, que se dé a conocer el denominado ‘Acuerdo de respeto a la población civil’.

Estos compromisos debían ser publicados el pasado 8 de octubre en el polideportivo de Tibú –así se acordó en Suárez, Cauca, a mediados de septiembre–. Sin embargo, la falta de consenso sobre la entrega de coordenadas de los campamentos de las disidencias y la duración de la tregua –que inicialmente iba a ser de 10 meses, pero que al final solo será por tres– dieron como resultado la no instalación de la mesa.

Fuentes consultadas por EL TIEMPO explicaron que durante esta semana las delegaciones se dividieron en dos comisiones para resolver los puntos que los distancian, y que todo va encaminado para que mañana se firmen los acuerdos y arranque en firme la negociación.

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La ‘paz total’ ha tenido vacíos a la hora de evitar que las treguas bilaterales acordadas terminen siendo usadas por los violentos para obtener ventajas estratégicas y seguir enriqueciéndose ilegalmente y afectando a la población civil. Pasó en la fallida tregua con las mismas disidencias de ‘Mordisco’ y con el ‘clan del Golfo’, a comienzos de este año.

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Y este nuevo capítulo arranca con riesgos similares. Aunque desde la medianoche de hoy se suspenden las operaciones ofensivas de las tropas del Estado, todavía no está definido el mecanismo de monitoreo y verificación del cese de fuego bilateral.

El Gobierno y las disidencias le pidieron a la ONU que, como ya lo hace con el Eln, verifique ese cumplimiento, pero ese paso no cuenta aún con el mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y puede tardar varios meses.

Por ahora, se habla de un equipo especial ‘de contingencias’ para esa labor, que es fundamental en el éxito de una negociación de paz porque, literalmente, es el árbitro que debe impedir las trampas en medio de las negociaciones de paz.

Este grupo está conformado por un representante del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional, de la delegación del Gobierno en los diálogos de paz y de la delegación del ‘Estado Mayor Central’, que en este caso son los encargados de investigar y verificar los hechos que rodearon la muerte del soldado León Martínez.

Precisamente, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, dijo que “las expectativas de avance hacia un proceso de paz deben ser correspondidas con cumplimiento de compromisos, desescalamiento de confrontaciones y respeto de las comunidades”.

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Justamente, el más reciente informe trimestral del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, presentado ante del Consejo de Seguridad el miércoles, indica claramente cómo en las antiguas zonas de las Farc y en otras que no sintieron su violencia han aumentado en los últimos años la presencia y las acciones de actores armados ilegales, “en un contexto de presencia del Estado aún limitada”.

Según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, entre enero y mayo de 2023 se registraron 19.976 desplazados forzados y 18.789 confinados en 14 departamentos y 38 municipios, siendo las poblaciones indígenas y afro las más afectadas. Además, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró 22 masacres (siete verificadas, 12 en proceso de verificación y tres no concluyentes).

Por su lado, informes de la Defensoría del Pueblo a lo largo de todo el año son consistentes en denunciar que el llamado Emc ha sido el grupo armado ilegal con más violaciones a las treguas acordadas con el Gobierno.

Este diario consultó con fuentes de la institución castrense, las cuales indicaron que el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Fernán Giraldo Bonilla, impartió 23 órdenes al cuerpo de generales y almirantes sobre la suspensión de las operaciones ofensivas que entrará en vigor una vez el presidente Petro firme el decreto respectivo y que, en esencia, buscan evitar encuentros fortuitos con las disidencias. Para esto es que se necesitan las coordenadas de campamentos que las disidencias se negaban a suministrar.

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El general Giraldo garantiza que la Fuerza Pública cumplirá las órdenes de captura vigente, que no se suspenderán “las misiones de inteligencia para prevenir acciones que puedan afectar a la población civil, unidades, personal militar y activos estratégicos del Estado” y que “en ningún caso se limitará el derecho a la legítima defensa propia y de terceros; actuar ante un delito en flagrancia, conforme a la normatividad y reglas de enfrentamiento y del uso de la fuerza vigentes”.

La Fuerza Pública y todo el Estado tienen, en todo caso, el reto de impedir que, como lo han venido haciendo todo el año, especialmente en Cauca, Nariño y Huila, las disidencias de ‘Mordisco’ afecten el desarrollo de la jornada electoral.

Aunque la tregua podría implicar que no haya ataques contra la logística o los votantes –un temor que, en su momento, llevó al registrador Alexánder Vega a sugerir el aplazamiento de las elecciones en Cauca–, un capítulo pendiente será determinar hasta dónde la presión ilegal incidió en asuntos claves como la inscripción de candidatos y cédulas, votaciones dirigidas y hasta cooptación de funcionarios.

El Ejército Nacional viene desarrollando la operación Trueno, que tiene como objetivo el control total del cañón del Micay, un corredor natural en Cauca que había sido utilizado durante años por la guerrilla, y hoy por las disidencias, para actividades relacionadas con el narcotráfico.

La institución castrense afirmó que recuperó la zona, un hecho que fue ampliamente destacado por el gobierno del presidente Petro, y frente a la suspensión de las operaciones ofensivas la pregunta era qué iba a pasar con Micay.

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La respuesta es que la operación se suspende –de hecho, han sido muertos en desarrollo de esta 20 disidentes–, “pero los uniformados se quedan por tiempo indefinido, no cederemos un milímetro de lo recuperado”, aseguró una fuente del alto gobierno, que añadió que de ningún lugar del país, “con cese bilateral o no, se van a mover las tropas y menos a 10 días de elecciones”.

En esa línea se pronunció Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno, quien aseguró que “las Fuerzas Militares y la institucionalidad seguirán actuando allí (cañón de Micay) y donde se tenga que hacer un control de narcotráfico o de cualquier situación que tenga que ver con las economías ilegales. Por supuesto que no se puede declinar ni esa actividad ni retirarse de posiciones que consideren necesarias para neutralizar ese tipo de economía o de rutas, y eso está claro en todas las consideraciones que se han hecho en las conversaciones con ese grupo desde el año pasado”, dijo.

Enfatizó en que el primer punto que se discutirá una vez se instale la agenda será la aplicación de las normas del Derecho Internacional Humanitario y de respeto a la población civil. “Lo más elemental es que se establezcan reglas para la separación de fuerzas”, agregó.

EL TiEMPO