Bienes que jefes de las ‘bacrim’ conservarían deben tener tope: fiscal Barbosa

Tras su segunda cita con el presidente Gustavo Petro para hablar del espinoso tema del sometimiento de las bandas criminales, el fiscal Francisco Barbosa reveló ayer nueve puntos que, en su concepto, tienen problemas legales, constitucionales y de conveniencia en el recién revelado proyecto que habilita el aterrizaje de los llamados narcos purasangre en la ‘paz total’.

La reunión duró cerca de dos horas en la Casa de Nariño. En esta, indicó Barbosa, el presidente Petro tomó atenta nota y se mostró receptivo a analizar los reparos. El Fiscal, por su lado, dijo que apoyará la iniciativa –la cual considera necesaria– siempre y cuando se atiendan las observaciones técnicas y jurídicas realizadas por la entidad.

Para el jefe del órgano de control, hay dos temas de consenso general: primero, que era necesaria una nueva norma para permitir el sometimiento de las bandas, y segundo, que ese sometimiento debía ser colectivo, como finalmente se estableció en el proyecto.

“Yo había dicho hace un mes que no existía marco jurídico para levantar las órdenes de captura”, subrayó en referencia al impase por el intento de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para que varios capos, entre ellos cinco extraditables, ya no fueran perseguidos por la justicia mientras hablaban de su sometimiento.

En total, Barbosa dijo que tiene nueve observaciones al proyecto de sujeción a la justicia.

De entrada, señaló que la norma podría tener problemas de constitucionalidad, pues en los artículos 28, 42 y 52 se establece que el proceso de sometimiento se realizaría a través de la Unidad Especial de Investigación, que fue creada por el Acuerdo de Paz de La Habana y cuya jurisdicción no alcanzaría sobre delincuentes comunes como los que integran las bandas criminales. En ese sentido, Barbosa les pidió al Presidente y al ministro de Justicia, Néstor Osuna, que la investigación quede totalmente en manos de la Fiscalía General.

Otro de los puntos de preocupación son los términos procesales de la iniciativa, pues el órgano de control teme que tendría poco tiempo para corroborar pruebas y hechos delictivos consignados en las actas individuales y colectivas de sujeción. Esto significa que la justicia no tendría mayor oportunidad de controvertir las confesiones de los beneficiados, lo que iría en detrimento de la verdad y de los derechos de las víctimas.

Un tercer punto, amarrado al anterior, se refiere a que la Fiscalía “pueda verificar otras conductas que puedan no estar reconocidas en la imputación”, de tal manera que se garantice plena verdad sobre los delitos cometidos por los beneficiarios de la ley de sometimiento.

El cuarto pero de la Fiscalía tiene que ver con un asunto polémico desde su presentación: la inexistencia de topes máximos para la plata que podrían conservar los capos de las narcofortunas que entreguen al Estado. La norma habla de un 6 por ciento sin hacer anotación adicional, lo que abre escenario a narcos que podrían terminar con fortunas legales de miles o decenas de miles de millones de pesos.

En ese sentido, Barbosa dijo que esto debe ajustarse al artículo 133 de la Ley de Extinción de Dominio, para que no se envíe un mensaje erróneo a la sociedad. Esa norma establece un monto máximo de 2.500 salarios mínimos para los bienes que serían legalizados.

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La Fiscalía considera además que debe quedar claro que los bienes sobre los que habría gabelas son aquellos de cuya existencia no tiene noticia el Estado.

Así, ese beneficio no se aplicaría sobre aquellos que están ya en manos de la justicia o en trámite de extinción de dominio. “Es decir, no pueden llegar al proceso a decir que los bienes míos los tiene la justicia colombiana para que se utilicen. No, señor: esos bienes ya se incautaron”, dijo el Fiscal. Y agregó que en los tres años de su istración esas propiedades tienen un valor de 26 billones de pesos.

Barbosa dice también que la institución no puede cumplir la labor de verificar quiénes son o no parte de una banda criminal que se somete. Esa tarea, considera, debe ser cumplida por otras entidades del Estado, como los organismos de inteligencia. Y dijo que tampoco podrían verificar en la Fiscalía el cumplimiento de los acuerdos, sin detrimento de la investigación de nuevos delitos eventualmente cometidos por los beneficiarios.

Otro reparo que presentó Barbosa a Petro fue el del principio de oportunidad. Advierte que no aplicaría sobre todas las conductas que propone el Gobierno bajo el término “concierto para delinquir simple”. Y agregó que el Estado no puede renunciar a investigar graves violaciones de los derechos humanos que podrían terminar cobijadas con los beneficios generalizados a de la base de las bandas criminales.

Además, la Fiscalía considera que en la ley deben hacerse más explícitos los mecanismos a través de los cuales se garantizarán la reparación de las víctimas y su activa participación en el proceso penal. Y sostiene que debe perfeccionarse la redacción del proyecto para garantizar el principio de cosa juzgada frente a los delitos que sean procesados de manera colectiva.

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El uniformado fue secuestrado en Arauquita (Arauca), el pasado 14 de febrero, cuando estaba en un establecimiento comercial ubicado en el barrio Las Flores. Los hechos los cometió el Frente de Guerra Oriental de esa guerrilla, como lo reconoció el grupo alzado en armas en un comunicado.

El Eln, al que el Ejército responsabilizó desde un principio por “la seguridad e integridad física” de Bravo, quien forma parte del Batallón Especial Energético y Vial n.° 1, indicó que el sargento “está recibiendo el trato que corresponde, dentro del marco de los derechos humanos y de acuerdo a las realidades de la guerra que actualmente se vive en el departamento de Arauca”.

Además, aseguraron que en los próximos días entregarían pruebas de supervivencia a los familiares.

El secuestro se da en medio de la mesa de acercamiento que se desarrolla entre el gobierno de Gustavo Petro y el Eln en México, donde se le da prioridad a la consecución de un acuerdo sobre un eventual cese del fuego bilateral.

De hecho, el jefe de Estado se pronunció el fin de semana sobre el hecho, el cual repudió desde su cuenta de Twitter.

“Condeno el secuestro del sargento Libey Danilo Bravo del Ejército Nacional. Estos son hechos que sabotean cualquier posibilidad de paz. Estos hechos de violencia contra la Fuerza Pública y los que día a día padecen las comunidades no pueden tener cabida en nuestra sociedad”, trinó el mandatario.

Durante una sesión de la Comisión Accidental de Paz de la Cámara, el comisionado de Paz, Danilo Rueda, sostuvo ayer que el proyecto de ley para someter a bandas criminales “será lo más consensuado posible”.

Sus palabras se dieron luego de varias críticas que salieron al texto de 54 artículos con el que el Ejecutivo busca la aprobación del Legislativo para tener la opción de someter a bandas criminales de alto impacto ante la justicia. En esa línea, Rueda indicó que ninguno de los escenarios de diálogo con estructuras armadas ilegales significa “unas transformaciones más allá de lo que está en la Constitución y la ley”.

Según el funcionario, sí se han tocado interrogantes de fondo en esos acercamientos, como las garantías reales que el Estado puede ofrecerles en la enunciación de verdad, o cómo lograr las judicializaciones de actores armados mucho más importantes de los que aparecen ante la opinión pública como responsables.

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En ese sentido, el mensaje que el comisionado de Paz llevó al Congreso de la República –dijo– también estuvo encaminado en desarrollar, de manera “urgente”, un plan pedagógico que permita al país construir la paz, pues a su modo de ver, en este proceso “hay mucha desinformación, mucho desconocimiento de lo que se está construyendo, se tejen muchas sombras y especulaciones de lo que se ha ido avanzando”.

Distinto a lo expresado por el Fiscal General, quien sostuvo en rueda de prensa que le preocupa que las víctimas queden desprotegidas, el comisionado Rueda afirmó que “ninguna decisión se realiza de espaldas a las víctimas”.

Por otro lado, durante su intervención a medios, el fiscal Francisco Barbosa confirmó que la Presidencia de la República le solicitó el levantamiento de las órdenes de captura de integrantes del grupo conocido como ‘Estado Mayor Conjunto’ de las Farc, que lidera alias Iván Mordisco y es una disidencia que nunca se acogió al acuerdo de paz de 2016.

“Llegó una resolución de Presidencia solicitando el levantamiento de órdenes de captura, ninguna de ellas con fines de extradición, de disidentes de las Farc”, señaló Barbosa.

El Fiscal dijo que se analizó la petición y se envió un requerimiento a la Presidencia en el que se le preguntó “en qué condición esas personas iban a negociar”, en caso de que se trate de personas que firmaron individualmente acuerdos de paz y pertenecen a nuevas organizaciones, que de manera colectiva no firmaron la paz.

Igualmente, el fiscal Barbosa se refirió al concepto, revelado por EL TIEMPO, que la Presidencia le entregó a la Corte Constitucional (la cual estudia una demanda contra la ley de ‘paz total’), en el que diferencia a los disidentes de los desertores de la paz, indicando que estos últimos, como ‘Iván Márquez’, solo pueden someterse a la justicia y no hacer una negociación de paz por