¿Cuáles razones explicarían el incremento de cultivos de uso ilícito en 2021?

El año pasado, en el país se detectaron 204.000 hectáreas sembradas con matas de coca, cifra que no solo rompió la tendencia a la baja que se había logrado en las últimas tres mediciones, sino que además es la más alta de las últimas dos décadas.

Esas son dos de las conclusiones más preocupantes del informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), de Naciones Unidas, revelado ayer y que detectó 204.000 hectáreas de narcocultivos, lo que equivale a un incremento del 43 por ciento, frente a la cifra de plantíos ilegales de 2020, que cerró en 143.000 hectáreas.

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El informe señala que los cultivos ilegales tuvieron un comportamiento a la baja en los años 2018, 2019 y 2020; sin embargo, siempre estuvieron por encima de las 145.000 hectáreas que se detectaron en el 2001, cuando se inició la medición.

A mediados de julio, la Casa Blanca presentó el informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas (OND, por su sigla en inglés), que aunque reportaba una reducción de los cultivos daba una pista de la gran cantidad de hectáreas sembradas con coca.

Según esa medición, que se hace con una metodología diferente al Simci, el año pasado en Colombia se detectaron 234.000 hectáreas, un 4,5 por ciento menos que las 245.000 del 2020. En todo caso, la cifra es superior a la detectada por Naciones Unidas. El informe de Simci señala que el 45 por ciento del total de la coca se concentra en solo 10 municipios del país y el 62 por ciento, en Nariño, Norte de Santander y Putumayo.

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Según la radiografía de los cultivos de coca en Colombia, de los 1.122 municipios del país, 181 presentan afectación por coca, y en tan solo 12 se concentra la mitad de esta. Tibú, Norte de Santander, es el municipio con el primer lugar de narcocultivos con cerca de 22.000 hectáreas.

Otro de los puntos del informe que genera preocupación es el incremento sostenido de la productividad de los plantíos ilegales. Según el reporte, el rendimiento de la hoja fresca de coca, que estuvo en 2014 en 308.500 toneladas métricas, en 2020 cerró en 997.300 toneladas métricas y en 2021 fue de 1’134.700.

Igualmente subió la producción potencial de clorhidrato de cocaína, pasando de 368 toneladas métricas en 2014 a 1.228 en 2020 y a 1.400 el año pasado.

El documento contiene un análisis de las razones que pudieron contribuir al incremento de los cultivos y su productividad. Se destaca, por ejemplo, que entre 2017 y 2020, cuando se reportó una reducción de los plantíos de coca, el país registró una intervención sostenida de esa problemática, se avanzó en la salida de los grupos que ejercían control en zonas de cultivos, la implementación de los acuerdos de paz y el impulso a la erradicación voluntaria.

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En contraste, el año pasado, dice el informe, se observaron factores como la reducción de la intervención, el posicionamiento de nuevos grupos criminales y el deterioro de las condiciones socioeconómicas debido a la pandemia. Igualmente habrían presionado factores a largo plazo como el aumento de la demanda global de cocaína, el incremento de los actores ilegales del narcotráfico y mayores incentivos para la producción de la droga.

En Nariño, donde se concentran parte de los cultivos de uso ilegal, por orden judicial no se puede adelantar la erradicación forzada en los territorios colectivos y ancestralmente ocupados del Pacífico nariñense. El Tribunal Superior de Pasto protegió en mayo de 2021 su derecho a la consulta previa y ordenó suspender la erradicación mientras se avanza en consultas previas con las comunidades.

Ana María Rueda, investigadora sénior de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y quien fue directora de drogas del Ministerio de Justicia en el gobierno Duque, dijo que el incremento de la cifra era previsible.

“Duque no pudo hacer mucho para reducirlo porque las herramientas que tradicionalmente se usaban no se trabajaban: fumigación aérea, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) y la erradicación manual”, indicó Rueda tras señalar que los Pnis arrancaron con problemas desde el gobierno de Juan Manuel Santos que se mantuvieron en el gobierno Duque.

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Rueda añadió que se requiere un cambio de fondo que debe ir de la mano de las comunidades, “que tienen desconfianza por los constantes incumplimientos”.

Por su parte, Estefanía Ciro, investigadora de A la Orilla del Río y excoordinadora del insumo de narcotráfico y política de drogas en la Comisión de la Verdad, señaló: “No se ha puesto en marcha una política integral, sino la repetición del prohibicionismo en intentos de aspersión y de conflictos con las comunidades”.

Y aseguró que "204.000 hectáreas es un poco más que Bogotá, que tiene 175.00, cuando hablamos de 200.000 es de Bogotá y un poquito más, entonces esta idea de que estamos nadando en coca no es cierta, también hay que ponerla en sus justas proporciones".

Mientras que Pedro Arenas, cofundador de la Corporación Viso Mutop, indicó que entre las razones para entender el informe Simci debe tenerse en cuenta que "Duque y su ministro privilegiaron la erradicación forzada, cifras que mostraron como un éxito. Eso dejó una desconfianza que ya venía con los PNIS".

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Según el experto, otro factor que incidió tiene que ver con la demanda de cocaína a nivel mundial, no solo en Estados Unidos en Europa, sino también en países como Sudáfrica. "Y otro elemento es la competencia de grupos armados, que dejó el incremento en el precio de la pasta base", subrayó Arenas.

Así mismo, apuntó a que si bien el gobierno anterior le apostó a la incautación de cocaína, en pandemia la demanda se mantuvo, por lo cual tocaba reponer lo incautado incrementando la siembra de cultivos de uso ilícito.

Reiterando que la política de drogas que se ha aplicado en Colombia en las últimas cuatro décadas ha sido un fracaso, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, respondió al informe del Simci 2021 señalando que el Gobierno está decidido a atacar el narcotráfico y que se diseñará y pondrá en marcha una nueva política de drogas cuya hoja de ruta es el acuerdo de paz firmado en 2016 con la exguerrilla de las Farc.

Siendo muy enfático en que esa política “no incluye la legalización de la cocaína”, el jefe de la cartera de Justicia señaló que se avanzará por la vía de ejecutar la política de sustitución de cultivos y, además, con la oferta a los campesinos cultivadores de alternativas reales, sostenibles y rentables para abandonar la hoja de coca.

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“Si continuamos con lo mismo que se ha venido haciendo en los últimos 10 o 20 años, el resultado no va a cambiar. Si queremos revertir esa cifra, tenemos que hacer algo distinto, la hoja de ruta es el cumplimiento del acuerdo de paz, ahí hay una política alternativa de sustitución de cultivos que clama por ser ejecutada. Este gobierno quiere ponerla en marcha y está absolutamente comprometido en implementarla”, sostuvo Osuna, quien señaló que la erradicación voluntaria tiene un índice de resiembra de 0,8 por ciento, frente a un 43 por ciento de resiembra que hay con la erradicación forzosa.

El ministro enfatizó en que no es solo arrancar la planta, sino ofrecer “una economía segura, pacífica y próspera para las cultivadoras y los cultivadores de hoja de coca, una alternativa que les permita vivir mejor”. En este punto se refirió a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y sostuvo que es necesario que el Estado sea más efectivo en esos territorios, “con esa política de sustitución voluntaria y también sustitución de tierras podemos lograrlo”, dijo sobre frenar los cultivos de coca.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Justicia, también hay un compromiso estatal para incrementar la presencia efectiva del Estado en los territorios, impulsar el a tierras económicamente rentables para los campesinos y permitir algunos usos legales de la coca, como los usos ancestrales, medicinales e industriales.

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En ese sentido, anunció que se realizarán al menos cuatro audiencias sobre política de drogas y desarrollo territorial para escuchar las opiniones de las comunidades sobre este tema y tenerlas en cuenta en el diseño de la política.

Frente al narcotráfico, Osuna señaló que el Gobierno está decidido a perseguir ese negocio ilegal y a los narcotraficantes por la vía penal, pero que el abordaje frente a los cultivadores no debería ir por esa vía y por eso apoyan un proyecto de ley propuesto por Comunes –partido político de los ex-Farc– para dar un tratamiento penal diferenciado a los cultivadores.

“Tenemos que buscar alternativas que no incluyen la legalización de la cocaína, eso no está en este gobierno, pero sí usos lícitos de la coca, presencia del Estado hacia estas zonas, avanzar en dejar atrás el mar de sangre que no se ve en las estadísticas, pero está detrás de esos datos”, concluyó.

Aunque no lo mencionó en su intervención, en ocasiones anteriores, el Gobierno ha sido enfático en que no se volverá a la fumigación aérea con glifosato, que está suspendida en Colombia desde 2015.

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