Eln: Capturan personal médico señalado de practicar abortos no consentidos

Se trata de Carlos Antonio Valdés Zuluaga, quien sería el gerente de una clínica de Saravena, en Arauca, y profesional adscrito al hospital municipal; y Bellany Castro Quintero, alias La Caballota, Bella o Gladys.

El médico y la enfermera fueron judicializados por la Fiscalía como presuntos responsables de brindar asistencia a los integrantes de la estructura Ernesto ‘Che’ Guevara del Eln, así como de practicar abortos y otros procedimientos no consentidos a las mujeres que hacían parte del grupo armado.

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Adicionalmente, fue vinculado a la investigación William Efraín Higuera Chacón, señalado por la Fiscalía de comunicar las instrucciones de los cabecillas y de transportar a las personas que harían parte del grupo ilegal.

De acuerdo con información del ente acusador, los dos profesionales de la salud, al parecer, facilitaban el ingreso a los centros asistenciales de integrantes del Eln heridos o con graves enfermedades tropicales; y, supuestamente, les daban un trato privilegiado.

Asimismo, la Fiscalía tiene evidencia de que también habrían viajado a los campamentos de la estructura criminal en Venezuela para realizar tratamientos, dar capacitaciones en diversos temas de salud y llevar dinero.

Una mujer que abandonó el grupo ilegal aseguró haber sido víctima de Valdés Zuluaga y la enfermera Castro Quintero, y los reconoció como las personas que le practicaron un aborto no consentido, señaló el ente investigador.

Además, la mujer indicó que fue testigo y conoció de casi 40 embarazos interrumpidos a la fuerza por los hoy procesados. De acuerdo con el relato, la mayoría de las mujeres afectadas serían menores de edad.

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El material de prueba da cuenta de que estas conductas, presuntamente, ocurrieron desde 2014 a la fecha. En ese orden, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó al médico y a la enfermera, según el posible nivel de responsabilidad, los delitos de: aborto sin consentimiento, rebelión, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, y istración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada.

De otro lado, William Higuera Chacón fue imputado por el delito de rebelión.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia, al considerar que no registraban antecedentes judiciales y tenían arraigo.

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La Fiscalía manifestó que continuará las investigaciones para dar con otros presuntos responsables de los abortos realizados sin consentimiento y ubicar a otras posibles víctimas de estos procedimientos.

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