Multas y reglas para movilidad y vestirse: el ‘control social’ de violentos en regiones

La Misión OEA lanza alertas por la imposición de normas de conducta que realizan grupos armados.

PERIODISTA18.05.2023 08:00 Actualizado: 18.05.2023 11:39

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En su primera evaluación de fondo a lo que ha sido la situación de seguridad y orden público en el país durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, la Misión Permanente de Apoyo al proceso de Paz de la OEA encendió alertas sobre la afectación de la población civil por cuenta de todos los grupos armados irregulares que están buscando pista en la ‘paz total’.

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La MAPP-OEA le entregó al secretario general su informe correspondiente al segundo semestre del año pasado (que en todo caso incluye hechos ocurridos en este 2023) y destacó la importancia de que el Gobierno Nacional esté decidido a buscar acercamientos con las organizaciones ilegales, especialmente en lo que tiene que ver con medidas que protejan a los civiles en los territorios.

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En la misma línea, el informe llama la atención sobre las que denomina ‘acciones de control social e imposición de justicia de facto’ cometidas por el Eln, las disidencias de ‘Iván Mordisco’ (Estado Mayor Central Farc-Ep), el ‘clan del Golfo’, y, en menor medida, la ‘Segunda Marquetalia’, la disidencia de alias Iván Márquez.

"La movilidad terrestre y fluvial entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana está restringida por las amenazas de los violentos".

Los equipos en terreno de la Misión encontraron que una de las estrategias de estos grupos ilegales es “la imposición de normas de conducta y convivencia, así como el pago de extorsiones que acarrean represalias: desde multas y trabajos forzosos hasta amenazas, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y homicidios”.

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Los territorios más afectados son Antioquia, Bolívar, Cauca, Córdoba, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, donde la movilidad terrestre y fluvial entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana está restringida por las amenazas de los violentos.

Las actuaciones que tienen en zozobra a las comunidades

La OEA dice que, por ejemplo, en zonas rurales de Córdoba el ‘clan del Golfo’ restringió el uso de prendas de vestir de color rojo y verde oscuro (aparentemente, por su similitudes con colores que son usados en banderas del Eln y disidencias) y elementos que cubran el rostro como gorras y gafas.

De igual manera, en el Bajo Cauca se controlan los horarios de movilidad por los ríos y caminos veredales, impactando la asistencia a clases de estudiantes que residen en el área rural.

Alias Iván Mordisco, comandante del llamado 'Estado Mayor Central'. Foto: 16/04/2023. Foto:Ernesto Guzmán. EFE

En cuanto a las disidencias de ‘Mordisco’ —que han sido señaladas en varios informes por cometer el mayor número de violaciones al cese del fuego decretado por el Gobierno del presidente Petro el 1.°de enero y que ahora asegura ser víctima de violaciones a la tregua supuestamente cometidas por el Ejército Nacional—, el documento de la OEA dice que están exigiendo una carta firmada por sus mandos para permitir el ingreso en amplias áreas de Cauca y Nariño.

“Situación que ocurre no solo en las zonas rurales, sino que se ha venido extendiendo a los cascos urbanos, afectando, además, a funcionarios y funcionarias de las istraciones locales”.

La OEA dice que el Eln, que está en negociaciones con el Gobierno, pero que hasta ahora se ha negado a una tregua, impidió la instalación y funcionamiento de infraestructura para el a Internet, vulnerando el derecho a la información de comunidades campesinas en Cumbal, Nariño; Santa Rosa del Sur de Bolívar, y Sardinata, Norte de Santander.

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“A través de estas acciones, los grupos armados ilegales evidencian su poder y buscan aceptación por parte de las comunidades, aprovechando la debilidad de las instituciones en la prestación de servicios públicos y en la regulación de asuntos inherentes a la convivencia ciudadana, a las relaciones personales y a los ámbitos istrativo, penal, civil, medioambiental, entre otros”, subraya el documento.

Asimismo, el informe expone que la intensidad de estas medidas es más alta en contextos donde el control del territorio está en disputa o donde hay fuerte actividad de la Fuerza Pública.

Extorsiones y drogas, problemas que también persiguen a la población civil

La OEA también advierte de la disparada de la extorsión, que es uno de los fenómenos criminales que más están golpeando a los colombianos. Así, el informe reseña afectaciones contra personas dedicadas al comercio, la ganadería, al transporte y la agricultura.

“En Buenaventura, por ejemplo, ‘los Shotas’ y ‘los Espartanos’ realizan cobros sobre todo tipo de productos que se comercialicen en el Puerto (...). Además, controlan el monopolio de diferentes suministros, por lo que prohíben a proveedores y comerciantes la compra a personas distintas a las autorizadas por ellos, imponiendo multas a quienes incumplen”, dice el reporte.

En Buenaventura se adelanta en este momento un paro estudiantil en protesta porque los ilegales están impidiendo la llegada de alimentación del PAE a instituciones educativas de las zonas con mayor pobreza: esas bandas cobran por la entrada de los camiones con comida, a pesar de que supuestamente están en un acuerdo, conocido por el Gobierno, tendiente a disminuir la violencia en el Puerto.

Grupos armados ilegales asustan en el suroccidente colombiano. Foto:Archivo EL TIEMPO

La influencia de estas estructuras también se refleja en la comercialización y consumo de drogas ilícitas, pues la Misión denuncia que monopolizan el expendio de dichas sustancias. Y agrega que el panorama es crítico en zonas como el Catatumbo, donde las disidencias están conduciendo, contra su voluntad, a personas consumidoras (generalmente adolescentes y jóvenes) a sitios destinados a realizar acciones de “resocialización”.

“Esto implica el desarrollo de trabajos forzados no remunerados durante semanas o meses (…). Para ser liberadas deben comprometerse a no recaer en el consumo bajo la amenaza de desplazamiento forzado u homicidio”, describe el documento.

Entidades del Estado no están al margen del peligro

Ahora bien, estas amenazas no solo impactan sobre las poblaciones vulnerables que habitan los territorios sino también a entidades del Estado como la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y a Parques Nacionales Naturales (PNN). La labor de esas agencias está viéndose impactada en el territorio por las amenazas.

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El informe recoge denuncias de funcionarios retenidos a la fuerza, indagados por los motivos de su presencia en el territorio y forzados a entregar celulares y computadores. “En algunos casos fue permitida la continuación de los recorridos, mientras que en otros estos fueron interrumpidos forzosamente por orden de los grupos armados ilegales”, sostiene la OEA.

“Se requiere avanzar de manera articulada con una estrategia de seguridad integral en los territorios, como elementos indispensables para generar condiciones que posibiliten la consecución de la ‘paz total’ ”, subraya el informe entregado al secretario general.

En esa estrategia la OEA destaca la importancia de que el Gobierno y su ministro de Defensa tomen las medidas pertinentes para evitar el reciclaje de violencias y de grupos ilegales.

"Se requiere avanzar de manera articulada con una estrategia de seguridad integral en los territorios".

“Hoy, todos los grupos armados ilegales tienen la oportunidad de comprometerse con determinación y congruencia con el momento histórico que vive Colombia, identificando en la política de ‘paz total’ una ocasión propicia para transitar en el camino correcto del diálogo y la no violencia”, afirmó Roberto Menéndez, jefe de la MAPP/OEA.

Juan Pablo Penagos Ramírez

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

REDACCIÓN JUSTICIA