ONU condenó atentado contra el papá de la vicepresidenta Francia Márquez y rechazó violencia en las regiones

Luego de que el fin de semana se registró un atentado contra el padre de la vicepresidenta Francia Márquez, quien se desplazaba en un carro entre Timba, Cauca, y el corregimiento de Robles, en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la violencia que se vive en los territorios, y condenó los hechos que vivió Sigifredo Márquez, quien afortunadamente no resultó lesionado.

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“Estamos muy preocupados por el nivel de violencia que vive la población en Colombia, incluyendo el atentado contra el padre de la Vicepresidenta; dos atentados la semana pasada en Jamundí, Valle del Cauca, que dejaron varias personas heridas; los ataques a estaciones de policía de Suárez, y Cajibío, en Cauca, que afectaron viviendas y la salud de una bebé en un hospital; los combates en medio de la población civil en Madrigal -Policarpa- Nariño; el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en diferentes regiones, como Cauca, Caquetá, Huila o Nariño; y el homicidio de personas defensoras y líderes”, dijo Juliette De Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Desde la Oficina de ONU DD. HH. en Colombia dijeron que han seguido observando una expansión territorial y el uso de estrategias violentas de control social y territorial por parte de grupos armados no estatales y de organizaciones criminales.

Estas actuaciones han afectado a la población civil, y especialmente a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades campesinas y organizaciones de base.

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Para hacer frente a esta situación, De Rivero dijo que “el Estado en su conjunto, autoridades civiles y militares deben trabajar para recuperar la gobernabilidad y proteger los derechos humanos”.

La representante señaló que esto se puede lograr implementando la política de seguridad humana del Gobierno, la cual debe “ser desarrollada en todos los niveles, civiles y militares, y acompañada por la política de desmantelamiento de la criminalidad, con investigaciones de fondo frente a las estructuras que favorecen la violencia”.

Para la representante De Rivero, esta acción conjunta de la mano con una estrategia territorial de protección de derechos humanos “puede cambiar la situación que está viviendo Colombia. Colombia tiene la capacidad de cambiar la violencia por la garantía de derechos”.

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Así mismo, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos señaló que los acercamientos de paz que actualmente adelanta el Gobierno con varias organizaciones deben tener como objetivo la protección de la población civil, fortalecer la presencia integral del Estado, y frenar la violencia y la expansión territorial de grupos ilegales.

A estos últimos se les instó además a respetar los derechos humanos de toda la población civil, incluidas mujeres, niñas, niños y adolescentes.