La política de víctimas está en un escenario de incertidumbre sobre su financiación, nuevas metas y atención a esta población, cuyas vulnerabilidades han aumentado durante la emergencia por el covid -19.
Hasta ahora, 879.821 víctimas han sido indemnizadas, lo que solo es un 13 por ciento de los 7.261.998 sujetos de reparación. A este ritmo se necesitan más 50 años para indemnizar a todas las víctimas.
Así lo advirtieron la Defensoría, la Procuraduría, la Contraloría y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, al hablar de los datos encontrados por las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 (Ley de Víctimas) y a los Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011 (Decretos Leyes Étnicos).
Las entidades también dijeron por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus puede que un porcentaje significativo del 1’813.644 víctimas que habían mejorado sus condiciones en 2019, vea deteriorada su situación socioeconómica, volviendo a vivir en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
Llamaron la atención igualmente sobre que en comunidades étnicas la pandemia puede generar graves problemas por el estado de crisis humanitaria en el que esas poblaciones ya viven. Por ello, para las comisiones de seguimiento es imperativo que el Gobierno adopte urgentemente medidas para mitigar el impacto de la crisis sanitaria en las víctimas.
También señalaron que entre 2019 y junio de 2020 la reconfiguración de los escenarios de violencia tras la firma del acuerdo de paz con las Farc y la emergencia de covid-19 incrementaron los desplazamientos masivos y confinamientos, principalmente de pueblos étnicos que no han recibido la atención y la reparación integral requerida.
Se requiere más financiación
Pese a que en varias ocasiones los órganos de control han insistido al Gobierno para que presente una proyección detallada de los recursos necesarios para garantizar los derechos de las víctimas, esto no ha sucedido y tampoco hay un nuevo documento Conpes que incluya la implementación de los decretos leyes étnicos y la articulación con el Acuerdo Final de Paz.
"El esfuerzo fiscal del Gobierno nacional de $118 billones entre 2012 y 2020 fue insuficiente para atender al universo de víctimas, que hoy supera los 9 millones", dijeron las entidades, que recalcaron que son necesarios ajustes istrativos, legales y de procedimiento para asignar recursos suficientes.
El esfuerzo fiscal del Gobierno nacional de $118 billones entre 2012 y 2020 fue insuficiente para atender al universo de víctimas, que hoy supera los 9 millones
Según cálculos de la Contraloría, a 2030 se requieren más de $357,4 billones para ejecutar 14 medidas dirigidas a garantizar derechos a la indemnización individual y colectiva ($48,7 billones); a vivienda urbana y rural ($26,2 billones); a alimentación ($24,8 billones), retornos y reubicaciones ($20,5 billones), educación y salud ($197,3 billones), entre otros.
Indicaron que la restitución de tierras, en la práctica, tiene pocos avances y señalaron que durante los años 2018 y 2019 no se cumplió ninguna de las 1.463 órdenes en materia de vivienda. Y en los casos de víctimas de pueblos étnicos, solo se han expedido 18 sentencias en 9 años, y de 1.292 órdenes judiciales, únicamente se han hecho efectivas 11.4%.
Además, expusieron que en la vigencia de la ley y decretos leyes étnicos se han restituido en sentencia 382.755 hectáreas, de las cuales el 58 % corresponde a grupos étnicos y el 99 % de estas, a territorios ya formalizados (resguardos y territorios colectivos de comunidades negras titulados).
Las entidades y comisiones de seguimiento también hicieron hincapié en los atrasos que hay para pagar las indemnizaciones. Pues, por ejemplo, entre el 2019 y el primer trimestre de 2020 se pagaron 95.127 indemnizaciones pero hay un rezago de 1’320.177 solicitudes a las que no se les ha asignado ni cita para iniciar los trámites.
En cuanto a la reparación colectiva, de los 755 Sujetos de Reparación Colectiva que están en el Registro Único de Víctimas (RUV) solo 156 tiene Plan Integral de Reparación Colectiva aprobado y de esos apenas el 2 por ciento ha finalizado su implementación. Cabe anotar que para el caso de sujetos étnicos (539), el 11 por ciento se encuentra en implementación.
Por su parte, solo un 4 por ciento de las víctimas pendiente de atención ha tenido a programas de vivienda. Entre 2018 y 2020 se otorgaron 27.778 subsidios familiares de vivienda (63 por ciento urbanos y 37 por ciento rurales), frente a 715.899 hogares pendientes de atención.
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