28 años, primera pena por asesinato de equipo periodístico ecuatoriano

Tras lograr un preacuerdo con la Fiscalía, Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel, fue condenado por un juez a 28 años y 8 meses de prisión a por el secuestro y homicidio de un equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, ocurrido en 2018.

Durante la investigación se comprobó que Paúl Rivas, reportero gráfico; Javier Ortega, periodista, y el conductor Efraín Segarra fueron secuestrados el 26 de marzo de 2018 por la disidencia ‘Óliver Sinisterra’, de las Farc, en la provincia de Esmeraldas (Ecuador).

Tras su secuestro, los integrantes del equipo periodístico de El Comercio permanecieron entre cinco días y una semana en territorio ecuatoriano, de acuerdo con informes de inteligencia que se conocieron en su momento.

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Mientras estuvieron retenidos en ese país estuvieron bajo custodia de alias Pitufín, del ‘Óliver Sinisterra’, pero luego este se los entregó a ‘Reinel’ por orden de ‘Guacho’.

Con alias Reinel, señalaron las fuentes, el equipo periodístico cruzó el llamado ‘paso de la muerte’, que va desde Mataje, en Ecuador, por vía fluvial, a territorio colombiano por La Mina, Quijuambi y Los Cocos, en zona rural del corregimiento de Llorente, en Tumaco, Nariño.

Al parecer, fue en Los Cocos donde permanecieron más tiempo secuestrados y fueron luego asesinados por alias Reinel, quien recibió la orden de matarlos de parte de ‘Guacho’.

Vargas Cuajiboy fue capturado en julio de 2018 y fue vinculado a la investigación por los hechos que rodearon la muerte de Ortega, Rivas y Segarra, quienes realizaban un trabajo periodístico en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador.

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Ellos fueron asesinados con disparos en la nuca, a quemarropa, en medio de la selva colombiana, de acuerdo con una investigación periodística publicada en su momento por Periodistas sin Cadenas, Verdad Abierta, Flip, Liga contra El Silencio, Fundamedios, Forbidden Stories y OCCRP.

Sus cuerpos solo fueron encontrados por equipos forenses el 21 de junio de 2018, y en el lugar donde fueron rescatados sus restos, a seis kilómetros de la frontera con Ecuador, se encontraron más de 15 cartuchos de pistola 9 milímetros.

En el sitio también se encontraron cinco cargas explosivas que estaban rodeando las dos fosas en las que fueron inhumanos.

Por estos hechos alias Reinel aceptó su responsabilidad y, desde la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, ubicada en Boyacá, donde permanece privado de la libertad, realizó un acto virtual de perdón con los familiares de las víctimas.

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En ese sentido, Vargas Cuajiboy fue sentenciado por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Tumaco, Nariño, por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado y homicidio agravado.

Además de la sentencia a tiempo de prisión, el hombre deberá pagar una multa equivalente a 5.056 salarios mínimos legales mensuales. Su condena es la primera por el secuestro y crimen del equipo periodístico de El Comercio, pero pronto vendrían más.

Esto porque se está a la espera la verificación del preacuerdo con Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry, y está a punto de iniciarse la etapa de juicio contra Gustavo Ospina Hernández, alias Barbas, quienes también son procesados por estos hechos.

Además, la Fiscalía imputará a otros dos señalados integrantes de la ‘Óliver Sinisterra’. Se trata de Jesús Alfredo Segura Arroyo, alias Roberto, y Juan Carlos Portocarrero Cortés, alias Chuky.

Estas dos personas permanecen detenidas en un centro carcelario por un proceso que se les sigue por la muerte de tres investigadores del CTI en La Guayacana, en Tumaco, Nariño.

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Este martes, los familiares del equipo periodístico dijeron que la condena reflejaba una falta de “investigación seria” sobre el caso. “Para las víctimas y sus representantes lo ocurrido a lo largo del proceso y la sentencia deja en evidencia la falta de una investigación seria y exhaustiva por parte de la Fiscalía General de la Nación”, se lee en un comunicado emitido por la plataforma #Nosfaltan3 y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

Aunque las organizaciones consideran que el fallo es relevante, cuestionaron la actuación de la Fiscalía colombiana, a la que señalan de no haber sido “diligente en su investigación”, así como que “tampoco ha logrado esclarecer responsabilidades en otros niveles, ni dado a conocer los autores materiales ni intelectuales del secuestro y posterior asesinato”.

Por ello las víctimas consideran que en este caso “no se ha hecho justicia y este fallo de ninguna manera representa que la labor de investigación de los Estados, en especial de Colombia, haya concluido”.

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