Lo que hay detrás de la cascada de asonadas en Colombia tras las elecciones regionales

En San Luis, Tolima, algunos ciudadanos intentaron ingresar a las instalaciones donde se estaba haciendo el reconteo de votos (1.º de noviembre) y la situación llevó a que un grupo de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antiguo Esmad, tuviera que intervenir. 

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En los municipios de Balboa y Almaguer, Cauca, los ciudadanos salieron a las calles con la intención de quemar las sedes de las alcaldías (29 de octubre), donde se adelantaba el conteo de votos. Y el 28 de octubre, una turba prendió fuego a la Registraduría de Gamarra, Cesar, tras conocerle la inhabilidad de un candidato. En el lugar murió calcinada Duperly Arévalo y otras dos funcionarias resultaron heridas.

Estos tres hechos de violencia hacen parte de los 132 eventos documentados por la Defensoría del Pueblo entre el 28 de octubre y el 1.º de noviembre, tras las elecciones territoriales.

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También se indica que el 28 de octubre se registraron siete protestas y una asonada; el 29 de octubre, seis protestas y cinco asonadas, y después de las elecciones –29, 30, 31 de octubre y 1.º de noviembre– 49 protestas y 52 asonadas, con un factor en común: el inconformismo por los resultados.

La Defensoría reveló que 58 eventos se reportaron porque la gente no estaba conforme con los ganadores. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, le dijo a EL TIEMPO que en el análisis histórico que han realizado desde el Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría encontraron “que por lo menos en los últimos cuatro procesos de elecciones territoriales se han presentado situaciones similares de protestas, disturbios y asonadas”. Y añadió que en las regionales de 2011 se tuvo un registro de 47 casos, y en los años 2015 y 2019 ocurrieron 91 y 38 eventos, respectivamente.

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“Preocupa lo ocurrido en las pasadas elecciones del 29 de octubre, pues la cifra llega a 132 eventos”, afirmó el Defensor, quien añadió que se han hecho llamados en reiteradas ocasiones para que autoridades y entes competentes “implementen medidas preventivas oportunamente y no procedan en forma reactiva, cuando ya han ocurrido situaciones que ponen en riesgo la convivencia y los derechos fundamentales de la ciudadanía y afectan el proceso electoral”.

A esto se suma que en las últimas horas se conoció que alias Kevin, jefe de las disidencias Farc en Cauca, intimidó a la población de El Plateado para salir a hacer una asonada, amenazando a quienes no salgan.

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Según Camargo, para evitar hechos de conflictividad social, deben ser mitigados factores de riesgo, como la falta de confianza en la institucionalidad, “así como prevenir comportamientos arraigados en la cultura política del país: la pugnacidad y la polarización política entre movimientos y candidatos, que en buena medida llevan a escenarios de violencia social”.

Por su parte, el analista y politólogo Eduardo Pizarro Leongómez señaló que el sistema electoral con los partidos políticos está desvertebrado, lo “que significa que no hay partidos políticos fuertes, sino una fractura del sistema porque están ayudando a clanes familiares que se adueñan de cargos y recursos públicos”. Y advirtió que “los clanes familiares regionales tienen capacidad de manipular en beneficio de quienes votan a su favor y estimulan a las personas para realizar este tipo de acciones”.

A medida que avanzan los reconteos, la Fiscalía busca establecer si detrás de esas expresiones hay presiones de grupos ilegales para cooptar istraciones locales en el país.

Alicia Liliana Méndez

Redacción Justicia

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