¿Secuestro o retención?: las consecuencias legales de las asonadas de la población en contra de la Fuerza Pública

En el marco de la Operación Perseo, las asonadas de la población civil han sido una constante. Mientras la Fuerza Pública intenta raparles el control del territorio en la zona del Cañón del Micay a las estructuras ilegales, grupos de personas arremeten contra los uniformados. Por lo menos en tres ocasiones en los últimos meses, han secuestrado a pelotones durante operaciones militares.

(También le puede interesar: Las afirmaciones del Presidente tienen límite: claves del fallo del Consejo de Estado que ordena a Petro excusarse)

El último hecho se registró el pasado 6 de marzo. Según información del Ejército, el secuestro fue perpetrado por integrantes del frente Carlos Patiño, quienes instrumentalizaron a habitantes del corregimiento de El Plateado para infiltrarse y someter a 28 agentes de la Policía y a un mayor del Ejército. Durante la asonada, también incendiaron dos tanquetas.

La zona donde se perpetró el crimen, en la vereda La Hacienda, ha estado al rojo vivo por las acciones criminales de los disidentes que se resisten al despliegue de la Fuerza Pública. Recientemente volaron el puente que comunica este punto con el corregimiento de El Plateado, afectando la movilidad de las comunidades y el a los servicios básicos.

Desde la cartera de Defensa, con el recientemente posesionado ministro Pedro Sánchez, fueron vehementes en asegurar que se trató de un secuestro y una tentativa de homicidio, delitos a los que se enfrentan quienes participaron en el motín.

"El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, denuncia y condena enérgicamente la tentativa de homicidio y el posterior secuestro de 29 de nuestra Fuerza Pública en el corregimiento de El Plateado (...) La vida y seguridad de nuestros de la fuerza pública es responsabilidad directa de quienes cometieron este repudiable delito. En coordinación con la Fiscalía se avanza en la individualización de los responsables", aseguró el general (r) Sánchez. 

Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró que la instrumentalización de la población es una clara muestra de la debilidad militar de la estructura para sostener enfrentamientos con el Ejército.

“Desespero tiene el frente Carlos Patiño en el Micay y por eso utiliza la población civil. Su debilidad militar no le permite enfrentarse con el Ejército. Está abierto en el Micay el pago por erradicación voluntaria de cultivos y su sustitución por productos legales y rentables”, publicó el mandatario en su cuenta de X.

(Lea además: General (r) Mauricio Santoyo, con un pie por fuera de la JEP: le abrieron incidente por no aportar a la verdad)

Así mismo, extendió un mensaje a los habitantes del corregimiento para que no embistan al Estado. "El campesinado del cañón del Micay debe saber que tiene a su gobierno como su aliado", afirmó en otro trino.

Al no ser un grupo armado el autor directo de las privaciones de libertad de los de la Fuerza Pública, se ha avivado un debate sobre cuál es el límite de la instrumentalización de personas ajenas al conflicto, quienes, pese a actuar direccionadas, se enfrentan a delitos que conllevan hasta 20 años de cárcel.

Para el experto en seguridad y asesor de las Fuerzas Militares, Henry Cancelado, retención es un eufemismo. "Lo minimizan para calificarlo como una acción política y no criminal. Pero al final es un secuestro". 

Jean Carlos Mejía, analista en temas de seguridad y conflicto, comparte este concepto. "Desde el punto de vista penal, lo ocurrido en El Plateado en la tarde del pasado jueves entra en la categoría de secuestro, además de la tentativa de homicidio y terrorismo, por la incineración de las tanquetas".

Incluso planteó que podría significar una violación al Derecho Internacional Humanitario, dependiendo de las condiciones de cautiverio y otros tipos de violencia que se deriven de este.

Este tipo de acciones criminales tiene una lectura desde diferentes aristas. Los académicos coinciden en que es una muestra del control social ejercido por los ilegales sobre la población.

"La gente está bajo el control de los grupos armados. Son ellos quienes ejercen la justicia y controlan la economía. Sin embargo, si bien no se puede satanizar al pueblo, estas actuaciones (las asonadas) terminan protegiendo a estas estructuras, maniatando a la Fuerza Pública que no puede reaccionar en contra de la gente", aseguró Mejía.

Utilizar a la población como escudo para llevar a cabo un secuestro masivo de militares también tendría fines tácticos para los ilegales. "Con estas acciones, los grupos armados podrían cubrir golpes criminales como el traslado de cargamentos de droga o municiones", afirmó Mejía. 

Otra de las reflexiones sobre el repudiado secuestro es la estrategia de retoma que desplegó el Gobierno en la región, una crítica que también expuso el exministro Iván Velásquez en el primer consejo de ministros televisado: la llegada de la Fuerza Pública sin una presencia integral del Estado, no es efectiva.

“Desde el inicio hemos insistido desde el Ministerio de Defensa que no podemos quedarnos indefinidamente acá (El Plateado) sin una presencia real del gobierno que permita la transformación de este espacio, porque con esa presencia del gobierno tiene que generarse la confianza en la institucionalidad”, dijo Velásquez antes de salir del cargo.

(Otros temas: Tribunal de Bogotá negó la tutela de Monómeros para librarse del proceso de reorganización en la Supersociedades)

Redacción Justicia