Blindar las elecciones, el reto en medio de los ceses de fuego de la ‘paz total’

A menos de cuatro meses de que los colombianos vayan a las urnas para elegir a sus gobernadores, alcaldes, concejales y diputados, los máximos responsables de la seguridad y el orden público en el país, empezando por el Presidente de la República, se enfrentan a una responsabilidad inédita.

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El diseño del ‘Plan Democracia’ –como tradicionalmente se denomina la estrategia para blindar las elecciones– deberá garantizar la plena normalidad y el ejercicio democrático en la campaña y en los comicios mismos, pero con una Fuerza Pública que estará limitada en muchas zonas del país por los ceses de fuego de la ‘paz total’, que hasta ahora no han frenado las acciones criminales de los grupos que están hablando con el Gobierno.

En todo el país crecen las alarmas por el incremento de la violencia. Este 30 de junio se cumplieron 6 meses de las treguas acordadas con el ‘clan del Golfo’ (que se rompió poco más de tres meses después por el paro minero, pero que tiene chance de reactivarse); los ‘Pachenca’ y las disidencias de las Farc; y el Gobierno se apresta a extenderlas. Y ya empezó la cuenta regresiva para el inicio del cese de fuego bilateral con el Eln, que arranca formalmente el 3 de agosto pero cuya fase de preparación empieza mañana.

En momentos también en los que la Corte Constitucional se apresta a tomar una decisión sobre el piso jurídico de la ‘paz total’, son muchos los sectores que les están pidiendo al Presidente y a su comisionado de Paz, Danilo Rueda, que haya correctivos para evitar que los ilegales sigan sacando ventaja en medio de treguas que, denuncian entidades como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Procuraduría, han sido en esencia respetadas solo por la Fuerza Pública.

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Un informe elaborado por las agencias de inteligencia y que fue conocido por EL TIEMPO revela que entre el 1.º de enero y el 30 de junio las disidencias de ‘Mordisco’, ‘Márquez’ y las ‘Autodefensas de la Sierra Nevada’ (los ‘Pachenca’) han protagonizado 336 acciones que se consideran violatorias del cese del fuego. En esa lista no se incluyen todas las infracciones cometidas por el ‘clan del Golfo’ mientras duró la tregua, entre enero y comienzos de abril. Tampoco los secuestros, asesinatos y extorsiones realizados por el Eln, grupo con el que apenas empezará el desescalamiento de acciones armadas.

Otro informe, el de la Misión de Observación Electoral (MOE), advierte que los siete meses transcurridos entre el 29 de octubre y el 29 de mayo pasados han sido los más violentos desde que en 2006 la organización comenzó a hacerle seguimiento a la seguridad de las elecciones. En ese lapso, la MOE registró 320 hechos violentos, de los cuales 173 fueron contra líderes políticos.

Y no son solo ataques. En el Catatumbo, las disidencias de ‘Iván Mordisco’ han convocado a comunidades para la inauguración de obras públicas, y también bajo coacción esas mismas disidencias, esta vez en Caquetá, pusieron a más de 5.000 personas a desfilar en el lanzamiento de las conversaciones con el Gobierno.

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¿Qué tan libre será el voto de esas comunidades en octubre próximo? Hasta ahora, ni el presidente Petro ni ninguno de sus altos funcionarios ha abordado públicamente el tema de la seguridad electoral en medio de la ‘paz total’.

Por eso, varios gobernadores del país y el mismo registrador nacional, Alexánder Vega, están reclamando ajustes en los ceses del fuego y en la verificación de lo que realmente están haciendo los grupos armados en todas las regiones del país. El Registrador le mandó esta semana una carta al presidente Petro en la que solicitó incluir expresamente entre las reglas del cese del fuego la no interferencia en el proceso electoral.

“El requisito previo e indispensable para mantener un ambiente de seguridad y equidad electoral entre todos los actores políticos es contar con el compromiso, verificable en la medida de las posibilidades, por parte de todas las organizaciones ilegales con las que se tienen diálogos de paz o de sometimiento a la justicia, de no promover, financiar o vetar candidaturas o partidos”, instó el funcionario, principal responsable de que todo marche bien en los próximos comicios.

En los protocolos de ceses de fuego conocidos hasta ahora no hay referencia alguna al compromiso de no interferir en las elecciones (de hecho, no hay prohibiciones específicas de afectar a los civiles o de seguir en el narcotráfico). De allí la preocupación porque la acción restringida de Ejército y Policía en aras del cumplimiento de la tregua termine, como se ha evidenciado en varias regiones, en un fortalecimiento de los violentos y, además, en plena campaña para decidir el poder local y, por ende, quiénes van a manejar los presupuestos regionales.

Camilo González Posso, presidente de Indepaz, dice que en este primer medio año hubo un “relativo desescalamiento de combates entre las organizaciones ilegales y la Fuerza Pública”, pero al tiempo “situaciones críticas en el Cauca, en el Bajo Cauca antioqueño, Putumayo y Caquetá, en donde hubo claras violaciones del cese de fuego”.

En ese sentido, considera que la metodología para aplicar una prórroga de los ceses, que cree necesaria, debe ser distinta. Asegura que esta vez el Gobierno no debe limitarse a expedir un decreto, sino que tiene que mirar específicamente qué ha pasado en las regiones y a qué se comprometen los grupos. Y advierte que cada tregua y su protocolo de verificación deben definirse “con miras al periodo electoral”.

“El cese al fuego bilateral lo sentirán ustedes en la ciudad. Lo definen en Bogotá y se creen el cuento en el Gobierno, pero aquí en el campo, en lo rural, es otra cosa: la ley la imponen las disidencias y su fusil, con o sin cese al fuego”, le dijo a EL TIEMPO un alcalde del Cauca que prefiere, por seguridad, no dar la cara.

Según su versión, “con el cese no ha bajado la violencia porque los grupos ilegales se disputan el control del territorio, y más por acá, donde se siembra la marihuana que surte casi todo el país”. Afirma que la campaña en su departamento, especialmente en el norte, no arranca: “Los nombres de los aspirantes no se han dado a conocer muy bien, pareciera que estuvieran esperando el aval de alguien, aunque amenazas por ahora no se conocen”. Y lo que no pone en duda es que cualquiera que quiera ser alcalde en los pueblos antes golpeados por las Farc y hoy bajo la violencia de las disidencias va a tener que hablar con los violentos.

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No solo está pasando en el Cauca. Al otro lado de la cordillera, en Caquetá, los hombres de ‘Mordisco’ han sido incluso más abiertos en sus planes de afectar el proceso electoral.

De esa región fue exiliado el alcalde de Cartagena del Chairá, Edilberto Molina, quien se atrevió a denunciar ante el país el imperio ilegal de ‘Mordisco’ y su banda. John Schneider Vargas, dirigente del Centro Democrático en Caquetá, sostiene que esta misma organización armada ha obligado a los habitantes y comerciantes de Florencia a portar carné y que durante el periodo de tregua ha lanzado amenazas contra líderes de partidos de oposición.

“Dos concejales de Florencia y dos concejales de municipios aledaños han sido amenazados. Eso ha generado zozobra porque ellos (el ‘Estado Mayor Central’) saben cuál es el censo electoral, saben cuáles son los puntos de votación y seguramente van a saber quiénes no votan por los candidatos que ellos quieren”, denuncia el dirigente político. Y añade que “la garantía institucional no debe llegar el día de las elecciones, esa garantía debe aparecer desde ya en el Caquetá”.

Según la MOE, el impacto del cese del fuego con las disidencias fue mínimo y, de hecho, las acciones armadas y amedrentamientos del ‘Estado Mayor’ y la ‘Segunda Marquetalia’ durante este periodo aumentaron 153 por ciento: pasaron de 67 en las elecciones de 2022 a 170 en estos siete meses.

Es un cuadro que se ve también en otras regiones como Antioquia, Nariño, Valle, Meta y Norte de Santander. “No vimos realmente un impacto grande (de la tregua) y, por el contrario, la violencia de estos dos grupos armados tiene mayor incidencia”, dice Mauricio Vela, coordinador del Observatorio Político de la MOE.

El diagnóstico de la MOE señala una afectación general de todos los movimientos políticos, sin diferencias. “Todos los espectros ideológicos han sido afectados, es decir, no se ve una violencia enfatizada. Hemos registrado violencia tanto contra líderes del Centro Democrático como contra del Pacto Histórico o Comunes y, además, un incremento en las acciones contra precandidatos de partidos de centroizquierda”, afirma Vela.

El riesgo para los poderes locales se refleja en las amenazas que están recibiendo los alcaldes en varias regiones del país. La situación es tan compleja que la procuradora Margarita cabello le solicitó esta semana al Ministerio del Interior brindar todas las garantías necesarias a 12 alcaldes (entre ellos el de Cartagena del Chairá), que están gobernando desde fuera de sus municipios por amenazas de grupos armados.

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En esa línea, el Ministerio Público pidió conocer un reporte detallado del plan de acción con las medidas específicas que se implementarán para garantizar la seguridad de los funcionarios amenazados y el mecanismo de interacción con las gobernaciones, alcaldías y otras entidades, con el objetivo de lograr una respuesta integral y efectiva frente a esta situación.

Hoy, los municipios de Puerto Guzmán (Putumayo), Cartagena del Chairá (Caquetá), Magüí Payán (Nariño), Bagadó, Sipí, Río Iró y San José del Palmar (Chocó), El Bagre y Tarazá (Antioquia) y Tibú y La Playa (Norte de Santander) tienen a sus alcaldes despachando desde las capitales departamentales. Si los actuales alcaldes no pueden regresar a sus municipios por amenazas de los actores armados, ¿cómo se garantizará que quienes aspiran a sucederlos van a estar libres de amenazas o incluso cooptación de los violentos?

La Defensoría del Pueblo, a comienzos de junio, emitió su quinto reporte de seguimiento al cese de fuego bilateral, en el que registra 117 hechos: 24 son enfrentamientos bélicos directos y 93, acciones violentas con efectos sobre la población civil.

“Estos hechos de violencia ejercidos por los actores armados ilegales dejan en evidencia la poca o nula voluntad que tienen para contribuir a sacar adelante un acuerdo que permita la paz total, como la ha denominado el Gobierno Nacional; la misma paz que están cansados de esperar los colombianos porque no ven acciones reales y contundentes, gestos verdaderos que sí respeten el cese del fuego y no pongan en peligro su vida e integridad”, dijo en su momento el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis.

El vicedefensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo, señala que seis meses después siguen persistiendo los problemas advertidos desde el arranque de la ‘paz total’: no hay unos protocolos claros del cese de fuegos, situación que se agrava porque las treguas son, en teoría, con el Estado, pero no con otras fuerzas ilegales que coinciden en la misma región, lo que aumenta el riesgo de enfrentamientos en los que sale afectada también la población civil.

Fajardo reconoció que conductas criminales “como secuestro, extorsión y control territorial se han incrementado”, lo que se traduce en que el cese del fuego “hasta ahora no ha tenido un impacto positivo” para el país. La Defensoría, como ya lo había hecho la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, denuncia que en varias regiones se ha intensificado la carnetización de comunidades.

“Ese control del territorio y sus pobladores va a incidir negativamente en las campañas electorales, así como las amenazas a los precandidatos”, dice el vicedefensor del Pueblo.

El Eln, con el que apenas empieza la tregua, tampoco se ha quedado quieto en sus zonas de influencia. La campaña electoral en Arauca, Norte de Santander, el sur de Bolívar y algunos municipios de Antioquia, Chocó y Cauca se desarrollará en un escenario en el que la Fuerza Pública tiene orden de no emprender acciones ofensivas en su contra.

Sin un mecanismo de verificación con dientes y sin compromisos claros y verificables de no violar la tregua, la no interferencia en las elecciones podría quedar a la buena voluntad de grupos que, hasta ahora, han aprovechado cada hueco que les deja el Gobierno para fortalecerse estratégicamente. De hecho, reportes de inteligencia señalan que en estos seis meses el ‘clan’ y las disidencias de ‘Mordisco’ lograron llegar a zonas donde antes no hacían presencia.

Néstor Gregorio Vera Fernández, el ‘Iván Mordisco’ de las disidencias de las Farc, es hoy por hoy el principal riesgo para las elecciones en el sur del país. Aunque su grupo está a punto de iniciar diálogos de paz con el Gobierno, en estos primeros seis meses de tregua no frenó su máquina de guerra.

A su banda, que se autodenomina ‘Estado Mayor Central de las Farc’, se le señala de 262 violaciones del cese del fuego, entre ellas el asesinato de 41 civiles y tres integrantes de la Fuerza Pública. Entre esos crímenes está la muerte de cuatro jóvenes indígenas que fueron asesinados por tratar de escapar al reclutamiento forzado el pasado 15 de mayo.

El informe de inteligencia dice que el grupo de ‘Mordisco’ cometió al menos 18 secuestros y 28 extorsiones. Cauca (108 acciones bélicas), Meta (28), Nariño (25), Valle (23) y Caquetá (20) son los departamentos más golpeados por su violencia.

Ese jefe disidente, además, fue el mismo que hace un mes largo advirtió que a su zona de influencia no podrían entrar “partidos políticos, sectores militaristas, dirigentes políticos o congresistas que atizan la guerra y que pretenden desarrollar las campañas electorales regionales”.

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, ha advertido sobre los planes de las disidencias para influir en las regionales y le ha pedido al Gobierno, y puntualmente al comisionado Danilo Rueda, ajustes de fondo en el diseño de las negociaciones de paz. “Nos estamos devolviendo a las épocas del Caguán”, asegura Zuluaga.

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En estos seis meses, según el reporte conocido por EL TIEMPO, la ‘Segunda Marquetalia’, asesinó al menos a seis civiles y se le involucra en tres hostigamientos y ocho extorsiones, además de tres os armados con otros grupos al margen de la ley. Su mayor centro de violencia es Nariño, donde el llamado frente ‘Óliver Sinisterra’ sigue plenamente dedicado al narcotráfico y es un factor de riesgo para las elecciones en al menos 13 municipios de la frontera y la costa Pacífica.

Y sobre las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, las agencias de inteligencia las relacionan con la muerte de 14 civiles y con seis extorsiones; casos registrados en Magdalena.

El viernes, un juez de control de garantías dejó en libertad a Fredy Castillo Carrillo, conocido como Pinocho, a quien la Fuerza Pública considera la cabeza de este grupo, que antes se hacía llamar ‘los Pachenca’.

Esa banda, heredera del poder del exjefe ‘para’ Hernán Giraldo, es considerada un riesgo para la seguridad electoral en las goteras de Santa Marta y en varios municipios de Magdalena, Cesar y La Guajira. Pero en la Costa, y también en municipios de Antioquia y Chocó, el gran riesgo corre por cuenta del ‘clan del Golfo’, que sigue siendo la banda del narcotráfico con mayor presencia en el territorio colombiano y que ya en elecciones pasadas logró elegir varios alcaldes y concejales.

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¿Cómo se ve la situación desde los partidos? El senador David Luna, de Cambio Radical, dice que el partido ha recibido cuatro denuncias formales de candidatos y militantes a nivel nacional. “Esto sin contar las denuncias verbales. Es inisible que sean los delincuentes quienes están decidiendo qué ciudadanos pueden participar en las elecciones, eso es un atentado contra la democracia y el Gobierno no está haciendo nada al respecto”, sostiene.

El senador Iván Cepeda coincide en que la tregua se debe prorrogar si hay voluntad de cumplimiento y con miras a tener unas elecciones transparentes. “Los ceses del fuego se han mostrado positivos en cuanto a que han logrado una reducción de la confrontación entre la Fuerza Pública y estos grupos e igualmente también ha bajado el nivel de hostilidad frente a la población”, asegura. Pero ite que el Gobierno debe “hacer todos los esfuerzos para que las elecciones se den en un ambiente de libertad”.

Redacción Justicia

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