Aborto: tras 100 días del fallo que amplió despenalización, siguen barreras

Este 1.° de junio se cumplen 100 días desde que la Corte Constitucional, en una decisión que marcó un hito para los derechos reproductivos de las mujeres, según han destacado distintas organizaciones, despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación.

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Aunque esa sentencia, cuyo texto completo se conoció este 31 de mayo, ha significado grandes avances, organizaciones civiles también señalaron que persisten retos para su implementación.

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Profamilia, una institución no gubernamental que presta servicios de salud sexual, señaló que aunque el 93.3 por ciento de los abortos que se han realizado en sus clínicas desde el fallo de la Corte han sido en los tres primeros meses de gestación, "la desinformación, las dilaciones en los tiempos de atención, el estigma y las dificultades para acceder a centros médicos por razones socioeconómicas, siguen siendo barreras para las mujeres y personas gestantes al solicitar el procedimiento".

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La entidad destacó algunas de esas barreras, pero también situaciones positivas y recomendaciones a partir de lo que se ha vivido en los primeros tres meses de implementación de la sentencia.

Entre los aspectos negativos, la institución explicó que la población más vulnerable sigue siendo la más afectada con las barreras de porque, por ejemplo, personas que no están  afiliadas al sistema de salud, como personas pobres o migrantes en situación irregular "se enfrentan con la negativa de las instituciones y hospitales públicos que deciden impedir el procedimiento, a pesar de que el aborto es considerado como un servicio de urgencia que se debe garantizar a toda persona que lo solicite".

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Otra barrera tiene que ver con que los servicios de aborto no están disponibles en todas las regiones del país, lo que hace que mujeres requieran traslado a otras ciudades para ser atendidas, pese a que este es un servicio esencial de salud, algunas EPS no cubren los viáticos o tienen retrasos en la atención, dice Profamilia, lo que impacta en los tiempos para realizar el procedimiento.

Además, todavía hay profesionales de salud que siguen exigiendo que se cumpla una causal para aprobar un aborto en pacientes que tienen menos de 24 semanas de gestación. Esto pese a que la decisión de la Corte exige esas causales solo después de la semana 24.

"La desinformación continúa y el castigo social también, lo que expone a las mujeres y personas gestantes a situaciones de maltrato y señalamientos", señaló la entidad.

Según Profamilia, entre las cosas positivas que se han dado en los primeros 100 días del fallo está el hecho de que varias EPS, en distintas zonas del país, están exigiendo con rigurosidad a sus IPS que se garantice el cumplimiento del plazo razonable, establecido por la Corte, de 5 días calendario para atender una solicitud de aborto.

También señalaron que se percibe un "incremento de organizaciones que difunden información sobre la sentencia, hacen veeduría y acompañan a las mujeres en sus solicitudes ante el sistema de salud".

Así mismo, la institución destacó que varias voces y organizaciones coinciden en la necesidad de implementar programas de educación integral en sexualidad, con énfasis en a anticonceptivos, y en que es prioritario desarrollar estrategias para disminuir el embarazo no deseado, especialmente en menores de 14 años.

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De otro lado, de cara a lo que sigue en adelante, Profamilia destacó algunas recomendaciones para que continúe avanzando la implementación de este fallo, entre ellas, combatir la desinformación para que todas las mujeres y personas gestantes puedan acceder a su derecho lo más pronto posible desde que lo deciden.

También recomendó ampliar la difusión de la Sentencia C-055 de 2022 a todos los funcionarios del sistema de salud involucrados en la ruta de atención de aborto, y asegurar que los hospitales públicos tengan capacitación permanente del personal para que siempre hayan profesionales formados para suplir y atender estos procedimientos.

Otra recomendación es aumentar la disponibilidad de servicios de aborto en todo el país por parte de las EPS y generar los convenios o acuerdos necesarios que permitan garantizar la prestación del servicio, fortaleciendo las rutas de referencia y contrareferencia.

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De otro lado, según Profamilia hay que promover que las entidades territoriales asuman un rol más activo en la inspección y vigilancia para asegurar que se está cumpliendo la sentencia C-055 de 2022; y continuar fortaleciendo los programas de salud sexual y reproductiva, tanto en el regimen subsidiado como contributivo.

Este 31 de mayo se conoció la sentencia completa, de 188 páginas, en la que la Corte Constitucional recoge los argumentos para decidir despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación.

En primer lugar, la Corte señaló que  la actual concepción del derecho a la salud, de la salud reproductiva, y de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) son diferentes a los que se tuvieron en cuenta en la sentencia C-355 de 2006, que había permitido el aborto en tres causales.

En ese sentido, el alto tribunal evidenció que había una tensión entre 1) la protección de la vida en gestación que busca salvaguardar el Código Penal al concebir el aborto consentido como delito;  y 2) los derechos reproductivos, a la salud, la igualdad de las mujeres en situación de vulnerabilidad y en situación migratoria irregular, la libertad de conciencia, y el carácter de último recurso que tiene el derecho penal.

Para la Corte, esa tensión no podía resolverse tomando decisiones absolutas para uno u otro lado,  sino con una fórmula que reconozca la relevancia constitucional de cada una de dichas garantías, por eso optó por identificar "un punto óptimo en el término de gestación que, en abstracto, evite los amplios márgenes de desprotección para la dignidad y los derechos de las mujeres y, a su vez, proteja en la mayor medida posible la vida en gestación".

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En su decisión también destacó que "despenalizar totalmente el aborto con consentimiento, sin que existan medidas alternativas de protección de la vida en gestación, colocaría al Estado colombiano en situación de incumplimiento de su obligación constitucional e internacional de adoptar medidas con dicha finalidad"; pero del otro lado señaló que  "las barreras actualmente existentes impiden la práctica de la IVE, en las primeras semanas, en las causales previstas en la Sentencia C355 de 2006, razón por la que despenalizar sólo hasta las primeras semanas, sin garantías para el ejercicio de los derechos de las personas gestantes, no permitiría resolver en las condiciones actuales la tensión constitucional a que se ha hecho referencia".

Por esa razón, y teniendo en cuenta una forma de protección forma gradual e incremental la vida en gestación, se adoptó el límite de las 24 semanas para el aborto libre, y a partir de allí solo en las tres causales definidas desde 2006: riesgo para la salud (física o psicológica) de la madre, malformación del feto incompatible con la vida; o cuand el embarazo es producto de abuso sexual.

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