Acuerdo de Escazú: las voces en pro y en contra en sesión de la Corte Constitucional

Así las cosas, fueron convocados diferentes actores a fin de que pueda ampliar sus conceptos, opiniones y análisis respecto al acuerdo.

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Precisamente el presidente de la Corte, magistrado José Fernándo Reyes, señaló que se busca dar claridad a “la relación del acuerdo de Escazú de soberanía nacional y seguridad jurídica” y añadió que el fin último es poder decidir “sobre la exequibilidad de los tratados internacionales”.

A su vez, el vicepresidente de la Corte, magistrado Jorge Ibáñez resaltó la importancia del caso es por ello, dijo, que se citó a un grupo plural para que expongan sus argumentos.

Una de las primeras voces en intervenir fue la senadora Paola Holguín, quien manifestó que este acuerdo en varios países del continente, como Perú y República Dominicana, no ha sido ratificado, toda vez que consideran que “es un riesgo para la seguridad y estabilidad jurídica de la inversión extranjera”.

“El acuerdo sí legitima a cualquier persona para promover revisiones de licencias bajo el argumento de que el proyecto en ejecución conlleva ‘afectaciones adversas al medio ambiente’, con las consecuencias de inseguridad jurídica e impactos económico o sociales que se pueden derivar de esta medida”, dijo Holguín.

Sin embargo, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, en su intervención señaló que el acuerdo “mejorará las condiciones de seguridad de empresas, de inversión extranjera y la soberanía nacional”.

La funcionaria puso de presente que la propia Corte Constitucional ha permitido una jurisprudencia garantista de la participación en las decisiones ambientales de la ciudadanía y de todos los sectores.

“De la jurisprudencia a la práctica tenemos muchas falencias, tanto en el sector empresarial, como en el Estado. Para mi la implementación del Acuerdo de Escazú pone una carga en el Estado para generar las garantías de esa participación. Sí ratificamos Escazú lo que viene es un proceso de reglamentación de procedimientos, de llenar vacíos. Entre la jurisprudencia y la práctica hay un gran abismo”, dijo la ministra.

Otra de las voces que intervino fue la senadora Angélica Lozano quien expuso ante los magistrados que Colombia ha suscrito 16 tratados en temas ambientales desde la Constitución de 1991. “Demostramos que las instancias que crea Escazú no son muy diferentes de esto ya establecido”.

“Escazú no va más allá en materia de peticiones de a la información porque en Colombia tenemos, incluso, plazos más estrictos. Podemos ser ejemplo de otros países”, dijo Lozano.

Entre tanto, la representante Carolina Giraldo Botero en su intervención expuso que con el Acuerdo de Escazú y si se tiene la información disponible, completa y a tiempo “se van a evitar conflictos socio ambientales, además no se va a restringir la libertad de empresa”.

“Esta Veeduría en ningún momento está diciendo que quiere los secretos de la empresa o que no puede competir, esto no tiene nada que ver. Estamos pidiendo disponible clara clara completa asequible para que ciudadanía tenga información a tiempo y se puedan hacer los mejores acuerdos que beneficien a la sociedad al país y así es como logramos un desarrollo sostenible que es a lo que apunta el Acuerdo de Escazú”, dijo la representante. 

Jesús Blanquicet
Redacción Justicia
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