Así ha votado Miguel Polo Rosero, elegido con 57 votos como magistrado de la Constitucional en reemplazo de Antonio José Lizarazo

Miguel Polo Rosero, el exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional que fue elegido este martes como magistrado titular en dicha corporación, obteniendo 57 votos en la plenaria del Senado e imponiéndose sobre Claudia Dangond Gibsone, que obtuvo 47 votos, asumirá su periodo constitucional en enero del próximo año, cuando el magistrado Antonio José Lizarazo culmine su periodo legal. 

Durante la breve contienda electoral, Polo Rosero generó ruido por su supuesta cercanía con la Casa de Nariño, a través del magistrado Vladimir Fernández, de quien fue auxiliar. Fernández trabajó a su vez como el Secretario Jurídico de la Presidencia de Gustavo Petro Urrego.

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Aunque el magistrado electo también trabajó como auxiliar de los despachos de Alejandro Linares (ternado por el expresidente Juan Manuel Santos), Luis Guillermo Guerrero y Rodrigo Escobar Gil (ternados por el Consejo de Estado), ha sido su último trabajo con Vladimir Fernández, el nexo que más le señalaron en este proceso electoral, sumado al respaldo que recibió en las plenarias del lunes y del martes con los votos de la coalición del gobierno.

EL TIEMPO indagó sobre las posturas de Polo Rosero en sentencias de constitucionalidad relacionadas con el gobierno de Gustavo Petro, encontrando que votó dos veces en contra y una a favor. Este medio también estableció que en la Corte Constitucional no cayeron como bálsamo los cuestionamientos que Polo elevó contra varias actuaciones de la corporación.

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Polo Rosero actuó como ponente de la sentencia C-539 de 2023, que tumbó el Decreto Legislativo 1277 del 31 de julio de 2023, con el que el gobierno adoptó medidas en materia ambiental y desarrollo sostenible en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira.

El jurista expresó ante el Consejo de Estado que en esa sentencia votó en contra del "uso impropio de los estados de excepción y ante la necesidad de defender la institucionalidad" contra ese decreto que, entre otros asuntos, prohibía adicionar y prorrogar contratos de explotación minera. 

También votó en contra del gobierno en la sentencia C-540 de 2023, que tumbó una disposición de la reforma tributaria relacionada con un impuesto para las personas que prestan servicios profesionales de consultoría y científicos, incluyendo los de profesiones liberales.

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Miguel Polo, quien se graduó del pregrado en derecho en el año 2002 de la Universidad Javeriana, votó a favor del gobierno Petro en la sentencia C-537 de 2023, apartándose de la decisión mayoritaria que tumbó el artículo 97 del Plan de Desarrollo 'Potencia Mundial de la Vida', que obligaba a los servidores de todas las entidades y corporaciones públicas a afiliarse a la a de riesgos laborales del Estado con Positiva Compañía de Seguros S.A.

Quizás por este voto favorable al gobierno, y por los votos que recibió del Pacto Histórico, algunas voces advierten que el nuevo magistrado podría considerarse como un posible aliado de Palacio. Pero varios de los juristas que han trabajado con él lo han catalogado como un abogado "independiente" y de tendencia "conservadora en la interpretación del derecho".

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Polo Rosero, quien reemplazará al magistrado Antonio José Lizarazo, que culmina su periodo en febrero del próximo año, generó algo de molestia hace un mes cuando dijo ante el tribunal que lo nominó, el Consejo de Estado, que la Constitucional se ha dedicado a proferir fallos en contra de otras cortes.

"Frente al papel de la Corte contra otras jurisdicciones, he sido insistente, y lo reitero, que es necesario reivindicar la configuración constitucional de la Rama Judicial. Tenemos un sistema difuso funcional con jurisdicciones autónomas e independientes en donde cada una de ellas tiene una función y un papel que cumplir, a pesar de ello en los últimos años hemos asistido a una tendencia creciente hacia la disposición de un esquema concentrado y único de control con una sola corte de cierre y un sólo intérprete autorizado", indicó Polo Rosero. 

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"Sin ir más lejos, entre los años 2016 y 2024 la Corte Constitucional ha proferido un total de 327 tutelas en las que, advertimos, de ellas, 176 que se han adoptado en sentencias de unificación y de ellas 122 corresponden a acciones de tutelas contra otras altas cortes y sólo 54 a otros asuntos. Eso significa que la Corte Constitucional está dedicando el 69% de las acciones de tutela que se adoptan en Sala Plena a fallos contra otras altas cortes. Para mí, ello es insostenible y demanda una revisión", agregó.

Según Polo, se debe modificar la facultad de la tutela contra sentencias judiciales para garantizar la "seguridad jurídica del juez natural". 

"No puede asumirse la revisión de casos contenciosos donde el órgano de cierre ha aplicado la Constitución (...) Debemos ajustar el reglamento de la Corte Constitucional para que en casos realmente excepcionales se dé la garantía de la intervención de la sala plena y para que sea necesaria una audiencia pública", añadió el jurista, quien advirtió que pide una justicia más "objetiva".

Fuentes al interior de la Corte advierten que las duras declaraciones de Polo Rosero han generado todo tipo de inquietudes.

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia [email protected]