Fallo de la Corte: las fiestas sexuales a las que asistieron exmagistrados de caso Autorollings

En lo que denomina como el ‘Cartel de la Toga’ 2.0, esta semana, la Corte Suprema de Justicia, anunció el sentido del fallo condenatorio en contra de los exmagistrados Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Joel Dario Trejos Londoño y Alcibíades Vargas Bautista por recibir dineros y otras prebendas a cambio de favorecer a terceros en el desarrollo de los procesos dentro del denominado caso Autorollings.

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A través de un fallo, la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal, con ponencia del magistrado Ariel Augusto Torres, profirió sentencia condenatoria por los delitos de prevaricato y cohecho con pena de cárcel, pero continuarán en libertad hasta la lectura del fallo, momento en que se decidirá si es necesaria o no su captura.

En uno de los mayores escándalos de la justicia en los últimos años, fueron señalados de aceptar al menos tres mil millones de pesos de sobornos de reconocidos delincuentes.

Según la Fiscalía, los magistrados Vargas Bautista y Trejos Londoño y el exmagistrado Díaz Rodríguez vendían decisiones y eran la cabeza de una extensa red de corrupción judicial que incluye jueces, fiscales, del CTI y de Medicina Legal, así como varios funcionarios del Inpec, incluido el director en la cárcel de Guaduas.

El expediente en contra de los condenados se sostiene en varios casos que prueban la redención intencional de penas e incumplimiento de los plazos procesales para revocar fallos condenatorios, absolver o pedir excarcelaciones por vencimiento de términos a criminales a cambio de sobornos.

“Los conceptos del acusado fueron actos de su conocimiento y no una equivocación desafortunada, emitidos al margen de la normatividad y la jurisprudencia a aplicar, de las pruebas y de las reglas de la sana crítica, algo que un funcionario judicial de su experiencia no podía ignorar. Con lo cual se comprueba que su propósito no era impartir justicia sino favorecer a un tercero”, se lee en una de las justificaciones contra el exmagistrado Díaz.

En enero de 2018, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 52 años de prisión contra Marbelly Sofía Jiménez Pérez, conocida como la ‘viuda de Autorrollings’, según la investigación, esta mujer pretendía adueñarse de varios centros de diagnóstico automotor que se denominaban Autorrolings y que contaba con sedes en Meta, Guaviare y Casanare.

Estos locales eran propiedad de su esposo Óscar William Parrado, a quien mandó asesinar en octubre del 2008 cuando llevaban 10 meses de casados.

Los exmagistrados Vargas Bautista y Trejos Londoño entran en este caso cuando “aceptaron la promesa remuneratoria en cuantía de $2.000.000.000, y se beneficiaron con los agasajos de Paloverde ofrecidos por Jiménez Pérez, aunado al señalamiento directo de esta quien aceptó los hechos de ofrecer dicha suma y las atenciones a sus juzgadores de segunda instancia, a cambio de su absolución”.

“Es innegable que luego de la llegada del expediente en 2012 a la Sala Penal del Tribunal Villavicencio hubo un acuerdo ilegal entre Jiménez Pérez, a través de sus abogados y los acusados, año en el que empezaron los acercamientos tendientes a concretar el monto de la negociación, de la cual se beneficiaría la primera con un fallo absolutorio, los cuales continuaron en 2013”, señala el fallo de la Corte.

Y añade: “Los acercamientos se analizaron en el contexto de los hechos como eslabón del contrato ilícito que fueron la antesala de la concreción de la suma a entregar en 2014, materializada en marzo de 2017, actividades que sirvieron de preámbulo el apetito corrupto de los acusados, con el cual se logró que se comprometieran a realizar un acto contrario a sus deberes oficiales”.

Además, se señala que del recaudo probatorio presentado por la Fiscalía se colige que los procesados “obraron con conocimiento y voluntad”de que estaban aceptando promesa remuneratoria en cuantía de $ 2.000.000.000, y “recibiendo las utilidades derivadas de la estadía con consumo de licor y atención sexual de mujeres en el hotel Paloverde, encuentros realizados en los años 2012, 2103 y 2014, con la finalidad de ejecutar un acto contrario a sus deberes oficiales, proferir una sentencia absolutoria sin haber mérito para ello”.

También se resaltó que con el testimonio de Jiménez Pérez “ patentizó que dieron aval a la negociación, por esa razón asistieron a los eventos programados en Paloverde”.

Los tres eventos realizados en Paloverde “fueron pagados por una persona directamente interesada en las resultas del proceso, con el conocimiento claro de los acusados de que convenir en esas condiciones con Jiménez Pérez transando la imparcialidad y transparencia con la que debían actuar en ese asunto a su cargo”.

En agosto de 2022, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial destituyó e inhabilitó por 20 años al exmagistrado del Tribunal Superior de Villavicencio Joel Darío Trejos Londoño, por haber hecho parte de un entramado que, a cambio de dinero, buscó favorecer a Marbelly Sofía Jiménez, y a su pareja, el exparamilitar Smith Baryardo, alias Manopicha.

Al proceso disciplinario adelantado por la Comisión, se allegó el testimonio que en diferentes oportunidades rindió ante la Fiscalía Marbelly Sofía Jiménez, quien dijo que entre cheques y eventos sociales pagó cerca de 900 millones de pesos, y narró que para uno de ellos fueron contratadas ocho damas de compañía que usaron disfraces sexuales.

“Estaba en la villa cuando ellos llegaron en tres carros. Llegaban los magistrados con tres amigos. Los tres abogados de ese entonces de mi confianza Juan José Velásquez, Javier Acosta Gutiérrez y Hernán Castañeda, con Alcibíades Vargas y Joel Darío Trejos con tres amigos de ellos, al parecer, servidores públicos”, dijo la mujer.

La mujer también declaró que exigió a sus abogados que le reintegran los 800 millones de pesos que se habrían pagado en tres cheques luego de que su abogado, Juan José Velásquez, le anticipara que su sentencia iba a aumentar a 52 años de prisión “por habérselo así expresado su amigo el magistrado Alcibíades Vargas para salir bien librado de lo penal”.

Redacción Justicia