Carrera por evitar que precluyan 1.200 casos en Comisión de Disciplina

Sentencias por darle casa por cárcel a un narco, contra un juez que dilató un juicio 7 años y una sanción a una abogada que engañó a su cliente en un trámite pensional hacen parte de las 346 providencias que adoptó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en sus primeros 100 días de operación.

Esta comisión se conformó en enero, más de 4 años después de que debió reemplazar a la cuestionada Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con la función principal de sancionar disciplinariamente a jueces, abogados y otros empleados de la Rama Judicial.

En ese sentido, de los 346 proyectos que estudiaron en estos meses los 7 magistrados que integran la Comisión, 135 fueron sanciones disciplinarias, 186 fueron terminación del procedimiento disciplinario, tres corresponden a nulidades, nueve providencias resolvieron continuar con la investigación disciplinaria, en cinco se decretaron pruebas, uno determinó un pliego de cargos y siete fueron declaraciones de impedimentos.

De sus antecesores, la Comisión heredó 5.404 expedientes, que se sumaron a 196 más que llegaron este año, para un total de 5.600 que los togados han tenido que adelantar a contrarreloj porque de los procesos que recibieron de la Sala Disciplinaria, 1.205 prescriben este año, explicó el magistrado Julio Sampedro, presidente de la Comisión.

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“Los 1.205 procesos que prescriben este año tienen fechas muy apretadas, hemos tratado de darles una prioridad a los procesos, una tarea titánica que realizamos contra el tiempo, pero hemos logrado unos buenos índices para resolverlos”, explicó Sampedro, quien añadió que además de la priorización por tiempos de prescripción, también se han tenido en cuenta criterios como dar prioridad a casos en los que estén en juego derechos fundamentales.

De 5.600 procesos que hay actualmente, 3.044 son contra abogados; 2.404, contra funcionarios; 69 procesos están asociados a auxiliares de la justicia, 38 procesos son adelantados contra jueces de paz –particulares elegidos para resolver pacíficamente conflictos en la comunidad– y 45 a otros asuntos. Con todo esto, cada magistrado tiene hoy en su despacho, en promedio, 772 casos, por lo cual, describió el presidente de la Comisión, ha sido un esfuerzo grande “y con recursos muy limitados”.

Además, han tenido que lidiar con expedientes completos y cuadernos faltantes. Según confirmó EL TIEMPO, falta un expediente completo del despacho del exmagistrado Alejandro Meza Cardales, se trata de un caso que llegó en 2012 contra una magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Cali; según un oficio de septiembre de 2018, cuando Meza asumió como magistrado no encontró tampoco este proceso, pero nunca lo denunció.

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De ese mismo despacho falta un cuaderno en un proceso contra un juez de Sandoná, Nariño. A estos se suma que en el despacho del exmagistrado Fidalgo Javier Estupiñán en un expediente de un conflicto de competencias que se iba a enviar a la Corte Constitucional –antes estos conflictos los resolvía la Sala Disciplinaria, pero desde este año, los asume la Corte– faltan tres cuadernos.

Por estos hechos se interpuso una denuncia en la Fiscalía por el delito de destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, para que se investigue qué fue lo que pasó con estos procesos.

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Frente a si en estos 100 días ha habido otros hallazgos preocupantes, Sampedro mencionó que les preocupa el funcionamiento istrativo de la Comisión.

“Tenemos una estructura de sala y no de una corporación autónoma judicial, eso es muy complicado, estamos tratando de recorrer lo que haríamos con un Ferrari, con un Renault 4”, expuso.

Añadió que por eso están buscando articularse con la reforma de la justicia que se tramita actualmente en el Congreso. Además, la Comisión prepara un proyecto de ley específico para “darle más dientes”, según contó su presidente.

Entre esos, buscarán regular mejor un poder jurisdiccional disciplinario preferente, que les permita asumir directamente algunos procesos que estén en las seccionales por su trascendencia; también buscarán facultades para poder dividir la sala plena en subsalas que permitan hacer un trabajo más eficiente. Pero también, dijo Sampedro, necesitan una planta de personal mayor.

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“Mientras no haya un fortalecimiento de la justicia disciplinaria, no puede llegar bien a las regiones. Necesitamos una autonomía por los temas que tratamos, somos jueces de los jueces, de los empleados de la Rama Judicial y la Comisión requiere de una independencia importante presupuestal y en lo jurídico”, añadió el magistrado, que aclaró que el proyecto de ley apenas está en construcción.

En cuanto a los retos, Sampedro destacó que tienen el propósito de seguir generando confianza en la ciudadanía, fortalecer el enfoque preventivo en materia disciplinaria y consolidar la presencia en todas las regiones del país.

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