Consejo de Estado pide nueva comisión de expertos sobre 'fracking'

En demanda contra normas que regulan esta técnica, pidió como prueba un nuevo informe sobre riesgos.

Manifestantes protestaron ayer, mientras se realizaba la audiencia del Consejo de Estado, contra la autorización del ‘fracking’ en Colombia. Foto: Abel Cárdenas. EL TIEMPO

PERIODISTA07.06.2019 20:23 Actualizado: 07.06.2019 20:43

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El debate sobre el uso del fracking comenzó su recta final con la audiencia en la que se decretaron las pruebas dentro de la demanda contra las normas (hoy suspendidas) que regulan esta técnica en el país.

La demanda, del abogado Esteban Lagos González, pidió la nulidad del decreto 3004 de 2013 y la resolución 90341 de 2014 pues, según él, no incluyeron medidas de precaución a pesar de que, manifestó, el fracking es “una actividad con demostrados efectos adversos, graves e irreversibles sobre el medioambiente y la salud humana”.

De otro lado, el Gobierno afirma que esta técnica es fundamental para la seguridad energética de Colombia, y la propia comisión de expertos que convocó el presidente Iván Duque, y que entregó en febrero pasado sus conclusiones, recomendó que antes de usar la técnica debe haber un riguroso trabajo y estudio previo.

La demanda está en el Consejo de Estado, que este viernes decretó varias pruebas para alimentar el estudio del caso. Quizás la más importante es la elaboración de un informe técnico y científico que expertos de la Universidad Nacional de Colombia deberán entregar dentro de tres meses.

Este informe, que de acuerdo con Ramiro Pazos, magistrado ponente del caso, “abarca todas las discusiones temáticas" que hay al rededor del fracking, responderá a preguntas claves sobre esta técnica, que consiste en inyectar en el suelo grandes cantidades de agua con aditivos químicos y arena para fracturar rocas a varios kilómetros de profundidad y hacer fluir hidrocarburos.

El informe abarca todas las discusiones temáticas que hay al rededor del fracking

La prueba del informe pericial se suma al informe de la comisión de expertos que convocó el Gobierno y al testimonio que tres de esos expertos deberán rendir ante el alto tribunal.

En más de 30 preguntas, el Consejo de Estado planteó interrogantes sobre posibles riesgos y beneficios de usar esta técnica en la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.

Por ejemplo, pidió aclarar si la comunidad científica internacional acepta que hay riesgos asociados a esta técnica, cuáles son estos riesgos, si son sobre la salud humana o el medioambiente, y si son mitigables o reversibles; también, cuáles son los líquidos o aditivos químicos que se usan en el fracking y cuál es el grado de toxicidad que tienen. De otro lado, el alto tribunal preguntó si aplicar este método derivará en cambios en los usos del suelo o en los planes de ordenamiento territorial.

El informe también deberá responder si usar fracking es beneficioso para los intereses del país, cómo afectará las economías locales y cómo un eventual incremento en la producción de hidrocarburos, gracias al uso de la técnica, afectará los compromisos internacionales del país en materia ambiental, por ejemplo, el Acuerdo de París, que establece medidas y compromisos para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y que fue firmado por Colombia en 2016.

Además de este informe, el Consejo de Estado decretó como pruebas informes de la Contraloría, varios libros y estudios sobre fracking, la exposición de motivos del proyecto de ley del Senado que busca prohibir esa técnica en Colombia y testimonios de expertos en geología, salud e ingeniería.

Debate por planes piloto

Otro punto que calentó el debate fue la petición del Ministerio de Minas de que una de las pruebas en el proceso sean conclusiones producto de la realización de planes piloto de fracking.

El Ministerio interpuso un recurso ante la medida cautelar adoptada por el Consejo de Estado en noviembre pasado, cuando suspendió las normas que regulan el fracking en el país mientras se resolvía de fondo la demanda.

El ministerio sostiene que realizar estas pruebas permitirá tener certezas prácticas, en lugar de solo conceptos teóricos, sobre los efectos que pueda tener la técnica en el país.

Su solicitud fue respaldada por Ecopetrol y otros actores, como la Asociación Colombiana De Geólogos y Geofísicos del Petróleo, "permítannos investigar nuestra roca y que todos los colombianos podamos luego analizar los resultados”, dijo Jhon Cerón, representante de esta asociación.

Por su parte, el demandante pidió no permitir que los planes piloto sean una prueba en el caso, con el argumento de que permitir esto sería, por un lado, faltar al principio de precaución por el que se frenaron provisionalmente las normas que permiten el fracking, al no haber suficiente evidencia de que no causen daños ambientales.

Esta oposición la apoyó la Clínica Jurídica de Medioambiente y Salud Pública de la Universidad de Los Andes, su director, Camilo Quintero, dijo que la discusión sobre los proyectos piloto “no corresponde al Consejo de Estado, pues sería suplantar a la autoridad ambiental”.

Al respecto, el magistrado Pazos, aclaró que como la solicitud de los planes piloto hace parte del recurso de súplica del Gobierno, es la sala plena de la sección tercera del alto tribunal -a la que pertenecen tanto Pazos como el magistrado que debe estudiar el recurso de súplica- la que debe tomar esa decisión, al resolver el recurso del ministerio, que está en trámite.

Sin embargo, en el informe técnico que deberá elaborar la Universidad Nacional sí se pidió información sobre si los resultados de eventuales pruebas piloto son determinantes para concluir que los posibles riesgos que se presenten estarán mitigados tanto en las zonas de las pruebas como en el resto del país.

En noviembre pasado, cuando el alto tribunal suspendió provisionalmente las normas que regulan el fracking, sostuvo que "la autorización en Colombia de la técnica de estimulación hidráulica puede conllevar un daño potencial o riesgo al medio ambiente y a la salud humana, cuya gravedad e irreversibilidad se cimienta en la posible insuficiencia de las medidas adoptadas".

En ese momento el Consejo de Estado también dijo que la parte considerativa de las normas suspendidas "muestra una orfandad de motivaciones en materia ambiental", y resalta que en otros países ese tema es de la mayor transcendencia.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

REDACCIÓN JUSTICIA

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