Esta es la defensa del Contralor a la demanda que busca sacarlo del cargo

El contralor general, Carlos Rodríguez, le solicitó al Consejo de Estado que desestime las pretensiones de una demanda presentada por la congresista Jennifer Pedraza que busca sacarlo del cargo señalando que se presentaron irregularidades en el proceso que se adelantó para la elección.

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Esa demanda dice que se habrían presentado vicios de trámite en el proceso que incluyó una fase de preselección que hizo una universidad, así como en la definición de los 10 elegibles finales que, cabe recordar, se tuvo que cambiar por no cumplir con la cuota de género, así como porque el proceso inició en enero de 2022 y se hizo en agosto, ya con el nuevo Congreso posesionado.

La defensa de Rodríguez, que hace el abogado Héctor Carvajal, envió al Consejo de Estado sus alegatos de defensa indicando que la elección se hizo en el término legal correspondiente y que la Mesa Directiva del Senado que asumió el 20 de julio se encontró con las órdenes judiciales que obligaban a modificar la lista de elegibles, por lo que tuvo que convocarse a una nueva Comisión Accidental conformada para el caso.

“Se procedió a conformar una nueva Comisión Accidental, por haber desaparecido la anterior y a hacer los correctivos de la actuación, para luego sí informar al Tribunal sobre la forma definitiva como quedó la lista de elegibles cumpliendo la cuota de género y ordenando la ponderación exigida por esa Corporación Judicial, quedando la lista de elegibles saneada en debida forma”, dice el documento den poder de EL TIEMPO.

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Para la defensa del Contralor, entonces, lo que pasó no afectó el proceso de elección como tal y tampoco se hicieron modificaciones a ninguna de las reglas del proceso de selección contenidas en la resolución 001 de 21022.

“Al sanearse el proceso de selección, mediante la resolución 002 de 2022, todos los 20 candidatos cobraron sus derechos en igualdad de condiciones y participaron de ahí en adelante, al amparo de una orden judicial que declaró ajustadas todas las actuaciones que se adelantaron por el Congreso de la República y como ya se ha sostenido, se eligió al de mayor mérito”, dice el documento.

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El caso está en manos del magistrado Carlos Enrique Moreno de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

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