Uno de cada 2 casos que había en juzgados en 2019 quedó para este año

En momentos en los que en Colombia se vuelven a discutir proyectos de reforma de la justicia –e incluso hay tres propuestas sobre la mesa–, la Contraloría General reveló un preocupante estudio que expone cómo la congestión judicial sigue afectando la istración de justicia.

Según el organismo de control, el año pasado el índice de congestión efectivo llegó al 50 por ciento. Así, el 2019 arrancó con un inventario de 1,8 millones de procesos. A eso se suma que ese año ingresaron a los despachos 2,7 millones de casos y fueron evacuados 2,2 millones. El informe asegura, además, que los juzgados acabaron con 1,9 millones de casos que quedaron para revisar este 2020.

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Con esos datos se concluye que por cada 100 procesos que había en el 2019 en los despachos judiciales, 50 se quedaron para tramitar y resolver este 2020 (uno de cada dos), con el agravante de que por la pandemia la istración de justicia este año se ha visto afectada y podría terminar con un acumulado de casos mayor.

En la jurisdicción constitucional (la que estudia las tutelas), dice la Contraloría, el año pasado la congestión era del 39,34 por ciento; en la istrativa, que estudia los conflictos que se presentan entre particulares y el Estado, llegó al 61,35 por ciento; en la disciplinaria, que istra los procesos de disciplina contra jueces, abogados y fiscales, del 61,66 por ciento. Y en la ordinaria, que resuelve los conflictos que se presentan entre los particulares, la congestión fue del 49,18 por ciento.

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Las cifras de la Corporación Excelencia en la Justicia, incluso, son mayores. Según esta organización, la congestión en la rama judicial para el 2019 fue del 52 por ciento. Sus datos también muestran una realidad alarmante: en los últimos 10 años, la congestión judicial no ha mejorado, sino todo lo contrario. Mientras en el 2010 el índice de congestión era del 44 por ciento, para el 2015 pasó al 45 por ciento, hasta llegar al 52,5 del año pasado.

El reporte de la Contraloría también muestra cómo se da la congestión en las diferentes especialidades en las que las salas laborales concentran el mayor número de casos, con una congestión del 58 por ciento. Le siguen las de familias, con el 51,78 por ciento; las civiles, con el 51,41 por ciento; las penales, con el 44,53 por ciento, y, por último, los juzgados promiscuos, con el 48,46 por ciento.

Esto preocupa teniendo en cuenta que las salas laborales son las que se encargan de evaluar los derechos de los trabajadores en medio de controversias entre empleadores y empleados, la seguridad social y las pensiones. De otro lado, los juzgados de familia regulan lo relacionado con herencias, divorcios, custodia de los hijos, entre otros.

Esto significa que la mayor congestión en la justicia va más allá de lo que tiene que ver con lo estrictamente penal y delictivo, y afecta en forma amplia las situaciones del día a día.

En todo caso, en lo delictivo la alerta no es menor. Durante el 2019, a la Fiscalía General ingresaron 1,4 millones de noticias criminales (400.000 casos más que en el 2010) y salieron 1,2 millones. El problema es que, entre las que salieron, unos 919.913 procesos (el 76 por ciento) lo hicieron porque fueron archivadas, y solo en 67.960 casos hubo sentencia (0,05 de los casos).

Con todos estos datos, la Contraloría concluyó que en el país hay un “riesgo extremo” de que se incrementen los niveles de congestión en los despachos judiciales y de la Fiscalía, y que haya una “ineficiente prestación de servicios de justicia, produciendo fenómenos como la impunidad debido al archivo y preclusión de procesos”.

Una de las razones por las cuales los casos se siguen acumulando es por el escaso crecimiento de jueces. Según la Contraloría, para el año pasado había 5.471 jueces frente a 5.462 del 2018, para un aumento de apenas el 0,16 por ciento. Cada uno de esos jueces tenía que resolver 846 procesos en promedio. Esto hace que en Colombia la tasa sea apenas de 10,95 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando el estándar de la Ocde es una tasa de 65 jueces.

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La Guajira, que tiene una población de más de un millón de habitantes, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP), tiene una tasa de 2,38 jueces por cada 100.000 habitantes. La Guajira no solo es uno de los departamentos con mayor pobreza multidimensional (un 48,8 por ciento), sino que también es la región del país con más congestión judicial: un 78 por ciento. Así, de cada 100 procesos que entraron en el 2019, 70 quedaron para este año.

En total, dice la Contraloría, 36 de los 57 distritos judiciales del país (63 por ciento) superan el promedio nacional en congestión. Después de La Guajira, en la cabeza de esa penosa lista están Magdalena, con una congestión del 75,39 por ciento; Casanare, con el 73,49 por ciento, y Córdoba, con el 70,90 por ciento.

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Preocupa, por ejemplo, que en las altas cortes la congestión sea del 57,67 por ciento, teniendo en cuenta que estas son las máximas instancias a las que llegan los casos, lo que sigue alargando el tiempo que un ciudadano tiene que esperar para poder tener una decisión definitiva en su proceso.

Aunque en el país no hay ningún distrito judicial que no tenga congestión, algunos en los que el acumulado de procesos es menor son Medellín, Armenia, Manizales y San Andrés y Providencia, que tienen índices inferiores al 43 por ciento.

Primero se deben crear provisionalmente despachos judiciales y magistrados de descongestión para superar los procesos que vienen represados. Igualmente, el Gobierno está en la obligación de impulsar los denominados métodos alternativos de solución de conflictos, como el arbitraje y la conciliación, a efectos precisamente de disminuir el numero de casos que llegan a conocimiento de la rama.

La Constitución del 91 dotó a la rama de un elemento fundamental, que es la autonomía, pero esa autonomía resulta utópica si no se conceden también unos recursos dignos para la atención de la justicia y en eso somos partícipes de una iniciativa del Consejo de Estado, la Corte Suprema, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura en cuanto a la necesidad de más recursos para la justicia. Autonomía sin recursos no es una real autonomía.

La solución al tema de la congestión debe pasar precisamente por una unión entre dos criterios: el primero de ellos, indudablemente se requieren más jueces; nuestro país hoy tiene 11 jueces por cada cien mil habitantes, mientras que el estándar ideal internacional nos habla de que el número de jueces debe ser de 65 por cada cien mil habitantes. Pero también pienso que hay que dejar de judicializar algunas conductas para que ellas precisamente se ventilen de manera extrajudicial, como en escenarios ya mencionados de la conciliación y el arbitraje.

Sobre eso hay que decir que la justicia es un paciente que requiere varios remedios. Hablar de una sola reforma, como la estructural, a nivel de cúpula judicial es insuficiente. Pienso que es la unión de todas esas reformas en las que se ha venido trabajando la que puede generar una alternativa positiva en cuanto a la descongestión.

En ese sentido, será importante la reforma anunciada por la ministra de Justicia para hacer más eficiente el sistema y, por supuesto, no convertir en tribunales de instancia a la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Como también es importante para dotar a la rama de más presupuesto y hacer más exigente el ingreso a la carrera judicial, como lo viene señalando el Consejo de la Judicatura. Importante, igualmente, una reforma adicional de fortalecimiento a la justicia local auspiciada por el Procurador General y Excelencia en la Justicia.

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