El expediente que tiene al senador Miguel Barreto en la mira de la Corte

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal en contra del senador del Partido Conservador Miguel Ángel Barreto Castillo por la presunta comisión de los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal y lo citó a indagatoria para este viernes 22 de octubre de 2021.

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EL TIEMPO conoció todos los detalles de la investigación que inició por una denuncia que llegó al alto tribunal el primero de junio de 2020 en su contra por no haber reportado en 2018 en los gastos de campaña al senado una donación de 20 millones de pesos que le giró Juan Guillermo Mancera García.

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La contribución a Barreto, entonces representante a la Cámara, iba destinada a la campaña al senado de 2018 y se realizó el 6 de marzo de 2018 mediante un cheque. La denuncia dice que, al consultar el aplicativo ‘Cuentas Claras en Elecciones’, no figuran reportados por Barreto esos dineros.

El caso quedó en manos del magistrado Misael Rodríguez Castellanos, quien asumió las pesquisas contra Barreto, elegido senador por el partido Conservador para el periodo 2018-2022. En el expediente, en poder de este diario, reposa el reporte individual de ingresos y gastos de la campaña, con la cuenta única registrada y la documentación que presentó ante el Consejo Nacional Electoral.

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Igualmente, la información proveniente del banco Scotiabank Colpatria que contiene un microfilm del cheque n.° 9457375 girado y las declaraciones de Juan Guillermo Mancera García, quien giró el cheque; y de Evelio Augusto Santos Hernández y Ana Paola Cacais Torres, gerente y contadora de la campaña respectivamente.

El primero, por ejemplo, ratificó que sí hizo la citada donación, a título personal. Mancera narró que primero se reunió con Barreto y Nelson Hernández en un reconocido restaurante, en donde le manifestó que no estaba interesado pero que podía ayudarlo de manera personal y no a través de su empresa. Según dijo, luego de varias visitas de Hernández aceptó hacerlo aunque dejando en claro que él no quería inmiscuirse en política.

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Juan Guillermo Mancera incluso preguntó que si Óscar Barreto, entonces gobernador del Tolima, departamento de donde es oriundo el senador investigado, sabía de los hechos y la respuesta que obtuvo fue que sí, que Miguel Barreto es su primo y que el mandatario le mandó a decir que por favor le colaborara. Según su testimonio, luego de entregar el cheque no volvió a ver a Miguel Ángel Barreto.

Las pruebas indican por el momento que la donación no habría sido incluida en los gastos de campaña y por parte del Partido Conservador en la rendición de cuentas.

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En el documento del CNE, consignado en el expediente, hay solo cuatro ingresos por un total de 69 millones 500 mil pesos. De esos registros, uno es de Carlos Alberto Barberi por 16 millones de pesos; otro es de Angie Marcela Ramírez por 6 millones de pesos; y hay dos por 19 millones y por 28 millones 500 mil pesos atribuidos al Fondo Económico del Partido Conservador.

Esa información de donaciones coincide con el formulario 5b sobre ingresos y gastos de campaña del 11 de marzo de 2018 que recibió el Fondo Nacional de Financiación Política del CNE.

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La Corte estableció que el citado cheque fue endosado a José Alberto Luna, quien fue proveedor de servicios a la campaña, dueño del establecimiento ‘Avisos Digitales’, lugar en donde se hizo una inspección judicial para recuperar archivos contables y financieros sobre los servicios de logística prestados a la campaña de Barreto en 2018. Luna y otros empleados del lugar fueron escuchados por el despacho.

Las pesquisas revelaron que Luna Cárdenas aparece en el informe individual de ingresos y gastos de la campaña como acreedor de 10 millones de pesos del rubro ‘Gastos de istración’ por honorarios de coordinación logística. Y por otros 2 millones de pesos por logística general de eventos en el departamento de Caquetá.

Y, en la inspección judicial, se encontró una cuenta de cobro por 20 millones de pesos, del 7 de marzo de 2008, por concepto de apoyo logístico en Caquetá y Cundinamarca.

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Con este material probatorio, la Sala de Instrucción abrió investigación formal por la presunta comisión de los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal en atención a que, según el artículo 11 de la Resolución 2097 del 2013 del CNE, los gerentes de campaña y candidatos serán responsables por la veracidad de la información declarada en los informes individuales de ingresos y gastos y en el aplicativo Cuentas Claras, que debe coincidir con los hechos económicos de la campaña, lo que lleva consigo un deber de veracidad que-dice la Corte- le era exigible directamente a Miguel Barreto como candidato.

La Sala de Instrucción le pidió al Partido Conservador que le entregue el estudio de auditoría sobre las finanzas de la campaña de Miguel Ángel Barreto Castillo, así como el informe definitivo que debió presentar al Fondo Nacional de Financiación Política.

Además, solicitó escuchar en declaración a las personas mencionadas por el donador Juan Guillermo Mancera en su testimonio, y a una persona más a petición de la defensa del senador.

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La Sala de Instrucción además ofició a una entidad bancaria para que remita información de Luna Cárdenas y ordenó comunicar la decisión de apertura de investigación formal tanto al CNE como a la Contraloría General de la República.

El TIEMPO consultó el expediente y encontró que el pasado 31 de mayo de 2021, el despacho del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter itió la demanda presentada por Maestre bajo el argumento de que se habrían violado los topes máximos de financiación de las campañas.

El demandante también asegura que se habrían desconocido las normas que fijan límites a la financiación privada y al monto de gastos, la istración de los recursos y presentación de informes, respectivamente, entre otros.

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El caso ya tiene proyecto de fallo para ser estudiado. En el expediente reposa un documento entregado por Ana Paola Cacais, la contadora de la campaña al Consejo de Estado respondiendo a la pregunta por el origen del cheque entregado y las razones por las cuales no fue incluido en el libro de contabilidad.

“En mi conocimiento, el señor Juan Guillermo Mancera García no hizo parte de la campaña electoral, no tengo registros, ni referencias o conocimiento alguno respecto al aporte al que hace mención el demandante. Los recursos manejados y certificados en mi informe de cuentas de campaña como contador de la misma, corresponden exclusivamente a los registrados en la cuenta única de campaña de Bancolombia y reportados conforme a la norma en el aplicativo Cuentas Claras, los cuales fueron certificados con los soportes correspondientes”, respondió la mujer.

Cacais además dijo que los recursos recibidos por aportes, créditos, contribuciones o donaciones para la campaña fueron gestionados directamente por Barreto y/o su gerente de campaña.

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“Para los mismos se verificó el cumplimiento de la norma pertinente, el lleno de requisitos correspondiente con la verificación de los soportes y el diligenciamiento de los formatos establecidos para este tipo de recursos y se verifico con las respectivas conciliaciones bancarias realizadas sobre la cuenta única aperturada con Bancolombia”, dijo.

Cacais añadió al Consejo de Estado que, como contadora de la campaña, “velé por el debido registro y la verificación de cumplimiento de requisitos legales de transacciones debidamente soportadas, tanto de ingresos como de egresos, información que siempre fue recibía directamente del candidato y/o el gerente de campaña y qué en todos los casos, corresponde con la información remitida por medio del aplicativo cuentas claras y presentada posteriormente a la firma auditora externa del partido conservador”.

Ante el Consejo de Estado, la defensa del senador Barreto dijo que los informes, el libro de contabilidad de ingresos y egresos de su campaña al Senado, período 2018 a 2022, así como el informe de auditoría externa del Partido Conservador y el resultado de la auditoría rendida por el Fondo de Financiación Política del Partido Conservador Colombiano, demostrarían que no incurrió en ninguna irregularidad.

Según dijo, en escrito de 51 páginas, el senador "no sólo cumplió con todas las obligaciones fijadas por la Ley 1475 de 2011 y las resoluciones emanadas del Consejo Nacional Electoral, en materia de presentación de cuentas, apertura de cuenta única, respeto y diligenciamiento al aplicativo de Cuentas Claras, designación de contador y gerente de su campaña, presentación del informe de ingresos y del libro de ingresos y egresos dentro del término legal, no violación de los topes de ingresos y egresos, sino que además, en el manejo de aportes particulares como personales y familiares, se atuvo en su integridad a lo dispuesto en la normatividad vigente".

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Barreto dijo que el CNE, mediante la Resolución No. 002961 de 2018, permitió que para candidato inscrito se pudieran invertir 940 millones de pesos. Y señaló que no hay prueba de que el cheque hubiera sido cobrado por Barreto ni "girado como un aporte a su campaña electoral".

"No puede esgrimirse que por la existencia de un título valor girado a nombre de mi representado, sin que exista certeza de la veracidad de ese título ni de que el mismo haya sido cobrado por mi representado, y mucho menos si es que llegase a existir, que exista una relación de causalidad o conexidad entre la existencia del cheque y el desarrollo de la campaña electoral, para afirmar que cualquier pago en efectivo o cheque a un candidato durante una campaña deba presuponer que se trata de un aporte a una campaña", aseguró su defensa.

Según el apoderado de Barreto, todo candidato, "como persona que es, tiene el giro normal de su vida y negocios, con los cuales hace posible el mantenimiento y subsistencia propia y la de su familia, como el desarrollo normal y ordinario de sus actividades diarias independientes a las de su campaña electoral".

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El defensor insistió en que el cheque "no fue parte de la campaña ni hizo aporte alguno a la misma el titular de la cuenta bancaria a la que pertenece el cheque presuntamente girado a mi poderdante, que salvo tener una constancia o recibo de consignación o prueba de que fue recibido como un aporte de la campaña, no es más que un medio que el demandante persigue para anular la vida política de mi representado con la pérdida de su investidura, algo absolutamente impensable e inaceptable".

En Twitter: @AlejaBonilla

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