Corte acepta impedimento de magistrado en caso Cerro Matoso

La Corte Constitucional aceptó el impedimento que presentó ante la Sala Plena el magistrado Alejandro Linares para apartarse de la votación en la que se decidirá si ese alto tribunal anula o no una sentencia que en diciembre del año pasado condenó a Cerro Matoso a pagar una indemnización a las personas afectadas por la operación de la mina de ferroníquel. 

El magistrado Linares, presidente de la Corte Constitucional, se declaró impedido afirmando que cumple la causal cuarta, del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. 

Esa norma dice que está impedido un funcionario judicial cuando "haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso". Considerando que sí incurrió en esa causal, la Sala Plena le aceptó el impedimento. 

"El magistrado Linares Cantillo solicitó a la Sala Plena que lo separaran de la decisión, por cuanto, en entrevista radial con la emisora La W, el día 3 de septiembre de 2018, manifestó su opinión sobre el asunto materia del proceso", aseguró la Corte Constitucional. 

La Corte asegura que el impedimento de Linares se estudió en la Sala Plena antes de estudiar una recusación que presentó ayer el abogado Abelardo de la Espriella contra el magistrado. 

Este martes el abogado Abelardo de la Espriella, quien defiende a ocho comunidades indígenas que presentaron la tutela con la que el año pasado se condenó a Cerro Matoso para que indemnice a los afectados en su salud por la operación de la mina, presentó una recusación contra el magistrado Linares. 

El argumento de De la Espriella para recusar a Linares consiste en que el magistrado dio su opinión en una entrevista radial en la que según el abogado, se mostraba a favor de que se anulara el fallo de Cerro Matoso. 

Según fuentes del alto tribunal, en la Corte había cuatro magistrados a favor de que se cayera la condena que esa misma corporación profirió contra Cerro Matoso en el 2017. Su argumento es que la tutela está para defender derechos fundamentales, pero no para ordenar indemnizaciones. 

Sin embargo, el impedimento de Linares cambia el panorama y, por ahora, la Corte aún no ha tomado una decisión sobre la condena de Cerro Matoso, que podría rondar los 300 millones de dólares. 

Fuentes aseguran que todos los magistrados están de acuerdo con que se mantenga la condena en cuanto a la orden que se le dio a Cerro Matoso de renovar su licencia y adecuarse a las exigencias ambientales para poder seguir operando, y en realizar un proceso de consulta previa con las comunidades que se han enfermado, y han tenido pérdidas económicas por la operación de la mina de níquel. El desacuerdo y la división en la Corte se da frente a la indemnización. 

En el caso ya se había aceptado el impedimento que presentó la magistrada Gloria Ortiz para no hacer parte de la votación, pues dijo que debía apartarse del caso por motivos personales. 

JUSTICIA