Corte Constitucional pide investigar las demoras en una tutela que presentó la DIAN contra la familia del extraditado Omar Ambuila

La Corte Constitucional acaba de rechazar una acción de tutela que presentó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- contra una decisión de un juzgado de Cali que, en mayo del año 2020, le otorgó la libertad por vencimiento de términos a Omar Ambuila, exjefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga en el Puerto de Buenaventura, que fue extraditado en noviembre del año pasado a los Estados Unidos por el requerimiento de una corte que lo investiga por el delito de conspiración para lavar dinero. 

Omar Ambuila fue capturado en el año 2019 y está siendo investigado junto a su esposa Elba Chará y su hija Jenny Ambuila por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, por presuntamente haberse enriquecido mediante el favorecimiento a contrabandistas y empresas fachada aprovechando su cargo en el puerto. Jenny Ambuila se hizo conocida para ese momento por exhibir excéntricos lujos en sus redes sociales como un vehículo Lamborghini.

En 2020 la DIAN presentó una tutela alegando que la decisión del Juzgado 05 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cali, que dejó en libertad a la familia Ambuila por vencimiento de términos, vulneró sus derechos al debido proceso, la confianza legítima, a la seguridad jurídica y el derecho a la justicia como víctimas que son en este caso.

El 2 de junio de 2020 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali desestimó la tutela advirtiendo que la libertad concedida a los investigados no vulneró los derechos de a DIAN. Se recordó que la familia fue capturada el 28 de marzo de 2019; desde el 29 de marzo y hasta el 01 de abril de 2019 se realizaron las audiencias preliminares; la Fiscalía radicó el escrito de acusación el 6 de agosto de 2019 y en abril de 2020 se vencieron los términos sin que se hubiera instalado el juicio.

“Del 6 de agosto de 2019 (…) a 22 días de abril de 2020 (…) tenemos un total de 260 días corridos desde que se presentó el escrito de acusación, los cuales superan los 240 días establecidos en el artículo 317 numeral 5 parágrafo 1 del C. de P. Penal (…) sin que se haya iniciado el juicio oral", advierte el fallo de primera instancia. La Corte Suprema de Justicia confirmó en junio de 2020 la decisión del Tribunal.

La Corte Constitucional, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, confirmó el pasado 16 de julio la decisión de la Corte Suprema que avaló la libertad por vencimiento de términos de la familia Ambuila. El fallo de Pardo advierte que "aunque los accionantes (o, incluso, el juez de tutela) puedan no compartir la tesis sostenida por el juez ordinario, lo cierto es que la decisión de liberar a los procesados ante el vencimiento de los términos procesales no se encuentra desprovista de razones y de un fundamento".

La Corte recordó que, incluso "en tratándose de personas señaladas de cometer los crímenes más graves, la guarda de la supremacía e integridad de la Constitución Política de Colombia exige salvaguardar su derecho a ser presumidas inocentes hasta que una sentencia condenatoria quede en firme. En tal virtud, incluso esas personas tienen derecho a ser juzgadas dentro de un plazo razonable. Y el vencimiento de ese plazo acarrea la necesidad de levantar las medidas de aseguramiento que pesen sobre ellas".

La revisión de este caso, fallado en junio de 2020, sólo llegó a la Corte Constitucional en septiembre de 2023. Y el fallo definitivo se adoptó el pasado 16 de julio, cuatro años después.  Por esta razón la magistrada ponente, Cristina Pardo, pidió investigaciones. 

"La Sala no entiende el motivo por el cual, si la C. S. de J., dictó el fallo de segunda instancia el 23 de junio de 2020, la radicación de este expediente en la Secretaría General de la Corte Constitucional no ocurrió sino hasta el 19 de septiembre de 2023. Es decir, más de tres años después de que la C. S. de J., dictara el fallo de segunda instancia. Por ese motivo, la Sala remitirá copia de estas actuaciones a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para que adelante las investigaciones a que haya lugar", dice la decisión.

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia @JusticiaET