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Corte Suprema plantea rastreo de bienes y extinción de dominio contra integrantes del 'cartel de la Toga'

Compulsaron copias para que la Fiscalía evalúe la posibilidad. La Corte pide investigar hechos con otros clientes.

Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema, y Gustavo Malo, exmagistrado. Foto: Archivo EL TIEMPO

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Ana María Cuesta

EDITORA07.03.2025 09:37 Actualizado: 07.03.2025 11:52

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía para que evalúe si procede la extinción de dominio, es decir, el traspaso al Estado de los bienes que se obtuvieron por una actividad ilícita, contra todos los integrantes del 'cartel de la Toga', una organización criminal que corrompió a la misma Corte y a las más altas esferas de la justicia en la pasada década, entre los años 2013 y 2017.

"Compulsar copias ante la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se indague si se configura alguna causal de procedencia de extinción de dominio respecto de los bienes recibidos como producto directo o indirecto de las actividades ilícitas objeto de condena, por parte de cualquiera de las personas que hizo parte de la aludida organización criminal", indica una providencia del magistrado Gerardo Barbosa Castillo.

El planteamiento lo hizo la Corte al confirmar la condena de 9 años de prisión que su Sala de Primera Instancia le impuso en 2021 al exmagistrado de la Corte Suprema Gustavo Malo, por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por omisión. Malo fue condenado por torcer procesos contra aforados a cambio de millonarias coimas, crímenes en los que no trabajó sólo.

(Lea también: Corte Suprema confirma las condenas contra Francisco Ricaurte y Gustavo Malo por 'cartel de la Toga')

La extinción de dominio y el rastreo de los bienes

La Corte hizo la misma compulsa en una sentencia que confirmó la condena de 16 años de prisión contra el expresidente de la Corte Suprema y líder del 'cartel de la Toga', Francisco Ricaurte, por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo y utilización indebida de información privilegiada.

Para la época en la que operó el cartel, Ricaurte ya no era magistrado, pero usaba su amistad con el magistrado Malo -ambos son cartageneros- para obtener información privilegiada de los procesos penales y trabajar en llave con el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno -el otro líder del cartel-, con quien compartía oficina.

En el fallo contra Malo se indica que es probable la "existencia de bienes o recursos que provengan, directa o indirectamente, de esas actividades ilícitas y que pudieron incrementar, de manera injustificada, el patrimonio del aquí sentenciado, como de los restantes integrantes de la organización criminal".

Por ello proponen que la Fiscalía rastree los bienes y evalúe si se debe "iniciar el respectivo procedimiento de naturaleza pública y de contenido patrimonial" contra cualquiera de los integrantes del cartel.

(Lea también: El exsenador Musa Besaile, condenado por los escándalos del Cartel de la Toga y Fonade, quedó en libertad)

A propósito de los bienes, el exmagistrado Ricaurte habló de inversiones que supuestamente hizo el exfiscal Luis Gustavo Moreno durante una diligencia ante la Corte, el pasado 13 de febrero.

"A mí siempre me llamó la atención las sumas de dinero que recibió Luis Gustavo Moreno de Álvaro Ashton y Musa Besaile. Siempre le dije al abogado, hay que ver a dónde fueron esos dineros. Y durante la investigación pudimos constatar que sumas similares a las recibidas por Moreno de Besaile y Ahston, en el mismo periodo de tiempo, fueron consignadas a dos proyectos inmobiliarios de alta gama a través de la fiduciaria Fidubogotá y Alianza Fiduciaria. Nos dimos cuenta en el transcurso del proceso", declaró Ricaurte.

A Moreno le ocuparon con fines de extinción de dominio 10 bienes avaluados por 3.500 millones de pesos entre los que figuraban tres apartamentos y un vehículo BMW.

¿Quiénes integraron el 'cartel de la Toga?

En la sentencias que confirmó la condenas contra Malo se advierte que éste se concertó con funcionarios públicos y particulares para abordar a congresistas, como en efecto hicieron con los entonces senadores Musa Besaile Fayad y Álvaro Ashton Giraldo, a los que les pidieron millonarias coimas para beneficiarlos en los procesos penales que cursaban en la Corte Suprema.

Quienes se acercaban a los congresistas eran el entonces fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y el abogado Leonardo Pinilla. Y Malo suministraba la información relevante de sus procesos a través del expresidente de la Corte Suprema Francisco José Ricaurte, quien era amigo íntimo suyo y quien compartía oficina con Moreno. Moreno y Ricaurte son considerados, en la sentencia que ratifica la pena contra este último, como los "líderes de la organización criminal".

Los mencionados integrantes del cartel están condenados, pero otros de sus presuntos cómplices se encuentran en juicio, como el también expresidente de la Corte Suprema Leonidas Bustos, quien ha sido directamente implicado por el cliente del cartel Musa Besaile y por su líder, el condenado exfiscal Moreno.

(Lea también: Exmagistrados condenados por el 'cartel de la toga' reaparecen en el juicio de Leonidas Bustos)

Luis Gustavo Moreno, exfiscal Foto:EL TIEMPO

Según la Corte, de este cartel también hicieron parte el abogado Luis Ignacio Lyons España, "ocasionalmente el magistrado auxiliar Camilo Ruiz -del despacho de Malo-, el fiscal delegado Alfredo Bettín Sierra, entre otros".

Los procesos por 'parapolítica' que torcieron los magistrados y los cobros que se hicieron

Los hechos por los que condenaron a Malo básicamente están ligados al pago de 2.000 millones de pesos que hizo Musa Besaile, del Partido de la U, para dilatar la apertura de una investigación y una orden de captura en su contra por presunta 'parapolítica'.

El exsenador Álvaro Ashton, del Partido Liberal, pagó 1.200 millones de pesos también para apuntarle a la prescripción de la acción penal en una investigación en su contra por presuntos nexos con el Bloque Norte de las Autodefensas.

Dichos dineros fueron gestionados y cobrados por el exfiscal Moreno. "Ashton Giraldo le pagó a Luis Gustavo Moreno una suma de dinero según las instrucciones que éste recibió de Francisco Ricaurte con miras a entorpecer el proceso", indicó el magistrado Carlos Roberto Solórzano en una audiencia celebrada este viernes para comunicar la confirmación de la condena de 16 años de cárcel contra el exmagistrado Ricaurte.

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El excongresista asistió a audiencias este jueves y viernes, 6 y 7 de febrero. Foto:JEP.

Para asegurar el negocio con Besaile, el entonces magistrado Malo le pidió la renuncia a su magistrado auxiliar, José Reyes Rodríguez Casas, quien tenía proyectado abrir investigación formal en su contra.

El exmagistrado Francisco Ricaurte también fue condenado por casos de otros clientes del cartel como el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía y el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, quien se encuentra en Estados Unidos tras su delación y colaboración en este entramado.

Corte pide investigar otros posibles clientes

En la decisión que reafirma la condena contra el exmagistrado Malo, la Corte compulsa copias a la Fiscalía para que se investigue los hechos de otros presuntos clientes del magistrado Malo, por los que no fue imputado.

"La Sala ordenará la respectiva compulsa de copias penales por la posible comisión de delitos contra la istración de justicia en contra de Gustavo Enrique Malo Fernández, en los casos de Nilton Córdoba Manyoma y Argenis Velásquez", indica el fallo.

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Sobre el exrepresentante liberal Nilton Córdoba se indica que ONG denunció que "personas cercanas al despacho de Malo habían cobrado sumas de dinero para favorecerlo" por un proceso por lavado de activos y otro por una construcción, que guardaban relación de cuando ejerció como alcalde del municipio de Medio Baudó, Chocó.

Y sobre la exrepresentante liberal Argenis Velásquez se dijo que ella le pagó al exfiscal Moreno, y éste a su vez al exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz, para retardar el trámite en un proceso penal adelantado en su contra por el supuesto el cobro indebido de una comisión a una EPS cuando se desempeñaba como alcaldesa de Orito, Putumayo.

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia [email protected]

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