El asedio al Palacio de Justicia: relativización de la violencia no es camino / Opinión

Tan preocupantes para la buena salud de la democracia colombiana como el inédito e inaceptable asedio a la Corte Suprema y el Palacio de Justicia están resultando los intentos del Gobierno, empezando por el presidente Gustavo Petro, por tratar de minimizar la gravedad de lo que ocurrió este jueves en el centro de Bogotá.

Apenas este domingo, en otro mensaje de su cuenta de X, el Presidente reiteró su relato: “Las informaciones que tenemos nos dicen que un grupo coordinado de 4 personas ajenas por completo a las manifestaciones bloqueó por 10 segundos la puerta de la reja del Palacio de Justicia y retrocedieron ante la oposición de los manifestantes”.

Esa versión describe acertadamente lo que pasó apenas minutos después de que se conoció que la Sala Plena de la Corte, en dos rondas de votaciones, no había alcanzado los 16 votos necesarios para elegir a la nueva fiscal general.

El problema es que omite inexplicablemente lo que pasó en las cinco horas siguientes, cuando decenas de personas, muchas de ellas de la guardia indígena, se apostaron amenazantes en las entradas de la Corte en la calle 12 y la carrera 8.ª, impidiendo la libre salida y entrada de personas. Con solo ver los videos grabados en el sitio y que fueron transmitidos en directo por todos los medios se puede cualquiera hacer una idea de la tensión de esas horas largas de lo que los propios magistrados –ojo, no los medios– llamaron “asedio” y “bloqueo ilegal y violento” al Palacio de Justicia. Esas personas que, supuestamente, llegaron sin más motivación que exigir la elección de una nueva fiscal y que la Fiscalía no quedara en manos de Martha Mancera no permitieron la salida de las personas ni el ingreso de comida para los funcionarios.

“Realmente sí tuvimos un cerco indebido, privados de nuestro derecho a movilizarnos. Incluso nos impidieron el ingreso de alimentos. Todo eso por supuesto indebidamente y en contra de las instituciones y de la independencia de la Rama Judicial”. Ese fue el relato de la magistrada Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y quien no solo estuvo en el Palacio de Justicia el día de los hechos, sino que se reunió allí con el general Salamanca y el jefe del Dapre, Carlos Ramón González, quienes fueron enviados por el presidente Petro para que se pusieran al frente de la situación.

El jefe del Estado asegura que su versión de los 10 segundos de bloqueo, además “por infiltrados”, se basan en la información que tiene.

El director de la Policía –que estuvo en el sitio y tuvo que dar la orden para que el antiguo Esmad, ahora llamado Undmo, actuara con contundencia para desalojar las entradas en medio de algunos ataques de encapuchados– debe aclarar si ese fue su reporte al Presidente y por qué lo que vieron tanto testigos como periodistas y magistrados resulta tan diferente de la verdad oficial.

La relativización de la violencia no es buen camino. La misma enjundia para condenar y exigir investigaciones contundentes frente a actos de agresión contra la figura presidencial y su entorno debe estar en el manual del Gobierno cuando los afectados son ‘los otros’. Sin esguinces.

JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En X: @JhonTorresET