El presidente Petro y el ‘No’ de la Corte IDH / Análisis

Mucho para reflexionar debe darles al presidente Gustavo Petro y a sus abogados el documento de apenas nueve páginas, revelado por EL TIEMPO, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo no a una medida cautelar con la que pretendían frenar la investigación del Consejo Nacional Electoral por la presunta violación de topes en la campaña del 2022.

La decisión, llamativamente, ha pasado en blanco tanto en el Twitter (hoy, X) como en las intervenciones públicas recientes de un líder político que en todos los escenarios ha sostenido la narrativa de que fue la intervención del Sistema Interamericano la que impidió que el establecimiento colombiano le cerrara la vía a la Casa de Nariño. Una verdad parcial que desconoce que el sistema de justicia colombiano, desde los primeros momentos, protegió los derechos del entonces alcalde Gustavo Petro frente a la destitución y la inhabilidad que le impuso la procuraduría de Alejandro Ordóñez por la crisis de las basuras en Bogotá.

Fue además esa una decisión disciplinaria que, como muchas otras y sin intervención ni de la Comisión ni de la Corte IDH, se cayó en la revisión del Consejo de Estado, en su condición de máxima instancia de lo contencioso-istrativo en Colombia.

El documento de la Corte marca también distancias frente a otro caballito de batalla recurrente del presidente Petro y sus adláteres: que el fallo favorable del Sistema Interamericano en el caso de la Procuraduría le da un blindaje especial frente a las nuevas investigaciones que eventualmente se abran en su contra, más allá de la extendida protección que ya le brinda el fuero constitucional de jefe de Estado. Esto, enmarcado en la narrativa de que el primer presidente de izquierdas en la historia de Colombia es víctima de una persecución permanente que se inició hace más de una década y que supuestamente sigue hoy con un plan para sacarlo del poder a través de un ‘golpe blando’.

Pero lo que le acaba de responder la Corte Interamericana a Petro es que entre el actual caso que adelanta el CNE por la presunta violación de topes y el caso de violación de sus derechos políticos como consecuencia del proceso de destitución e inhabilidad impuestos por la Procuraduría a finales del 2013 no existe hilo de continuidad.

“En relación con el requisito sobre la relación de la solicitud de medidas provisionales con el objeto del caso, la Corte observa que la solicitud de los representantes de la víctima se basa en una situación fáctica y jurídica distinta a la que conoció este Tribunal en la Sentencia del caso Petro Urrego emitida en 2020 –dicen los jueces interamericanos– (...) Consecuentemente, la Corte considera que la referida solicitud no tiene relación con el objeto del caso ni con la implementación de alguna de las tres garantías de no repetición de adecuación normativa ordenadas en el fallo (del 2020), con lo cual resulta improcedente”.

La Corte, en un análisis realizado en derecho, no compra la tesis del golpe blando. Y su decisión, además, desmonta prevenciones en varios sectores que, en Colombia y la región, consideran que el Sistema (más en la Comisión que en la Corte) ha estado influenciado por sesgos políticos, especialmente en los últimos 15 años. Pero, sobre todo, es un reconocimiento a que la institucionalidad colombiana ofrece las garantías necesarias para ejercer el derecho a la defensa en los diferentes procesos y que la instancia interamericana solo debe entrar a funcionar cuando se comprueba, fehacientemente, que la justicia interna no ha actuado, por acción u omisión.

En lo que se ha convertido ya en una estrategia recurrente, muchos de los que se ven afectados por decisiones de las autoridades judiciales y istrativas recurren al Sistema Interamericano de Justicia buscando cambiar la suerte de sus procesos. Aunque el suyo no fue el primer caso, sin duda el hoy presidente Gustavo Petro representa a cabalidad a ese sector que considera que la institucionalidad nacional poco o nada funciona y que por lo tanto se necesita que desde afuera nos hagan justicia.

Ese es el mensaje que se ha enviado con las pretendidas, y fallidas, ideas de comisiones internacionales para luchar contra la impunidad en corrupción o graves violaciones de los derechos humanos o, con mucha mayor frecuencia, con la idea de que la Comisión y la Corte Interamericanas deben intervenir cada vez que en el país la Procuraduría sanciona a un elegido por voto –cumpliendo además con las reglas impuestas por la Corte Constitucional– o cuando alguna decisión judicial o istrativa afecta intereses de sectores cercanos al Ejecutivo.

Propalar la versión de que la justicia en Colombia no funciona y recurrir al ‘coco’ del Sistema Interamericano deslegitima. Mucho más cuando quienes lo hacen ocupan los cargos más altos en el Estado.

JHON TORRES

Editor de Justicia

En X: @JhonTorresET