Avalancha de demandas buscan tumbar el Gabinete Petro y el Senado

Las 12 demandas que se han presentado en contra de la elección de Miguel Polo Polo en una de las curules afrodescendientes en el Congreso, es apenas un caso, de una avalancha de demandas que han llegado al Consejo de Estado para su estudio cuestionando al nuevo Legislativo, la elección presidencial, las designaciones del Gabinete y del nuevo Contralor General.

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EL TIEMPO revisó manualmente y encontró, por ejemplo, que Ana Rogelia Monsalve, quien ganó la otra curul afro tiene al menos 13 demandas en trámite. También están demandados Diógenes Quintero Amaya, Jhon Jairo González, Gerson Lisímaco Montaño y Jorge Tovar Vélez hijo del paramilitar 'Jorge 40') quienes llegaron al Congreso en una de las 16 curules de paz.

Algunos de esos recursos fueron presentados por el abogado José Manuel Abuchaibe quien también presentó una demanda en contra de la elección del Senado de la República para el periodo 2022-2026 y que pide que se ordene excluir la lista del Pacto Histórico del cómputo de los votos que hizo el Consejo Nacional Electoral.

El jurista alega que Colombia Humana, que no inscribió candidatos en 2018 y que obtuvo personería jurídica por un fallo de la Corte Constitucional, fue adherida en la coalición de Pacto Histórico al parecer de manera irregular y con supuestos datos falsos.

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“El acto de elección de Senadores de la República se hizo en forma irregular y con infracción de las normas en que debería fundarse, por presentar una lista de coalición denominada Pacto Histórico que aparece inscrita sin reunir los requisitos legales y constitucionales para hacerlo y que al final está sumando una votación en ese acuerdo de coalición del Partido Colombia Humana, con cero votos, lo que es producto de un engaño, lo que impide que candidatos que sí cumplan con los requisitos de ley, puedan ser elegidos”, dice la demanda.

El recurso fue initido el pasado 23 de agosto por el despacho del magistrado Pedro Vanegas Gil quien le dio espacio al jurista para corregirlo, esto se encuentra en trámite y podría todavía itirse para estudio en la Sección Quinta. Abuchaibe es conocido de marras del Consejo de Estado: en 2020 demandó la curul de Petro como senador obtenida y fue quien presentó el recurso que terminó tumbando la elección de Antanas Mockus en el Congreso, entre otros.

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Ahora actúa como apoderado de José Luis Colmenares quien aspiraba por Cambio Radical y se quemó en las votaciones, en un proceso que puede tardar hasta cuatro años.

De otro lado, ha llamado la atención las demandas que se han presentado en contra de cada uno de los ministros y ministras nombrados por el presidente Gustavo Petro y que radicó el abogado Harold Suá Montaña, quien es conocido en el mundo de las altas cortes y, en especial en la Corte Constitucional, por interponer toda clase de recursos en procesos que allí se tramitan, de manera reiterada y temeraria, al punto que fue sancionado en septiembre de 2021 por ese alto tribunal.

En esa ocasión, la Corte Constitucional le impuso una multa de cinco salarios mínimos señalado que la actuación de Suá, al presentar una recusación manifiestamente improcedente, luego de haberle negado varios recursos en un caso particular, lejos de ser una intervención ciudadana legítima buscaba “crear un caos procesal, con fines y destinos que la Corporación ignora, pero que han logrado su cometido de entorpecer, dilatar e impedir la necesaria eficacia procesal”.

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En este caso, todos los recursos presentados por separado por el abogado Suá dicen lo mismo: que supuestamente hubo irregularidades en la instalación del Congreso el 20 de julio porque el discurso de la oposición no se hizo inmediatamente, lo que habría implicado un cambio en el orden del día que harían inválida la sesión y, en consecuencia, las actuaciones realizadas por los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso ante quien Petro tomó posesión en el cargo, lo cual le impediría hacer los nombramientos.

Suá presentó una tutela al respecto, pidiendo rehacer la instalación del Congreso y que el presidente fuera posesionado por la Corte Suprema de Justicia como medida cautelar, la cual fue rechazada el 3 de agosto de 2022 por no cumplir los requisitos básicos para su estudio. Las demandas presentadas por el abogado en estas circunstancias debieron ser tramitadas Consejo de Estado que las remitió por competencia al Tribunal istrativo de Cundinamarca.

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“La tesis mayoritaria de la Sección Quinta del Consejo de Estado, sobre la competencia para conocer en primera instancia las demandas de nulidad contra los actos de elección de nombramiento de empleados públicos del nivel directo en el orden nacional, como el que es cuestionado en esta oportunidad, la demanda de la referencia debe remitirse a los Tribunales istrativos”, dijo por ejemplo la magistrada Rocío Araújo en el caso de la demanda contra Irene Vélez como Ministra de Minas.

Lo mismo sucedió ya en los casos de Néstor Osuna, ministro de Justicia; Guillermo Reyes, ministro de Transporte; Alfonso Prada, ministro del Interior; Alejandro Gaviria, ministro de Educación; Álvaro Leyva, ministro de Relaciones Exteriores; Cecilia López, ministra de Agricultura, e Iván Velásquez, ministro de Defensa.

Pero Suá también demandó por la misma vía, de decir que la posesión de Petro no fue válida, las designaciones de Mauricio Lizcano como director del Dapre; de Vladimir Fernández como Secretario Jurídico de la Presidencia; de Roberto Idárraga como Secretario de Transparencia y de Laura Sarabia como jefa de Gabinete, entre otros.

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Estas demandas ya fueron remitidas igualmente al Tribunal istrativo de Cundinamarca que deberá analizar si tienen argumentos suficientes para ser itidas o no para estudio de fondo o no.

En el alto tribunal además cursan demandas contra la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez como presidente y vicepresidenta. Una dice que el acto que declaró su elección incurrió en irregularidades porque, en la tarjeta electoral no aparecieron sus nombres y apellidos completos, lo que violaría una norma de 1986.

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"No es isible entender que el Estado (a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que se encarga de diseñar y elaborar las tarjetas electorales) tenga la facultad de alterar en documentos oficiales la voluntad del Legislador, modificando de alguna manera (así sea eliminando partes de él) el nombre que aparece en el registro civil de nacimiento", insiste el recurso.

De otro lado, en el alto tribunal ya fueron presentadas dos demandas en contra de la elección de Carlos Hernán Rodríguez Becerra como contralor general de la República realizada por la plenaria del Congreso el 18 de agosto de 2022.

Un recurso fue presentado Jennifer Pedraza Sandoval, Cristian Avendaño Fino y Jorge Alberto Gómez Gallego cuestionando el proceso de elección, que el cronograma haya incluido sesiones extraordinarias, los criterios de evaluación realizados para la selección de los diez elegibles finales y la forma como se ajustó esa lista cuando dos fallos judiciales lo ordenaron para que hubiera equidad de género.

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“Sin embargo, a pesar de que el acto de convocatoria obligaba a la istración, tanto del pasado Congreso como del actual, y sin que ello fuese objeto de las órdenes judiciales de los Tribunales Superior de Medellín y istrativo de Cundinamarca, la Mesa Directiva del nuevo Congreso alteró los criterios de ponderación casi seis meses después del momento de apertura del proceso, momento en el que la Ley ordena fijar dichos criterios y formas de ponderación. En otras palabras, la convocatoria inicial dejó de ser obligatoria para la corporación”, dice en una apartado esa demanda.

El recurso fue initido por el despacho del magistrado Carlos Enrique Moreno, quien pidió la corrección de la demanda, cosa que ya sucedió, por lo que ahora defnitiviamente el jurista deberá decidir si la ite o no.

La otra demanda fue presentada por Edson González quien alega que el proceso “estuvo plagado de una multiplicidad de irregularidades que afectaron su legalidad, además de la expedición irregular por la no verificación de requisitos de los candidatos en la etapa inicial, la repetición de la etapa de conformación de la lista de 10 candidatos por la comisión accidental”.

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Lo anterior, dijo, “no solo una sino dos veces, que aunque fue por orden judicial para cumplir los requisitos de equidad de género y mérito, la comisión accidental se extralimitó el 16 de julio de 2022 al sumar los puntajes de la prueba de conocimientos, que según la convocatoria era un factor eliminatorio y no clasificatorio, con los demás criterios de selección, dándole un valor no previsto en ninguna norma y sin tener en cuenta que se trata de una convocatoria pública y no de un concurso de méritos”.

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