Las demandas por doble instancia que ya están en fila en Sistema IDH

El debate por la doble instancia retroactiva para aforados, que llevó a que el uribismo presentara un proyecto al Congreso, podría terminar beneficiando a la exsenadora Regina Betancur de Liska, ‘Regina 11’, exparapolíticos como Luis Gilberto ‘el Tuerto Gil’, al senador Gustavo Petro y hasta al empresario Víctor Maldonado procesado por el descalabro del Fondo de Interbolsa.

Ellos son unos de las 51 personas que han demandado a la Nación en instancias internacionales buscando que se les garantice la impugnación de casos no solo penales, sino también de sanciones istrativas, nulidades, reparaciones directas y de pérdida de investidura.

Esas cifras comenzaron a preocupar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), que plasmó en un documento reservado un análisis sobre las demandas que enfrenta el país y lo que en otras ocasiones ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a esto, para saber a qué se podría enfrentar la Nación.

Hasta ahora solo de había debatido la necesidad de esa doble instancia para los procesos penales pero el Gobierno considera que se debe debatir si se amplía incluso a sanciones istrativas como las que imponen las Superintendencias, las pérdidas de investidura en el Consejo de Estado e incluso a las condenas disciplinarias que impone la Procuraduría.

Camilo Gómez, director de la ANDJE, considera que el debate debe abrirse, más allá de casos particulares o partidos políticos. “Si no abrimos el debate vamos a terminar en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con unos costos mucho más altos. Hay un efecto internacional que Colombia no puede desconocer”, dijo.

Entre los 6 casos por sanciones istrativas en la CIDH está el del senador Gustavo Petro por la inhabilidad de 15 años que le impuso en 2013, cuando era alcalde de Bogotá, el entonces procurador Alejandro Ordóñez.

Petro dice que el proceso disciplinario no tuvo las debidas garantías pues fue el Procurador, el mismo que lo sancionó, quien resolvió la reposición que interpuso, por lo que no existió doble instancia. Su caso ya pasó a la Corte IDH, en diciembre se realizará una audiencia y muy pronto podría haber una decisión de fondo.

También está el caso de la exsenadora Piedad Córdoba, por la inhabilidad de 14 años -que fue levantada por el Consejo de Estado- que le impuso el Ministerio Público en 2012.

Otro caso es el de Víctor Maldonado, procesado por las irregularidades en el Fondo de Interbolsa. Maldonado alega que en 2014, cuando la Supersociedades lo inhabilitó por 10 años para el comercio, violó sus derechos pues contra esa decisión no se podían interponer recursos.

Por ejemplo, el de un subteniente de la Policía que fue retirado del servicio en 1998. El policía pidió la nulidad de la decisión y su reintegro al cargo pero esta fue negada por un tribunal. Él apeló esa sentencia pero el recurso no prosperó porque entró a regir la Ley 954 del 2005, según la cual ese era un proceso de única instancia.

También hay casos como el de una mujer que perdió una de sus piernas por un ataque de las Farc a una estación de Policía cercana a su hogar. La mujer interpuso una acción de reparación directa que fue negada por un tribunal, y por el valor de las pretensiones, el caso también fue de única instancia.

De otro laso, en casos penales el exdirector del DAS Jorge Noguera Cotes es uno de los condenados por la Corte Suprema que le pide al Sistema Interamericano que se garantice su derecho. Noguera fue condenado por las chuzadas del DAS y por el homicidio del profesor Alfredo Correa de Andréis.

De tomarse la decisión de ampliar la doble instancia para todos los procesos también se vería beneficiado el exsenador Luis Alberto Gil Castillo, el ‘Tuerto Gil’, condenado por parapolítica por la Corte. Y, aunque falleció en 2013 producto de un infarto, en la CIDH sigue el caso del también exsenador Luis Humberto Gómez Gallo.

En los procesos de pérdida de investidura, que hasta 2005 eran de única instancia, además de Regina 11, está el exenador Luis Alfonso Hoyos Aristizábal –exasesor de la campaña de Óscar Iván Zuluaga a la Presidencia–, a quien el Consejo de Estado despojó de su curul en única instancia.

"Esta discusión tiene repercusiones internacionales que tenemos que precaver para que los procesos que en tenemos en contra encontremos la salida adecuada”, dijo el director de la ANDJE.

En distintos procesos istrativos, penales y otros la Corte IDH ha dicho que debe garantizarse “un recurso adecuado y efectivo que permita la revisión integral del primer fallo condenatorio”, dice el informe de la Agencia.

En los penales, en al menos 7 casos en países como Argentina, Chile y Costa Rica, la Corte IDH ha señalado que debe haber derecho de impugnación. Sobre la posibilidad de que esa impugnación sea retroactiva, la ANDJE también analizó la jurisprudencia internacional  y encontró que en distintas decisiones de la Corte IDH ha dicho “que los principios de legalidad y de retroactividad de la ley favorable se extienden tanto al ámbito penal como al ámbito istrativo sancionador”.

Sin embargo, este debate no está exento de riesgos. Expertos advierten, por ejemplo, que de no realizarse una adecuada planeación, abrir la posibilidad de impugnar sentencias de forma retroactiva para todos los procesos podría terminar vulnerando derechos, y colapsando el sistema judicial.

Julio Sampedro, decano de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, indicó que la discusión se tiene que puntualizar con sumo cuidado pues hay riesgo de afectar la seguridad jurídica y los derechos de las víctimas a verdad, justicia reparación y no repetición. Aunque dijo que no está de acuerdo con que esta impugnación pueda hacerse frente a casos que ya están cerrados.

El penalista Camilo Burbano dijo que “es un riesgo que la Corte IDH nos diga que no estamos cumpliendo con los tratados internacionales de Derechos Humanos, podríamos vernos expuestos a sanciones económicas y que la Corte ordene a Colombia ajustar sus leyes y nos ordene la doble instancia no solo en lo penal sino en otras jurisdicciones”,  quien agregó que en todo caso la retroactividad no tiene que ser indefinida, sino que el Congreso puede ponderar las fechas.

Aunque, Burbano también consideró que abrir la posibilidad de impugnar retroactivamente todos los tipos de procesos abre “un boquete gigantesco” por lo que en el debate también debe dimensionarse “cuál sería el impacto en otros aspectos además del penal. No tenemos la capacidad en este momento de funcionarios para resolver todo lo que podría pasar”, concluyó.

En eso coincidió Carlos Arévalo, experto en derecho internacional, aunque añadió que se debe ponderar “qué es más importante: evitar que se caigan los procesos, o reconocer que hay una vulneración de derechos y dejar que eso se quede así, sin corregir”.

Aunque desde la ANDJE aún no se ha decidido a qué instancia se presentará este informe reservado, para Gómez es clara una cosa: “Colombia puede acabar haciéndolo bien, dando el debate, o que esto se lo imponga una corte”, concluyó.

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