¿Por qué se complica la situación del ministro Ricardo Bonilla por decisión de la Corte contra seis congresistas en caso UNGRD?

Los nombres del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y del exministro del Interior Luis Fernando Velasco figuran en comprometedoras menciones en el documento de la Corte Suprema de Justicia, en poder de EL TIEMPO, en el que se llama a indagatoria a seis parlamentarios por su supuesta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Se trata de Wadith Manzur, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz (renunció al -Congreso), Karen Manrique, Liliana Castilla y Juan Pablo Gallo, entonces integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CI).

El nuevo capítulo que investiga la Sala de Instrucción está ligado a dádivas que desde el Gobierno se habrían hecho a los mencionados congresistas que "posiblemente habrían aceptado los términos de un acuerdo negociado con funcionarios integrantes del alto Gobierno", advierte la Corte.

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"Durante el segundo semestre de 2023, los aforados aludidos, en su condición de de la CI, habrían aceptado emitir conceptos sometidos a su consideración por el ministro de Hacienda, a cambio de una dádiva prometida, concretamente bajo la forma de proyectos de obra e interventoría que se adelantarían en la UNGRD", indica el alto tribunal, que deberá definir si los envía o no a la cárcel mientras se surte el proceso.

Al pacto se llegó, aparentemente, porque a finales de 2023 en los consejos de ministros del gobierno de Gustavo Petro se dijo que "las reformas y leyes se estaban empezando a estancar".

Para subsanar eso, desde el Ejecutivo se acudió a la chequera de la UNGRD, dirigida por Olmedo López, quien a su vez le encargó a Sneyder Pinilla enlazarse con los congresistas para los respectivos sobornos. De eso le habló Pinilla a la Corte Suprema en varias declaraciones que le tomó el magistrado Misael Rodríguez, a cargo del caso.

Además de Pinilla, de la comunicación entre el Ministerio, la UNGRD y el Congreso se habrían encargado otras tres personas: los exasesores María Alejandra Benavides y Jaime Ramírez Cobo, y la exsecretaria Diana Martínez.

Según declaró Martínez al alto tribunal, como secretaria de Olmedo López le envió a Pinilla el 12 de diciembre un cuadro con tres proyectos en trámite en la UNGRD, destinados a atender la emergencia de desastres naturales en los municipios de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar.

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Al parecer, en el Ejecutivo había prisa por sacar adelante esos proyectos pues, según Jaime Ramírez, los "créditos de la Nación estaban en riesgo". En este punto, es que resultan indispensables las sesiones de la CI que el Ministerio hace paulatinamente junto a los congresistas de las comisiones económicas.

De esos encuentros salen conceptos acerca de distintas operaciones crediticias y en ellos juega un papel clave la presencia del director de Crédito Público, José Roberto Acosta, quien le afirmó a la Corte que, desde noviembre pasado, el ministro Ricardo Bonilla le pidió que dejara de asistir a las sesiones.

"Me dijo que lo más conveniente era que yo no hiciera presencia en adelante para no exacerbar los ánimos o generar (...) reacciones que podrían servir de pretexto para romper el quórum; entonces, entendí plenamente la directriz del señor ministro, y deacuerdo a su mandato, dejé de asistir", declaró Acosta.

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Es decir que en la sesión del 15 de diciembre no estuvo, y cuando los investigadores fueron a preguntar por la grabación de ese día, de la cartera de Hacienda recibieron la respuesta de que justo no habían grabado porque los convocados se vieron de manera virtual.

La Corte tiene la trazabilidad desde el 27 de noviembre hasta el 14 de diciembre de 2023, fechas sobre las que se tienen documentos y testimonios de cómo se hicieron varias reuniones para lograr pasar las reformas del Gobierno. Esto, en criterio de la magistratura, es un "posible esquema ilegal de 'compra' de la función legislativa".

El 27 de noviembre, en una reunión de altos funcionarios, el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, es quien "habría tomado la palabra para explicar a los asistentes las fórmulas de negociación presuntamente acordadas para conseguir el respaldo de algunos del Congreso a las iniciativas y proyectos del Gobierno, principalmente bajo la figura de entrega de dádivas".

De tales señalamientos, al igual que todos los del Ejecutivo, Velasco se ha desmarcado diciendo que es inocente.

Volviendo al tema de las operaciones de crédito, lo que les llama la atención a los investigadores es que los conceptos en 2023 se incrementaron desde el 28 de noviembre al 15 de diciembre: de 22 que presentaron, los congresistas aceptaron 13; mientras que de junio a septiembre solo les dieron el visto bueno a cinco.

Esto tendría una explicación: el 28 de noviembre cambió la dinámica y se aceleraron las aprobaciones de conceptos sin la presencia del director de Crédito Público, pero sí con la participación de María Alejandra Benavides, la asesora que ya está bajo la lupa de la Fiscalía por este escándalo.

Benavides, según las grabaciones en poder de las autoridades, asistió a las sesiones el 27 de septiembre, el 9 y 28 de noviembre y el 6 de diciembre, sin que se sepa si fue el 15 de diciembre, dado que no se grabó la conversación.

Los congresistas empezaron a tener un papel más activo en diciembre. Karen Manrique se vio 48 minutos en el Ministerio de Hacienda con Benavides el 4 de diciembre. "Es de destacar que la aforada habría tenido un rol de vocería o representación del grupo de congresistas que habrían aceptado la dádiva prometida", se lee en el documento en poder de este diario, en el que se le da credibilidad a lo dicho por Olmedo López.

Según el exjefe de la UNGRD, desde el 15 de diciembre, el ministro Bonilla le habría pasado esa vocería al representante Wadith Manzur, otro que ha dicho que es inocente.

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La línea de tiempo continúa el 5 de diciembre, cuando por 39 minutos Manzur, la senadora Liliana Bitar y el representante Julián Peinado se vieron con el viceministro Diego Guevara, quienes momentos después se fueron a otro salón del Ministerio a verse, por 14 minutos, con la asesora Benavides y los congresistas Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz, Karen Manrique y Jhon Fredy Núñez.

Ese tipo de sesiones se siguieron presentando durante esas semanas, sin embargo para la Sala de Instrucción, otro episodio que llama la atención es que el 11 de diciembre, el ministro Ricardo Bonilla expidió la Resolución 3202 en la que a la UNGRD se le hizo la adición presupuestal de 700.000 millones de pesos.

"Esta distribución, como se verá más adelante, está directamente relacionada con los tres proyectos que estarían vinculados con la dádiva prometida, pues los certificados de disponibilidad que se emitieron en el trámite precontractual de esos proyectos registraron como rubro de financiación los fondos distribuidos con la Resolución 3202", reseñó la Corte.

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En este punto, vuelve a entrar en escena el 12 de diciembre, día en el que el Ministerio de Hacienda fue visitado por el exministro Velasco, la representante María Eugenia Lopera y los entonces asesores María Alejandra Benavides y Jaime Ramírez Cobo.

"Las interacciones previamente reseñadas son relevantes, pues ese mismo día Ramírez intentó ar a Olmedo López, a través de Diana Martínez. Según el testimonio de Ramírez, lo hizo por solicitud de Benavides", añadió el alto tribunal. El propósito: hacerle llegar a Sneyder Pinilla el cuadro con los tres proyectos en Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena por 92.000 millones de pesos.

El 12 de diciembre terminó con una reunión entre Pinilla y López en un conocido hotel de Bogotá, en la que le mostró el cuadro que le había enviado Diana Martínez. "Según Pinilla, a la vista de dicha información, la reacción de López fue de rabia y cuestionó que le enviaran esa clase de información a través de su secretaria privada", explicó la Corte.

El también exsubdirector de la UNGRD le afirmó a la magistratura que su jefe al parecer llamó al exministro Velasco, y de la conversación le quedó claro que "el asunto no era del jefe de la cartera del Interior, sino del jefe de la de Hacienda".

En los días siguientes, quien tomó o con Pinilla fue el exasesor Ramírez, quien le escribía que el ministro Bonilla quería ver a Olmedo López y que era urgente porque se iban a "caer los créditos de la nación". Esa preocupación se la hizo saber el jefe de la cartera al exsubdirector a través de WhatsApp.

El 15 de diciembre, en otra reunión, Bonilla le habría mostrado a López el pulgar hacia arriba, dando a entender su aprobación ante los tres proyectos por 92.000 millones. Además, se habría dejado claro que el vocero de los congresistas era Wadith Manzur. En 2024, el seguimiento a esos acuerdos se habría dado incluso hasta febrero a través de Benavides, Manzur y Manrique, según información que tiene la Corte, que en su documento anotó que esta negociación en la que señalan a seis congresistas no es ajena al amplio plan que tenía el Gobierno de obtener, a como diera lugar, respaldos en la Rama Legislativa.

Es por ello que otra línea de investigaciones apunta a Iván Name y Andrés Calle, como entonces presidentes del Senado y la Cámara, respectivamente, habrían recibido 4.000 millones de pesos en dádivas con la intermediación de Sneyder Pinilla y Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones del gobierno Petro que va a ser imputada por este escándalo el próximo viernes.

CARLOS LÓPEZ

Redacción justicia [email protected]