Poco afortunada, por decir lo menos, la presentación en sociedad de algunos de los nuevos de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la corte que –por fin– va a reemplazar a la polémica Sala Disciplinaria de la Judicatura.
El Congreso eligió a los siete magistrados de la Comisión, de ternas enviadas por el Gobierno y el Consejo Superior de la Judicatura. Y no era un proceso cualquiera: se trataba de enterrar, de una vez por todas, una Sala que gracias a dudosas interpretaciones jurídicas se mantuvo por cuatro años en una interinidad nociva a la hora de velar por la transparencia de los abogados y jueces del país.
De esos siete nuevos magistrados, dos llegan con peros. El Gobierno ternó y el Congreso eligió a Magda Acosta, integrante hace ya varios años de la actual Sala Disciplinaria. Si de lo que se trataba era de pasar la desafortunada página que para la justicia colombiana representaron esa corte y su indebida extensión de funciones, el mensaje de postular y volver a elegir a uno de sus resulta contradictorio.
Otro ternado por la Presidencia y elegido por el Congreso fue el exgobernador de Boyacá y excontralor de Bogotá Juan Carlos Granados, quien enfrenta procesos en la Corte Suprema y en la Procuraduría por el escándalo de Odebrecht. Claramente, como lo señaló el mismo Granados en este diario, en su contra hay procesos pero no condenas y por eso no tiene impedimento o inhabilidad para ser magistrado.
Lo que ha producido ruido es que a la audiencia que tenía programada hace meses en la Corte y en la que debía ser acusado haya llegado sin abogado, y que la audiencia que tenía en la Procuraduría también se haya aplazado por una solicitud del investigado.
Las dos, valga decirlo, son maniobras legales, si bien la Corte le advirtió que la próxima vez le nombraría un abogado de oficio.
Pero en tratándose de un magistrado cuya labor será, precisamente, garantizar las buenas prácticas de abogados y jueces, lo que se esperaría sería una actitud de colaborar al máximo para que la justicia penal y la disciplinaria den cuanto antes su veredicto. Y ese no fue el mensaje que recibió el país con sus dos audiencias aplazadas de la semana pasada.
JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO