Ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía acusó formalmente al gobernador de Cesar Luis Alberto Monsalvo Gnecco por presuntas irregularidades en la tramitación y suscripción de un contrato de alimentación escolar en 2015, cuando lideró ese departamento la primera vez.
El contrato fue celebrado entre el departamento de Cesar y el Consorcio Alimentación Escolar A Salvo, tuvo un plazo de ejecución de 59 días y su valor superó los 17.140 millones de pesos. El gobernador, quien ha insistido en su inocencia y no aceptó los cargos que se le endilgan, está en casa por cárcel.
Según la Fiscalía, en el proceso de contratación se presentaron al menos nueve inconsistencias, falta de estudios previos, la existencia de supuestos prepliegos amañados y deficientes, y presuntas omisiones de los requisitos de ley en distintas etapas del proceso de contratación, evaluación y liquidación.
En la diligencia realizada este lunes ante la Corte Suprema, el fiscal del caso señaló que a pesar de que el hoy gobernador en su momento delegó todo lo que tiene que ver con el contrato, ese hecho “no lo exime de responsabilidad”.
“Él era el llamado, en principio, a liquidar el contrato y el hecho que lo haya delegado no lo exime de responsabilidad por ser el representante de la entidad territorial y el ordenador del gasto”, dijo el fiscal ante las preguntas de la defensa del gobernador sobre una adición que se presentó al escrito de acusación.
Según la Fiscalía, las irregularidades habrían generado un peculado que asciende a 3.172’808.072 pesos y por eso lo acusó por la posible participación en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.
Monsalve Gnecco y su defensor, Iván Cancino, presentaron una recusación contra el fiscal que lleva el caso que no ha sido resuelta por ahora.
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