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‘No solo los hombres están preparados para estar en puestos de toma de decisiones’
Diana Fajardo, presidenta de la Corte Constitucional, habla en entrevista con EL TIEMPO.
Diana Fajardo, magistrada de la Corte Constitucional. Foto: Corte Constitucional
El pasado martes, en medio del XX Conversatorio Nacional de Género de la Rama Judicial, la presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Diana Fajardo Rivera, hizo varios cuestionamientos a las cortes y demás corporaciones judiciales relacionados a la falta de equidad de género que hay, pues las mujeres pocas veces alcanzan cargos de poder y toma de decisiones.
En el mismo evento algunos de los presentes respondieron a esa pulla, siendo el presidente del Consejo de Estado, magistrado Jaime Enrique Rodríguez, el primero en responderle que aceptaba la dura crítica.
En diálogo con EL TIEMPO, Diana Fajardo afirma que algo ha fallado en esta falta de equidad, le responde al consejero Rodríguez y menciona algunos mecanismos para garantizar una mayor participación en altos cargos de la función pública por parte de mujeres y personas con orientaciones de género diversas.
Se reunieron a hablar de temas de género en la Rama Judicial, ¿cómo les fue?
El balance es positivo. No solo se produjo una conversación pública relevante con sectores académicos, sociales y con otros poderes públicos, relacionada con las violencias basadas en género, sino que también suscribimos un compromiso de cero tolerancia contra el acoso sexual y por razones de género en el ámbito laboral de la Rama Judicial, con el propósito de generar espacios cómodos y seguros de trabajo.
La presidenta de la Corte, Diana Fajardo R. participó, junto con altos dignatarios de la justicia y la istración local, en la instalación del XX Conversatorio Nacional de Género: https://t.co/Up3iGmprp6 🧵(1/5) pic.twitter.com/OsJpnr1AaA
Usted hizo un llamado a sus compañeros a trabajar por la paridad de género, ¿cree que las mujeres y personas con orientaciones de género diversas son invisibilizadas?
A las mujeres nos cuesta mucho más acceder a los más altos niveles de decisión, especialmente en las cortes.
Considero que mi reflexión, a partir de los datos del propio Consejo Superior de la Judicatura, evidencia que a las mujeres nos cuesta mucho más acceder a los más altos niveles de decisión, especialmente en las cortes, y esas cifras nos hablan de una relación de 64 magistrados y solo 28 magistradas.
La composición en diversidad también debe preocuparnos. Aunque no contamos con esa información, creo que es indispensable construirla y a partir de ella iniciar las reflexiones y debates que se requieran para diseñar las medidas que nos permitirán hacer realidad la equidad, una de ellas a partir de políticas institucionales que logren compensar esa evidente desigualdad.
Diana Fajardo, magistrada de la Corte Constitucional. Foto:Corte Constitucional
¿Le parece que en las cortes ha fallado algo debido a que suelen elegirse hombres?
Sin duda, algo ha fallado. Aunque la presencia de mujeres en el total de la Rama Judicial es prácticamente la mitad, en los cargos decisorios el panorama no es tan alentador. Por ejemplo, de las 64 plazas de magistrados de altas cortes, solo somos 28 magistradas en este nivel.
Ciertamente, algo está fallando cuando los tribunales de justicia no reflejan la diversidad de las sociedades, sino que recrean estereotipos de discriminación. Sin embargo, atribuir esta problemática solo a las cortes sería un diagnóstico insuficiente. En últimas, en la configuración del sistema judicial y de los órganos de poder también intervienen el Legislador y el Ejecutivo y, de forma indirecta, la sociedad misma.
Algo está fallando cuando los tribunales de justicia no reflejan la diversidad de las sociedades, sino que recrean estereotipos de discriminación.
La reciente ley estatutaria de istración de justicia, aprobada por el Congreso de la República y revisada por la Corte Constitucional, avanza en la dirección correcta al promover, por lo menos, la paridad entre hombres y mujeres en la conformación de las respectivas corporaciones. Vemos entonces cómo hay medidas institucionales que se pueden adoptar para corregir tales fallas.
¿Cuál considera que es el problema de base a nivel social que ha llevado a que prime la figura masculina en puestos de toma de decisión?
El elemento común que está en la base de los obstáculos y las violencias que enfrentamos las mujeres interesadas en desarrollar una carrera en el sector público, es la arraigada matriz cultural que entiende que el espacio público y el discurso público es un ámbito reservado a lo masculino y, a la vez, confina a las mujeres al ámbito privado, a los roles domésticos. Se trata pues de la asociación entre lo público/masculino y lo privado/femenino que, a su vez, constituye uno de los elementos del orden patriarcal.
La profesora de literatura clásica Mary Beard en un pequeño libro cuya lectura recomiendo, titulado Women and Power (Mujeres y poder), muestra a través de los relatos fundacionales de la literatura occidental cómo el discurso público, además de estar reservado a los varones, era considerado un atributo de la masculinidad.
Las mujeres que intentaban tener una voz pública eran conminadas, a través de múltiples formas de agresión, a permanecer en su sitio (el espacio doméstico), y a aquellas que osaban ganarse una voz en el espacio público o bien no se les reconocía como “verdaderas” mujeres, o ellas mismas se autoimponían una suerte de “masculinización” para ser reconocidas y respetadas en el espacio público.
Diana Fajardo Rivera es magistrada del alto tribunal desde 2017. Su ponencia sobre la eutanasia la apoyaron cinco magistrados más. Foto:Jorge Alejandro Medellín
Magistrada, cuéntenos un poco más sobre ese tema...
Beard nos muestra cuán profundamente arraigados en la cultura occidental se encuentran los mecanismos que silencian a las mujeres, que no las toman en serio, las apartan del espacio público y, dentro de estos, especialmente de los centros de poder.
A las mujeres se nos excluyó históricamente de los espacios públicos y de posiciones de poder.
También destaca que los dos únicos casos en los que se itía que las mujeres tomaran la voz en el espacio público era para hablar como víctimas o mártires, o bien para defender sus hogares, sus hijos, esposos o los intereses de otras mujeres; es decir, a las mujeres les era permitido defender lo que se ha considerado como sus intereses específicos (cercanos al mundo de lo doméstico, la familia, el cuidado y otras “cosas de mujeres”), pero no ser portadoras en su discurso de un interés universal.
A las mujeres se nos excluyó históricamente de los espacios públicos y de posiciones de poder, y se nos confinó al espacio privado lejos del alcance de conversaciones difíciles, pero necesarias sobre igualdad. Nos ha costado mucho esfuerzo evidenciarlo e incluso alcanzar derechos.
Superar esas construcciones que son estereotipadas sobre el papel que debemos ocupar socialmente, la manera en la que debemos comportarnos y la forma en que debemos vivir nuestra vida, sin interferencias sobre nuestras libertades, es lo que ha permitido evidenciar que no solo los hombres están preparados para estar en puestos de toma de decisiones. Las mujeres necesitamos también estar en el servicio público y tomar decisiones en instancias superiores en igualdad de derechos.
Sala Plena de la Corte Constitucional en 2022. Foto:Corte Constitucional
Hasta hace poco, la Corte Constitucional tuvo una mayoría de mujeres en su Sala Plena. ¿Cree que las decisiones tienen matices distintos cuando en ellas influyen más los hombres?
Esta sería una excelente pregunta de investigación para las universidades, las cuales seguro encontrarán resultados interesantes. Me parece, además, un interrogante difícil de responder, pues ¿cómo se mide el impacto de las mujeres en tribunales plurales de decisión?
En esa diversidad que aportamos las mujeres a los estrados judiciales, con seguridad también llegan matices y aproximaciones que los hombres por sí solos no habrían concebido.
Por ahora, me atrevo a decir que la participación de las mujeres supone un avance en la istración de justicia, no solo por lo que representa individualmente para quienes accedemos a estos cargos, sino para las instituciones de justicia en su conjunto debido a que la presencia de las mujeres permite reflejar de mejor manera la diversidad de la sociedad. Y en esa diversidad que aportamos las mujeres a los estrados judiciales, con seguridad también llegan matices y aproximaciones que los hombres por sí solos no habrían concebido o valorado con la misma importancia que nosotras.
Las mujeres estamos preparadas para desempeñarnos en el espacio público y con la capacidad para motivar y defender nuestras convicciones, que son tan diversas como lo es nuestra sociedad y como lo debe ser la judicatura.
¿Que haya igualdad de magistradas y magistrados garantiza que se tomen decisiones a favor de los derechos de la mujer?
Tener más mujeres en los órganos de decisión del Estado es en sí mismo un acto de justicia que debe atender al tratamiento desventajoso que históricamente hemos recibido y a la subrepresentación que hemos tenido en estos escenarios. De ahí que sea fundamental garantizar mayor participación femenina en los cargos públicos, incluyendo, por supuesto, la istración de justicia. Pero la razón de ello no puede ser la exigencia de una posición jurídica o política particular.
El magistrado que preside el Consejo de Estado dijo que revisará junto a sus compañeros el llamado que le hizo para las elecciones que ellos tomarán. ¿Qué le generó el mensaje?
Jaime Enrique Rodríguez Navas, presidente del Consejo de Estado Foto:Consejo de Estado
Recibo sus palabras con respeto y emoción. Los magistrados y magistradas asistimos a varios eventos al año sobre distintas materias; pero a veces queda la impresión de que las reflexiones que allí surgen no se trasladan fácilmente a nuestra actividad diaria o, incluso, se olvidan al cabo de unos días. Por ello, las palabras del presidente del Consejo de Estado me parecen valiosas y espero den lugar a una necesaria reflexión que en todas las altas cortes debemos tener. Como dije ese día en el conversatorio de género, se trata también de vernos hacia adentro.
El presidente Gustavo Petro presentó una terna exclusiva de mujeres para el cargo de fiscal general. ¿Qué le pareció esa decisión?
No me corresponde emitir una opinión sobre las decisiones del Poder Ejecutivo. Mi rol como magistrada es asegurar el respeto a la Constitución Política de 1991 y, con ello, a los derechos fundamentales de todas las personas.
Gerardo Botero, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Foto:Archivo particular
Un togado de la Corte Suprema dijo que no era equitativa una terna en la que falta un hombre. ¿Cómo recibió esa postura viniendo de un alto dignatario?
Entiendo que ese caso concreto se ha discutido en el marco de una acción de tutela. Por tanto, pese a lo importante que considero la discusión, prefiero abstenerme de opinar en este momento, por el impedimento que ello me generaría para participar en el posible debate de este asunto, pues eventualmente puede ser conocido por la Corte Constitucional.
La alcaldesa Claudia López contó que este tipo de cosas se extienden a otras ramas del poder público. ¿Comparte su postura y la abre al sector privado?
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López habla en entrevista para El Tiempo sobre el metro de Bogotá.
Foto: César Melgarejo/ El Tiempo Foto:César Melgarejo/ El Tiempo
De manera general puedo señalar que en distintas oportunidades la Corte Constitucional ha determinado que las políticas de acción afirmativa son herramientas diseñadas para corregir desigualdades y promover la inclusión.
Sin embargo, cada situación debe ser examinada en su contexto específico para asegurar que está en conformidad con la Constitución y los valores que ella promueve. En cuanto a la aplicación de principios similares en el sector privado, es importante recordar que ese sector también está sujeto a la Constitución y a las leyes que prohíben la discriminación y que promueven la igualdad de género.
Esto no quiere decir que las empresas privadas deban adoptar medidas idénticas a las del sector público, sino que deben asegurarse de que sus políticas y prácticas laborales estén en consonancia con los principios de igualdad y no discriminación consagrados en nuestra carta política.
¿Cuál cree que puede ser un mecanismo idóneo para que la equidad no se quede solo en la base piramidal?
El reparto del cuidado es una medida urgente, puesto que existe una estrecha relación entre la carga que han debido asumir las mujeres.
Las mujeres enfrentan mayores dificultades que los hombres para ganarse un lugar en el ámbito público –que a pesar de todos los avances sigue siendo visto como un espacio al que, en principio, no pertenecen– y en particular en las esferas de poder en las que se toman las decisiones fundamentales; soportando mayores cargas de trabajo reproductivo y de cuidado.
De manera que el reparto del cuidado es una medida urgente, puesto que existe una estrecha relación entre la carga que han debido asumir las mujeres, que implica para ellas la necesidad de invertir más tiempo que los hombres en actividades que deben ser compartidas. La mayor carga de trabajo que, en general, asumen las mujeres en el ámbito doméstico afecta su inserción en la esfera pública, pese a tener las competencias intelectuales y profesionales que se requieren.
Diana Fajardo, presidenta de la Corte Constitucional. Foto:Cortesía Corte Constitucional
De ahí que, para lograr que la equidad de género en el interior de la Rama Judicial no se quede solo en la base de la pirámide, se requieren cambios sociales y culturales más amplios para transformar la matriz cultural a la que me he referido, que a la vez que confina a las mujeres al espacio doméstico le niega un lugar en la esfera pública, especialmente en los ámbitos de ejercicio del poder.
Necesitamos avanzar en la comprensión de la lógica sobre la que se edifica este orden patriarcal y de los mecanismos a través de los cuales se reproduce. A esa transformación puede contribuir la Rama Judicial, por ejemplo, implementando medidas que permitan conciliar la vida laboral de las y los servidores judiciales con el trabajo de cuidado que desempeñan en la esfera doméstica. Asimismo, introducir en los sistemas de provisión de cargos en las cúpulas de la Rama Judicial medidas que remuevan los obstáculos que han dificultado el a estos espacios no solo a las mujeres, sino a otras personas cuya identidad de género ha estado subrepresentada en la esfera pública.
¿Cree que se necesitan más reformas para garantizar una mayor presencia de mujeres en cargos de poder?
A pesar de los avances significativos, todavía hay desafíos importantes en la consecución de la paridad de género. El balance en las estructuras del Poder Judicial muestra una tendencia que va desde una representación femenina mayoritaria en los niveles inferiores hacia una representación menor en los niveles superiores, reflejo del conocido “techo de cristal”.
El enfoque no debería ser únicamente cuantitativo, sino también cualitativo.
Las reformas son instrumentos de cambio y deben concebirse como parte de un proceso evolutivo y continuo. La promulgación de leyes y políticas que apunten a la equidad de género en posiciones de poder es crucial, pero igualmente lo es el análisis de las barreras sistémicas que impiden que estas reformas se traduzcan en una participación equitativa.
Este no es un asunto que pueda abordarse únicamente a través de cuotas o medidas temporales, requiere una transformación sostenida y profunda de la matriz cultural, de la cultura organizacional, de los procesos de selección y de los mecanismos de apoyo y formación que aseguren que las mujeres no solo accedan a cargos de poder, sino que también prosperen en ellos.
Por tanto, el enfoque no debería ser únicamente cuantitativo, sino también cualitativo, promoviendo un cambio cultural que fomente el liderazgo femenino y diverso dentro del sistema judicial y en todos los espacios de poder. Es esencial seguir revisando y mejorando los protocolos de equidad de género; y valoro profundamente espacios como este para continuar esa discusión. De esta forma, buscamos no solo cumplir con un mandato constitucional, sino también con el compromiso ético de construir una sociedad más justa.