Aunque hoy
Juan Carlos Granados Becerra se posesionó como magistrado en la nueva
Comisión de Disciplina Judicial -junto con otras seis personas que conformarán esta institución que se encargará de las investigaciones disciplinarias contra jueces, abogados y fiscales-, arrancará su periodo con un juicio en la Corte Suprema de Justicia por el caso Odebrecht.
EL TIEMPO conoció que en un auto del magistrado Ariel Augusto Torres, firmado el martes 12 de enero, es decir ayer,
se fijó la fecha para que Granados comparezca a la acusación a la que ya había sido citado para el pasado 7 de diciembre, diligencia que fue suspendida, porque Granados aseguró que no tenía abogado, a pesar de que la audiencia había sido citada desde el 20 de agosto del año pasado.
Según ese auto, Granados fue citado a la acusación el próximo 3 de febrero, es decir, en tres semanas.
Aunque se desconoce si ahora Granados ya tiene un abogado, fuentes de la Corte explicaron que la acusación -que es el comienzo para el juicio- se desarrollará en la Sala Especial de Juzgamiento del alto tribunal y, si el nuevo magistrado llega sin defensor, la Corte le asignará uno público, como le había advertido cuando accedió a aplazar la diligencia.
Justamente en diciembre la Corte permitió que se suspendiera la audiencia, señalando que al no tener abogado no podía hacerse la acusación. Según Granados, se había quedado sin defensor porque no había llegado a un acuerdo sobre el salario de Darío Bazzani, quien iba a representarlo.
El proceso contra Granados se inició en el 2018, cuando la Fiscalía General le imputó cargos ante el Tribunal Superior de Bogotá por supuestamente intentar beneficiar a Odebrecht cuando fue candidado y luego gobernador de Boyacá entre 2012 y 2015.
Según la imputación de la Fiscalía, Granados recibió dinero de Odebrecht para intentar adjudicarle la obra vial Duitama-Charalá-San Gil. En su momento, la Fiscalía señaló que el exgobernador supuestamente recibió entre el 3 y el 5 por ciento de lo que costaba la obra. Y en el proceso también figura un supuesto pago que llegó a través del exsenador Plinio Olano Becerra, de 200 millones de pesos, cuyo objetivo supuestamente era financiar la campaña a la gobernación de Granados.
Granados siempre ha dicho que estas acusaciones no son ciertas y que responderá ante las autoridades los cuestionamientos.
Sin embargo, si hoy se posesiona finalmente se desconoce cuál será la institución que seguirá teniendo la competencia para mantener el juicio, pues algunos afirman que como magistrado tendría fuero y eso significa que su proceso debería pasar primero por la Comisión de Acusación de la Cámara y el Congreso.
Aunque en entrevista con EL TIEMPO Granados dijo que ir a la Comisión de Acusación o seguir en la Corte Suprema no es una consideración suya, y que se mantendrá en la instancia que lo requiera, no se descarta que el próximo 3 de febrero, cuando arranque su juicio, decida solicitarle a la Corte que envíe el proceso al Congreso.
En el legislativo Granados fue elegido por una aplastante votaación (186 votos) después de ser ternado por el presidente Iván Duque.
Si Granados llegar a alegar que ahora su caso debe seguir en el Congreso, la Corte Suprema de Justicia tendría que pronunciarse sobre si sigue siendo competente para iniciar el juicio en su contra. Y si llegara a existir un conflicto de competencias, este tendría que ser resuelto por la Corte Constitucional.
REDACCIÓN JUSTICIA
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