Radican queja contra Tribunal de Ibagué por orden de arresto a Duque

En un documento de 14 páginas la Presidencia de la República consignó la queja disciplinaria contra los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué que, hace unos días, declararon en desacato a Iván Duque y ordenaron su arresto domiciliario por cinco días por desconocer un fallo de tutela sobre el Parque Nacional de los Nevados.

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La queja de Presidencia es por la presunta conducta de prevaricato por acción por parte de los magistrados Carlos Orlando Velásquez, Mónica Jimena Reyes Martínez y Amparo Emilia Peña Mejía.

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Tras hacer un resumen de los hechos que motivan su queja, la Presidencia aduce que las normas establecen las funciones y atribuciones que en materia sancionatoria tienen los tribunales cuando la persona a quien se pretende sancionar es el Presidente de la República, puesto que él tiene un fuero especial "y nada ni nadie, puede, arbitrariamente, interpretar las normas de manera caprichosa".

Así mismo, la queja cita pronunciamientos de altas cortes, como la sentencia C092 de 1997 de la Corte Constitucional, para decir que cualquier sanción como esta, que limita la libertad del Presidente, debía ser tomada únicamente por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

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"Independientemente de la fuente generadora del acto sancionatorio, en el caso del Presidente de la República y al contener éste un aspecto de sustrato penal, por la limitación a la libertad, debe y tiene que ser ordenado únicamente por quien la Constitución ha designado, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes", se lee.

Así mismo, el documento señala que los magistrados que sancionaron a Duque actuaron de forma dolosa, usurparon las funciones establecidas por la Constitución y la ley a la Comisión de Acusación, e incurrieron en una falta gravísima al ordenar la privación de la libertad a alguien que les estaba vedado sancionar.

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Por todo ello, la Presidencia pide que los tres magistrados sean sancionados por cometer una falta gravísima. Ahora el caso quedará en manos de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.