Piedad Córdoba: los cinco ejes que componen su expediente en la Corte Suprema

La exsenadora Piedad Córdoba Ruiz fue llamada a versión libre por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que la investiga preliminarmente por presunta relación con la antigua guerrilla de las Farc.

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Pero, ¿exactamente por qué la indagan? El expediente reúne 14 denuncias presentadas contra Córdoba (incluida una de un asambleísta del Ecuador y una de Roy Barreras) y seis compulsas de copias realizadas por la Fiscalía General.

Las denuncias que se recopilaron a lo largo de varios años en este proceso corresponden a una denuncia del exrepresentante a la Cámara Augusto Posada, otra del exsenador Roy Barreras; una del exasambleista del Ecuador Fernando Villavicencio; una anónima; otra firmada por un ‘Colombiano con anhelo de igualdad’; y otras presentadas por separado por Paola Chávez, German Castro, Oswaldo Rosado, Luis Antonio Posada, Gustavo Adolfo Muñoz, Pedro Capacho, Alfonso Cabrales, Iván Darío Soto y Jaime Augusto Alazate.

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Y las compulsas de copias para investigar a Córdoba por parte de la Fiscalía 20 Especializada y la Unidad Antiterrorismo, remontan al año 2010.

Las denuncias, en términos generales, señalan que supuestamente Córdoba habría iniciado acercamientos con la entonces guerrilla de las Farc desde 1998 cuando era congresista. También aseguran que supuestamente “frecuentaba los asentamientos” del grupo guerrillero debido a cercanía con integrantes del Secretario, sin autorización oficial.

Esa supuesta cercanía se habría visto delegada en las manifestaciones políticas realizadas por Córdoba en diferentes escenarios y en instituciones educativas. Así las denuncias reseñan el ya conocido episodio del 11 de marzo de 2007 cuando la congresista acudió a un simposio llamado ‘Los Partidos Políticos y una Nueva Ciudad’ en Ciudad de México.

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Allí, Córdoba hizo un llamado a los países de América Latina para cortar relaciones en Colombia, cuestionando al entonces Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, lo cual motivó varios peticiones de investigación y un fuerte ambiente político en su momento.

También se cita un encuentro del 9 de abril de 2008 en la Universidad Nacional de Colombia en el que supuestamente, según las denuncias, habría incitado a los estudiantes a la “rebelión”; y una del 5 de junio de 2008 realizada en el Teatro de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) en el que Córdoba dijo:

“Colombia necesita muchas María (sic) Cano vivas, muchos Camilo Torres vivos y muchos hombres que sean capaces de resistir la lucha, así como también lo hizo Manuel Marulanda (fallecido jefe guerrillero) luchando contra el establecimiento”.

El expediente que cursa en el despacho de la magistrada Cristina Lombana también reseña que supuestamente Córdoba era conocido con los alias de ‘Teodora’ y ‘La Negra’ y que habría tenido encuentros con integrantes del Secretariado para “coordinar acciones”.

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Las denuncias aseguran que Córdoba “se posicionó dentro de la organización como asesor, estratega política y hasta vocera nacional e internacional”. Eso sí, las denuncias tienen en cuenta que Córdoba fue autorizada por el entonces presidente Uribe para mediar en la liberación de las personas secuestrados junto al entonces Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, entre agosto y noviembre de 2015.

Lo que afirman las denuncias es que Córdoba habría usado el “intercambio humanitario” para favorecer su carrera política. En este punto ha sido clave el testimonio que su antiguo asesor Andrés Vásquez, quien indicó que supuestamente Córdoba se habría atravesado a la liberación de Íngrid Betancur, demorándola, para que Francia entrara a hacer presión en favor del intercambio humanitario.

Esas declaraciones han sido rechazadas por la defensa de Córdoba que ha insistido en que no hay una sola prueba de que la congresista tuviera nexos con las Farc, recordando que la gestión se realizó con autorización.

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En abril de 2022, EL TIEMPO reveló la declaración completa que Betancur entregó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema el 16 de febrero de ese año, en la que se habló del secuestro que sufrió entre febrero de 2000 y el 2 de julio de 2008, cuando fue liberada por el Ejército.

“Lo que el país conocía. No tuve información especial. No creo que para nadie es un secreto que ella era cercana a las Farc. Es más creo que en el proceso de paz eso era muy obvio, el que se adelantó en la presidencia de Juan Manuel Santos", señaló en esa declaración.

La excandidata presidencial agregó: “no escuché (en cautiverio) que le dieran recursos (a Piedad) pero si, múltiples veces, que la consideraban 'de ellos'. ¿Qué quiere decir 'de ellos'? No sé si eso involucre apoyo económico", dijo.

En la diligencia, la magistrada Lombana le preguntó a Betancur si supo cómo o en qué momento Piedad Córdoba obtuvo o con la guerrilla de las Farc. “No sé. Lo que sí sé es que en el Congreso todos sabíamos que Piedad tenía relación directa con los comandantes de las Farc. Ella lo decía también. Era una cosa que se veía como algo normal porque entre otras porque estábamos en un proceso de paz, en unos diálogos, y había mucha gente visitando a las Farc”, señaló.

Las denuncias que reposan en este expediente también aseguran que luego de esa gestión, Córdoba se habría alegado de sus funciones como congresista, aún ganando salario, y supuestamente habría traído dólares desde Venezuela en sus maletas.

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“Se le enrostra que valiéndose de su cercanía con el Gobierno del fallecido presidente Chávez, aprovechó sus estadías en Venezuela y dispuso que uno de los de su UTL permaneciera por periodos prolongados en ese país para, posiblemente, recuperar cartera que le adeudaba la Comisión Nacional de istración de Divisas –Cadivi-, a empresarios ‘amigos’ colombianos que exportaban sus productos hacia Venezuela, celebrar negocios con el gobierno bolivariano o intermediar en favor de empresarios venezolanos o colombo-venezolanos ante el mandatario vecino, para que no les expropiara sus bienes, todo a cambio de remuneración”, dice textualmente la indagación.

También es objeto de investigación en este caso, de acuerdo con las denuncias y las compulsas de copias reseñadas, una supuesta relación con el empresario colombiano, hoy preso, Álex Saab desde el año 2009.

Acá se señala a Córdoba de haberle ayudado a recuperar dinero del Cadivi y de crear una relación posterior que implicó que Saab usara una de sus empresas para recaudar dineros para Córdoba.

En ese sentido, dice el expediente que reposa en la Sala de Instrucción, se habría logrado que una de esas empresas creadas por Saab consiguiera un contrato millonario con el Gobierno de Venezuela para la construcción de viviendas, a pesar de que supuestamente no tendría experiencia alguna.

El expediente que reposa en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, y que todavía es una investigación previa y no formal, dice: “Se sostiene que, Juan Luis y Camilo Castro Córdoba –hijos de la senadora-habrían sido delegados por ella para el manejo de sus negocios con Alex Saab, al punto que este fue designado presidente de la empresa Papalma Investment SA de propiedad de los Castro Córdoba”.

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Una de las compulsas de copias que la Corte recibió desde la Fiscalía contiene correos electrónicos interceptados en el marco de una investigación por concierto para delinquir por financiación de actividades terroristas que, “dan cuenta de la existencia de la empresa Led Media Colombia” creada por instrucciones de Carlo Balilla Battistini Samudio, verdadero propietario, quien para los años 2009 y 2010 financió eventos, sufragó gastos publicitarios, pagó tiquetes aéreos para la senadora Córdoba Ruiz, su familia y terceros, presuntamente ordenados por ella de manera directa o por conducto de sus colaboradores”.

Y, por último, el expediente reseña un supuesto apoyo a Córdoba de parte de las Farc para las elecciones del año 2010, que habría consistido en presiones a personas para votar a su favor en algunas zonas del país.

En este proceso, la defensa de Córdoba ha negado reiteradamente la comisión de delito alguno, al tiempo que asegura que supuestamente no habría garantías en su contra en el proceso que adelanta Cristina Lombana.

Por eso, ha pedido varias veces la nulidad del caso, argumentando falta de competencia de la Corte Suprema para adelantar el proceso por hechos ocurridos después de la destitución de Córdoba por parte de la Procuraduría en 2010.

Además, ha cuestionado el comportamiento de la magistrada Lombana por las preguntas que ha realizado a los testigos que se han presentado en el caso y por, supuestamente, impedir objetarlas en las diligencias, al punto de indicar que la jurista ha hecho interrogatorios “hostiles”.

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