Abecé de la polémica de los dos magistrados 'eternos' de la Judicatura

Los nombres de los magistrados Julia Emma Garzón de Gómez y Pedro Alonso Sanabria Buitrago, de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, son bien conocidos entre las cortes.

Esta semana, el de Garzón sonó por una controversial decisión con ponencia suya en la que le ordenó a la Corte Suprema de Justicia apartar al magistrado que tiene el caso del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos. 

Y el de ambos magistrados volvió a sonar este jueves, con un comunicado en el que anunciaron que habían puesto a disposición del Congreso sus cargos. ¿Por qué son tan controversiales estos dos togados?

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La Constitución establece que el periodo de los magistrados es de 8 años. No obstante, Garzón y Sanabria ya llevan 12, es decir, se han quedado en sus puestos 4 años más de lo legalmente establecido.

La razón, según han aducido, es que hasta que no se elijan nuevos magistrados en propiedad para remplazarlos pueden seguir allí. 

Y es que en 2015, la Reforma de Equilibrio de Poderes eliminó la Sala Disciplinaria, de la que hacen parte, y ordenó crear en su remplazo la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pero esto no ha sucedido. 

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La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dejó de existir en la ley hace 5 años, pero en la práctica ha seguido funcionando en interinidad desde entonces. 

Aunque debió ser reemplazada por la Comisión de Disciplina Judicial desde 2016, esto no ha podido hacerse porque en 2017 y 2018 el Consejo de Estado anuló las convocatorias públicas que el consejo Superior de la Judicatura –antes llamado Sala istrativa– y Presidencia para elegir a los nuevos magistrados de esa Comisión.

El nuevo órgano debe conformarse por 7 togados elegidos por el Congreso de 4 ternas enviadas por la Judicatura, y 3 por el Presidente de la República. Esas ternas deben conformarse mediante convocatoria pública, pero en su momento el Consejo de Estado dijo que esa convocatoria debía reglarse por una ley estatutaria, la cual nunca se hizo.

Pero la solución llegó hace un mes cuando la Corte Constitucional, al revisar una tutela de la Judicatura contra el fallo con el que el Consejo de Estado anuló su convocatoria, dijo que no hace falta una ley estatutaria, y que este año, antes del 20 de diciembre, debe quedar lista la Comisión.

Dijo, además, que un periodo de magistrado que supere los 8 años es inconstitucional y que este periodo no puede alargarse haciendo interpretaciones de que puede ir hasta que elijan a magistrados de remplazo.

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Los dos magistrados no solo han recibido críticas por haberse atornillado a sus puestos, sino porque en la Sala hay poca transparencia sobre sus actuaciones. 

Sanabria y Garzón son los únicos magistrados en propiedad que tiene en este momento la Sala Disciplinaria, pero además de ellos hay 5 magistrados provisionales. Estos no han sido elegidos por el Congreso, como manda la ley, sino por la misma sala con procedimientos que se desconocen.

De hecho, en septiembre de 2019, mediante un derecho de petición, EL TIEMPO pidió información sobre cómo fue y cuándo se hizo la designación de los otros 5 magistrados, información que fue negada con el siguiente argumento: "Esta información hace parte de la hoja de vida de cada magistrado, por cuanto fueron elegidos por sala plena, tal y como consta en las respectivas actas, esta información es objeto de reserva".

Este diario también consultó por la fecha de ingreso y de terminación del periodo de cada uno de los magistrados de la Sala, información que fue negada por la misma aduciendo que dichos datos hacen parte de las hojas de vida de los magistrados y que, por lo tanto, eran reservados. Esto, a pesar de que las fechas de ingreso y salida de togados son públicas y es una información que las demás altas cortes exhiben en sus páginas web.

De hecho, de las 9 preguntas que formuló en ese entonces este diario, solo dos fueron respondidas medianamente, para todas las demás la respuesta varió entre "es reservado" y "es dispendioso/no nos corresponde".

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