Indígenas de la Sierra Nevada piden implementar la línea negra

Mientras las altas cortes fallan sobre el decreto 1500 del 2018, uno de los últimos firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos y con el cual reglamentó la ‘línea negra’ de protección del territorio ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta, los pueblos indígenas de esa región le piden al gobierno Duque que avance en su implementación.

EL TIEMPO asistió a la más reciente reunión, el 23 de noviembre en Valledupar, en la que se manifestaron las incertidumbres que tienen los arhuacos, koguis, wiwas y kankuamos sobre lo que llaman la “protección integral” de su territorio.

Ese día, los gobernadores de los cuatro pueblos, acompañados de mamos y hombres y mujeres de sus comunidades, esperaban que llegaran los ministros del Interior, Ambiente y Cultura. Pero debido a la situación de orden público por el paro nacional, los ministros se quedaron en Bogotá y enviaron a delegados.

Ante la ausencia de los ministros, el cabildo kankuamo, Jaime Arias, dijo que el acuerdo al que habían llegado en una reunión previa era la presencia de los ministros. “Entendemos la situación que se está dando en el país, pero hemos hecho un gran esfuerzo para llegar a esta reunión”, dijo.

Un día antes, los cuatro pueblos de la Sierra se citaron en la comunidad Ikarwa para deliberar sobre la posición conjunta que presentarían ante el Gobierno. Aunque los representantes koguis no llegaron al encuentro por el largo recorrido, los demás pueblos concertaron que su posición, más que entrar en puntos específicos, sería reclamar al Gobierno la “protección integral del territorio”.

Aunque Carolina Duque, antropóloga y funcionaria del Ministerio del Interior, aseguró que los presentes tenían vocería para la toma de decisiones, los indígenas se mantuvieron en su posición de no avanzar en ninguna concertación sin los ministros en la mesa.

Aunque el gobierno Santos firmó el decreto de la línea negra un día antes de dejar la presidencia, hace casi año y medio, las comunidades indígenas señalan que hasta ahora ni siquiera se ha hecho el mapa a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi que delimita la zona exacta por donde cruza, y que contiene 348 sitios que los pueblos de la Sierra consideran sagrados para sus prácticas.

Aseguran que varios de esos espacios ya están en riesgo por proyectos que se quieren desarrollar. “Se ha planteado que se revise realmente el direccionamiento que hay para la Sierra, como un territorio para la conservación, para la protección, y no para la explotación, y ahí es donde ha habido el distanciamiento con los gobiernos frente a lo que se hace, sobre todo las políticas extractivistas, mineras y megaproyectos. No es posible que la Sierra se visione en ese sentido”, dice Jaime Luis Arias, secretario del Consejo Territorial de Cabildos (CTC) e indígena kankuamo.

Por su parte, Gélver Zapata, líder arhuaco, dice que ellos ven posible “concertar con privados a través del diálogo y de la construcción de instrumentos” como los que dispone el decreto, “pero lo que no vemos posible es, después de la explotación minera y después de la desaparición de esos espacios, reconstruir eso”.

La minería es quizás uno de los asuntos más complejos. En un informe presentado por la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre la minería de oro de aluvión se concluye que en la zona del resguardo de la Sierra no había, hasta 2018, presencia de esta forma de minería. Sin embargo, los indígenas señalan que sí hay proyectos de extracción de otros minerales, como cobre y carbón.

Un informe del Ministerio del Interior del 2014 da cuenta de 132 titulaciones mineras dentro de la línea negra, de las cuales 15 coincidían con sitios sagrados para los pueblos indígenas. También señalaba la existencia en 2014 de 263 solicitudes mineras en el mismo territorio, 29 coincidentes con sitios sagrados. Estas pasaron a ser 244 en 2017 y las titulaciones se mantuvieron.

Los pueblos indígenas han interpuesto tutelas, que les han sido rechazadas por el Tribunal Superior de Valledupar. Una de estas fue seleccionada por la Corte Constitucional en octubre del 2017 y este año ese tribunal ordenó practicar pruebas sobre, por ejemplo, la presencia permanente u ocasional de los indígenas en la zona y el estado de las consultas previas.

En junio, los indígenas extremaron sus peticiones a la Corte, cuando pidieron anular todos los títulos mineros ya concedidos, suspender los trámites de solicitudes en curso y no conceder títulos adicionales.

El decreto de línea negra también afronta una demanda de nulidad en el Consejo de Estado, presentada por el abogado Yefferson Mauricio Dueñas y en la que figuran como coadyuvantes, entre otros, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, Asocapitales y la Asociación Colombiana del Petróleo.

Los indígenas les piden a las altas cortes que fallen de fondo, pero defienden que aun si llega a ser tumbado el decreto, seguirán defendiendo los mismos principios: “No somos enemigos del desarrollo”, dice el mamo wiwa José Gil Límaco. Pero consideran que los grandes proyectos, aún si se realizan en la parte baja de la Sierra, desestabilizan todo el ecosistema del lugar, al que entienden como una red conectada en el “corazón del mundo”, como la llaman.

EL TIEMPO se acercó al director de asuntos étnicos del Ministerio del Interior, Manuel Aljure, quien presidió la reunión del 23 de noviembre en Valledupar, pero este respondió que no era vocero oficial ante los medios para responder las incertidumbres de los pueblos indígenas.

La próxima reunión está pactada para el 20 de diciembre.

JUAN DAVID LÓPEZ MORALES

Twitter: @LopezJuanDa

Redactor de Justicia