Corte acata tutela de Sala Disciplinaria pero cuestiona su legitimidad

La Corte Suprema de Justicia cumplió la orden que le dio la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quien le dijo que debía separar al magistrado Ariel Augusto Torres del proceso que se sigue contra el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero. Ramos es juzgado por concierto para delinquir por supuestos vínculos con paramilitares. 

Aunque la Corte cumplió el fallo de la Sala Disciplinaria, llamó la atención de las autoridades competentes –que en este caso sería la Corte Constitucional– para que si así lo consideran revisen el fallo de esa sala, proferido el 28 de septiembre, con ponencia de  Julia Emma Garzón. Esta magistrada, así como Pedro Sanabria, también de la Judicatura, han sido cuestionados por llevar 12 años en su cargo, pese a ser elegidos para un periodo de 8. 

Según la Corte Suprema, de la sola lectura del fallo de la Sala Disciplinaria "es evidente que esa institución perdió su competencia" para conocer tutelas desde la reforma del equilibrio de poderes, es decir, desde el 2015 y, con mayor razón, desde el 2017 cuando hubo un fallo de la Corte Constitucional en ese sentido para que ya no conociera más recursos contra la Corte Suprema. 

Además, afirma la Sala Plena de la Corte Suprema, la decisión que separó al magistrado Torres del caso de Ramos se dio sin ninguna prueba. 

En cambio, afirma el alto tribunal, la Sala Disciplinaria pasó por alto que aunque en el caso de Ramos se habían presentado dos recusaciones contra el magistrado Torres, las dos habían sido negadas. 

"Sin fórmula de juicio, ni motivación, explicación o razón alguna, se le aparta por la supuesta filtración de un proyecto de fallo contra Ramos Botero, de la que no existe ningún elemento de prueba para responsabilizarlo", señaló la Corte. 

También, la Corte rechaza que la Sala Disciplinaria ordene que el nuevo magistrado al que le llegue el caso de Ramos presente una ponencia "diferente a la ya divulgada en los medios de comunicación". 

En su comunicado, la Corte Suprema también cita un fallo de la Corte Constitucional de hace un mes que ordenó darle paso a la conformación de la Comisión de Disciplina Judicial, que debe reemplazar a la Sala Disciplinaria de la Judicatura. 

La Corte Suprema dice que, según ese fallo, la situación de interinidad de esta Sala Disciplinaria, que fue eliminada de las leyes en el 2015, "mina la credibilidad de esa institución" y "deslegitima notablemente sus competencias". 

La decisión de la Sala Disciplinaria no solo fue criticada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Incluso, el magistrado Ariel Augusto Torres Rojas, quien era el ponente en el caso de Luis Alfredo Ramos, le pidió a Julia Emma Garzón que antes de enviar el expediente a la Corte Constitucional anule el fallo. 

En primer lugar, Torres expone que la Sala Disciplinaria no tiene competencia para conocer tutelas contra la Corte porque, según las leyes vigentes, la única que puede revisar esos recursos es la misma Corte Suprema. "Autorizar a un juez unipersonal o a cualquier otro funcionario judicial o istrativo, que sea el juez de tutela de una Sala de la Corte Suprema de Justicia, constituye, entonces, clara violación de la Carta Política" y del decreto 1382 de 2002. 

De otro lado, el magistrado les recordó que, según el reciente fallo de la Corte Constitucional, los periodos de magistrados superiores a los 8 años son inconstitucionales pues, una vez, terminados esos 8 años, los periodos no se pueden prorrogar. Por eso, cuestionó que esta decisión la haya Tomado Julia Emma Garzón, quien lleva 12 años atornillada en el cargo, a pesar de ese pronunciamiento de la Corte. 

Según el magistrado, ninguna de esas consideraciones fueron tenidas en cuenta por Garzón a la hora de afirmar que ella tenía competencia y legitimidad para resolver la tutela de Luis Alfredo Ramos. 

Pero, además, el magistrado dice que las afirmaciones que hace el fallo de la Sala Disciplinaria son "conjeturas", pues esa Sala asegura que a Ramos se le vulneraron sus derechos a la igualdad y el debido proceso "sin contar con mínima evidencia que le pudiera servir de respaldo" para llegar a esa conclusión. 

Y es que el magistrado Torres Rojas afirma que no hay ninguna evidencia de que se hubiera filtrado ese proyecto de fallo y, que además, lo haya hecho su despacho, entre otras cosas porque él registró el proyecto de fallo el 24 de marzo de 2020, y la publicación que hizo Noticias Uno es del 12 de julio de este año. 

En resumen, el magistrado cuestiona que la Sala Disciplinaria le adjudicara ser el autor de una supuesta filtración de una ponencia, sin demostrar cómo llegó a esa afirmación ni por qué concluyó que él faltó a su deber de custodiar ese proyecto de fallo. 

Pero además, el magistrado asegura que lo que publicó el noticiero el pasado 20 de julio no tiene la capacidad de afectar la imparcialidad del magistrado, que había registrado su proyecto de fallo cuatro meses antes. 

"Sin hesitación alguna debo señalar que al separarme arbitrariamente del conocimiento del asunto, ni más ni menos se da en cohonestar la alternativa de que sea el procesado quien escoja su juez natural y no el normativamente preestablecido, lo cual tiene repercusiones insospechadas en el sistema jurídico que nos rige", afirma.

 Y agrega que esto llevaría, hipotéticamente, a que "cualquier sujeto procesal por medios ilegales y ante la maleabilidad de algún servidor público insensato, lograran acceder a información privilegiada de un asunto sometido a reserva a fin de publicarlo y así utilizarlo para de este modo sacar del camino al funcionario judicial que supuestamente resolvería en contra de particulares intereses, y dar lugar a que la actuación sea entregada a otro que pudiere brindarle un tratamiento favorable". 

Asimismo, el magistrado señaló que lo que buscaba Ramos con su tutela era separar al juez que llevaba el caso en su contra, y lo consiguió. Y dijo que ese fallo de la Sala Disciplinaria fue un "acto de decisionismo apartado de la Constitución y la ley". 

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