Incumplimientos en programa de sustitución de cultivos, a examen en la Corte

La Corte Constitucional itió para su estudio una tutela que presentaron 930 familias de 34 veredas del municipio de Miraflores, Guaviare, que alegan incumplimientos del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos al que se acogieron desde 2017 tras la firma del acuerdo de paz.

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Los campesinos, representados por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, aseguran que estos se acogieron al programa de buena fe y de confianza en el Estado y denuncian entrega de insumos dañados, animales muertos y una crisis económica en la región “sin precedentes que ha derivado de la entrada masiva de ganado de manera descontrolada a zonas de reserva forestal”.

De acuerdo con sus representantes, “el 44,6 por ciento de las familias aún no tiene proyecto productivo de ciclo corto y el 97,6 por ciento no tiene proyecto productivo de ciclo largo, componentes que habían sido acordados para el segundo año de implementación”.

Esta no es la única tutela que sobre el tema estudia la Corte, ya que hay otro expediente que versa sobre la misma problemática, pero de campesinos ubicados en Nariño, Cauca, Putumayo y Norte de Santander.

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La tutela fue seleccionada luego que los magistrados Cristina Pardo y Jorge Enrique Ibáñez Najar insistieran ante sus colegas sobre la necesidad de pronunciarse sobre este caso.

La jurista resaltó que “este caso puede ser tratado como un asunto novedoso, toda vez que el hecho de que la misma situación se presente en diferentes lugares de la geografía colombiana hace que haya posibles matices o pequeños cambios, por factores culturales propios de cada comunidad en particular, que a todas luces son sujetos de especial protección constitucional, donde se haría necesaria un pronunciamiento para brindarles una protección efectiva y oportuna".

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Pardo, además, dijo era necesario revisar la tutela "al ser evidente la necesidad de protección los derechos fundamentales de las familias campesinas accionantes, quienes se encuentran en una situación de marginación por el presunto incumplimiento de los acuerdos que suscribieron en el marco del PNIS".

"Este programa estatal marcó en este territorio una esperanza única de consolidar nuevas alternativas económicas y de superar la vorágine del cultivo de coca, con el agravante de que otras ayudas o subsidios fueron suspendidas por acogerse a este programa. Lo anterior de acuerdo a lo manifestado en el escrito de solicitud de insistencia", agregó.

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Por su parte, el magistrado Ibañez argumentó que “además de que esta es una oportunidad para que la Corte Constitucional se pronuncie más a fondo sobre el PNIS y el posible incumplimiento de las autoridades para materializar las obligaciones que se derivaron para el Estado del acuerdo de paz, permite que en la jurisprudencia se continúe desarrollando en torno a los campesinos como sujetos de especial protección constitucional”.

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