Álvaro Uribe: la hora cero en Fiscalía y lo que hay detrás en caso por soborno y fraude

Tres meses después de que el Tribunal Superior de Bogotá negó precluir el caso contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, la Fiscalía General de la Nación se apresta para tomar una nueva decisión al respecto. 

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Según se tiene previsto, el fiscal a cargo del caso, Andrés Palencia, definirá este martes qué procede tras revisar la documentación que hay en el proceso: pedir una nueva -y tercera- preclusión; o acusar al exmandatario de los colombianos.

Esa decisión se dará luego de que la Sala Penal del Tribunal de Bogotá encontró que no hay suficientes argumentos para precluir -o archivar- el expediente que tiene a Álvaro Uribe en calidad de imputado, por hechos que él ha negado en diversas oportunidades en intervenciones ante despachos judiciales, medios de comunicación y a través de sus abogados defensores.

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A manera de conclusión, el Tribunal, con ponencia del magistrado Carlos Andrés Guzmán, dijo que tras el pedido de cerrar este proceso por la supuesta atipicidad del hecho investigado y la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, "a lo largo de la decisión se pudo observar que en todos los eventos existen algunos vacíos probatorios que hacen que el Tribunal no pueda llegar al nivel de conocimiento exigido para revocar la decisión de primera instancia y, de esta forma, decretar la preclusión".

Básicamente, los tres togados que analizaron el expediente dijeron que hubo "incertidumbres sustanciales" en lo demostrado por la Fiscalía, la cual además tuvo "inconsistencias".

Los seis eventos a los que hizo alusión el fallo de la Sala en sus 269 páginas involucran a personas como Juan Guillermo Monsalve, el famoso testigo estrella del caso; el exparamilitar Carlos Enrique Vélez; Enrique Pardo Hasche; la exfiscal Hilda Niño; el ahora magistrado del CNE Álvaro Hernán Prada; Juan Carlos 'el Tuso' Sierra y otras personas que han sido ampliamente mencionadas en audiencias. 

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Todos sus actos parten de una supuesta idea que conocía el expresidente para conseguir testimonios a favor -que no lo salpicaran en nada malo- en algunas cárceles, tarea para la que habría enviado a ofrecerles beneficios a los internos a su abogado Diego Cadena, quien afronta un juicio por estos hechos. 

Para los defensores del exmandatario -los penalistas Jaime Granados y Jaime Lombana-, Álvaro Uribe es inocente de los dos cargos que han leído en su contra, pues dicen que nunca pidió a presos como Juan Guillermo Monsalve o Carlos Enrique Vélez que hablaran bien de él a cambio de dádivas. 

Algo distinto creen las cuatro víctimas acreditadas en este caso: Deyanira Gómez, Iván Cepeda, Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo. A través de sus representantes han insistido en que hay los suficientes argumentos para debatir sobre la presunta responsabilidad de Uribe en una etapa de juicio, algo que sería inédito en la historia de Colombia, pues nunca un exjefe de Estado se ha sentado en el banquillo de los acusados.

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A esa instancia no se ha llegado porque dos fiscales hicieron pesquisas, escuchado a testigos, analizado audios y otros documentos que los llevaron a considerar que no hay los elementos procesales para acusar al político antioqueño, jefe del Centro Democrático. En cambio, sí creyeron que había méritos para precluir el caso, pues no encontraron que Uribe haya delinquido; y si se cometió falta alguna, no mostraron evidencias de que él estuviera inmerso en actos ilegales. 

El primero en fracasar en su intento por precluir fue el fiscal Gabriel Ramón Jaimes, jefe de la Delegada ante la Corte Suprema de la Fiscalía. La juez 28 de Conocimiento de Bogotá le negó hace varios meses la preclusión argumentando que aunque no se podía inferir que el expresidente haya cometido delitos, tampoco podía deducirse lo contrario.

Algo similar sentenció la juez 41 de la capital cuando el fiscal Javier Cárdenas acudió a su despacho para pedirle lo mismo. La respuesta de la jueza el 23 de mayo del año pasado fue no, añadiendo que al parecer en su momento Uribe sabía que sus líneas telefónicas estaban interceptadas, y que por eso le contó a su abogado Diego Cadena que debían conseguir "solo la verdad".

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"Todo lo anterior le permite al despacho concluir que contrario a lo aseverado por el señor Fiscal sí existen elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permiten afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno en actuación penal sí ocurrió y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe. Por lo tanto la Fiscalía no acreditó la atipicidad del comportamiento y por tanto el Despacho negará la solicitud de preclusión", afirmó la juez Laura Barrera.

Ante la negativa de concederles esa segunda solicitud de preclusión, el fiscal Cárdenas apeló, por lo que la decisión pasó al Tribunal de Bogotá, que el 6 de octubre de 2023 confirmó la decisión del Juzgado 41 y por ende tampoco les dio la razón a la Fiscalía, Procuraduría y defensores de Uribe, las partes que han sostenido la tesis de que Uribe es inocente.

Días después, el caso pasó a manos del fiscal Palencia -también delegado ante la Corte- quien asumió el expediente que nació en el año 2018, cuando la Corte Suprema decidió vincular a un proceso penal a Álvaro Uribe por soborno y fraude, después de haberle archivado un caso al senador Iván Cepeda, hoy víctima.

En agosto de 2020, el alto tribunal ordenó la detención domiciliaria del expresidente, la cual se cumplió por unos días en su finca de Antioquia. En medio de ello, el detenido renunció a su curul en el Senado por el Centro Democrático, denunciando que supuestamente se le habían vulnerado ocho garantías procesales, y cuestionando el accionar del magistrado que adelantó el proceso en su contra.

Desde entonces, el expediente ha sido llevado en la Fiscalía ante jueces de la República, y consultados por EL TIEMPO, varios abogados han asegurado que el ente acusador podrá solicitar las preclusiones que considere necesarias, siendo además la única entidad con la potestad para llamar a un eventual juicio al exfeje de Estado.

Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49