Atención: Fue un fiscal de Bucaramanga el que avaló en 2020 la cuestionada casa por cárcel del prófugo alias Pichi

En las últimas horas se desató una polémica en el país por la fuga del peligroso delincuente Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, quien se evadió de su residencia en el exclusivo sector de El Poblado en Medellín, donde purgaba una condena de 7 años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado.

La fuga de 'Pichi' generó un cruce de acusaciones sobre las autoridades que presuntamente tenían la culpa de haberlo dejado en casa por cárcel, pese a su alta peligrosidad, y aún conociendo que también fue condenado en el año 2019 por el delito de fuga de presos, pues en 2015 se escapó por la ventana de un hospital en Girón, Santander, en el marco de una diligencia judicial.

"El Inpec dio siete alertas y envió una comunicación al juez informando la posible realidad de la fuga, alertas de julio, agosto y septiembre y solo se resuelve ayer (10 de octubre) sin conocimiento del Inpec desde el punto de vista formal. Es importante aclarar que el Inpec no puede hacer absolutamente nada sin la orden de un juez y que mientras la persona tenga prisión domiciliaria el Inpec lo único que puede hacer es lo que hizo: revisar que la persona esté en la casa y en este caso, cuando fueron, el hombre estaba en la casa ", expresó la ministra de justicia Ángela María Buitrago.

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La fiscal general Luz Adriana Camargo resaltó que 'Pichi' se encontraba bajo vigilancia de la Juez Tercera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín Mónica Patricia Londoño, quien revocó la orden de detención domiciliaria cuando se supo de la fuga. "Respecto de los reportes sobre el incumplimiento de la medida de prisión domiciliaria que tenía alias Pichi, lo que tenemos entendido es que él venía cumpliendo la pena, estaba bajo órdenes de un juez de ejecución de penas, es importante tener esa claridad. La Fiscalía tiene ahí una función limitada. Estamos, de todas maneras, muy comprometidos con lograr su recaptura", puntualizó Camargo.

Y la juez Mónica Patricia Londoño emitió un comunicado asegurando que ella no fue quien ordenó la domiciliaria, que la ordenó el "Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga, en sentencia del 23 de abril de 2020, al haber sido aprobado el acuerdo celebrado entre la Fiscalía, el procesado y su defensor, siendo declarado penalmente responsable del delito de concierto para delinquir agravado". 

La juez Londoño también aclaró que ella ordenó la revocatoria de la casa por cárcel el 8 de octubre, es decir, dos días antes de la fuga. Por otra parte, fuentes del Inpec aseguran que sólo fueron notificados de la decisión de la jueza Londoño a las 9 a.m. de este viernes 11 de octubre. 

Londoño explicó que concedió la domiciliaria sólo hasta agosto de este año, cuando se conoció la absolución que ordenó el Juzgado Segundo Especializado de Bucaramanga a favor de 'Pichi' por los delitos de homicidio agravado en concurso con porte y tráfico de armas y en concurso con porte y tráfico de estupefacientes.

EL TIEMPO accedió a la condena por la que 'Pichi' fue conducido a la casa por cárcel. El fallo firmado el 23 de abril del año 2020 por el juez Hernán Suárez Delgado condena a 'Pichi' a 90 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado y le concede la prisión domiciliaria. 

En el fallo se establece que la prisión domiciliaria fue preacordada entre el fiscal 124 especializado de Bucaramanga Henry Ardila Plata y el abogado de Pichi. "Procede el señor fiscal con la presentación de los términos del preacuerdo por medio de los cuales Óscar Camargo Ríos acepta su responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado, a cambio de lo cual se elimine el agravante específico de dicho delito determinándose como pena negociada la correspondiente a 90 meses de prisión", dice el preacuerdo.

"Igualmente se pacta la concesión de la prisión domiciliaria al considerar cumplidos los requisitos objetivos y subjetivos para el efecto conforme los artículos 38 y 38 B del Código Penal", se agrega. 

El procurador del caso Agustín Quiñones Forero también estuvo de acuerdo.

En el proceso por el que le condenaron, Pichi fue acusado como integrante de una organización delictiva, conocida como 'Los Pichis, que azotó a Bucaramanga entre 2017 y 2018. Su imputación por tráfico de estupefacientes fue anulada. 

"Se expone su rol como cabecilla principal del estamento delictivo aducido ejerciendo control y hegemonía en todo el sector de influencia y sometiendo a la comunidad afectada a sus órdenes, bajo la constante amenaza de lesión y muerte en caso de aviso a las autoridades, negarse a trabajar a favor de la organización o procurar la comercialización independiente de sustancias estupefacientes", indica la sentencia.

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia [email protected]