Fiscalía imputó cargos contra Daniel Quintero por el caso Aguas Vivas; pero la audiencia se retomará el 21 de abril

Después de dos aplazamientos, la audiencia de imputación por el escándalo de Aguas Vivas contra el exalcalde Daniel Quintero se instaló este martes en la tarde, ante el Juzgado 50 de Garantías, donde la Fiscalía le leyó la presunta comisión de dos delitos. La diligencia fue suspendida hasta el 21 de abril a las 2:30 de la tarde, fecha en la que el despacho se pronunciará ante algunas solicitudes de la defensa.

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Aguas Vivas es un lote de 146.686 metros cuadrados, ubicado en El Poblado, en el que hace años se programó la construcción de una obra llamada Ecoparque Las Palmas. A lo largo de los años, el predio ha pasado de dueño en dueño -primero la firma IDC Inversiones SAS y luego Técnicas Constructivas SAS- hasta llegar a manos de la Alcaldía bajo la figura de compensación de obligaciones urbanísticas futuras. 

La investigación a nivel penal que lleva Yarlecy Mena, una fiscal de la Seccional Medellín de la Fiscalía, parte de que en 2021, ya en poder de la Alcaldía, con artimañas legales se habría cambiado injustificadamente el avalúo del lote para beneficiar a un tercero, trámite del que habrían hecho parte varios exfuncionarios de la istración de Quintero. Así, se pasó de 2.700 millones de pesos a más de 48.000 millones.

El exalcalde, además, habría firmado un decreto para cambiarle el uso del suelo sin acudir a quien podían hacerlo: el Concejo de la ciudad.

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Por eso, junto a Quintero, los llamados a imputación por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y prevaricato por acción son Fabio García, exsubsecretario de Ejecución Contractual; Karen Bibiana Delgado, exsecretaria de Suministros y Servicios; Alethia Arango, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público; Ingrid González, exsecretaria de Gestión Humana; Leidy Jiménez; exsubsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores; Juan Manuel Villegas; Sergio López, exdirector de Planeación; Natalia Jiménez, exsubsecretaria de Ejecución Contractual, Yina Pedroza, exsubsecretaria de Movilidad; Carlos Mario Montoya, exsecretario de Gestión Contractual y Territorial; Juan Diego de Jesús Moreno, representante de IDC Inversiones SAS, y José Fernando Rueda, representante de Técnicas Constructivas SAS.

Ante la falta de abogado por parte de Ingrid González y Yina Pedroza, la fiscal pidió que ellas no sean incluidas en este paquete de imputaciones para así poder avanzar en sus intenciones. "Siempre hay un abogado que no puede", dijo la delegada de la Fiscalía, quien subrayó que este tipo de percances han sido con ánimos dilatorios.

A nivel político, el caso Aguas Vivas tiene enfrentado al alcalde Federico Gutiérrez con Daniel Quintero, pues el primero de ellos ha insistido en las supuestas responsabilidades de su antecesor, quien a su vez ha apuntado a que el actual mandatario de los medellinenses tendría que ver en este escándalo.

La fiscal dividió su imputación en dos bloques. El primero incluyó a Carlos Mario Montoya, Karen Bibiana Delgado, Sergio López, Natalia Jiménez, Alethia Arango y Leidy Jiménez. Ellos, al parecer "se interesaron indebidamente en provecho de un tercero -de la empresa IDC Inversiones y Técnica Constructivas y de la persona natural Juan Manuel Villegas- en la modificación, mediante el trámite de la solicitud extrajudicial, en el contrato de cesión gratuita del bien inmueble". Es decir, del lote Aguas Vivas, el cual se traspasó con una escritura pública del 27 de diciembre de 2019.

Según el ente persecutor, el interés indebido lo habrían ejecutado en distintas escalas, vulnerando los principios de transparencia, legalidad e imparcialidad que les correspondía garantizar. 

El historial de fechas que enlistó la fiscal Mena comenzó con que entre julio de 2017 y diciembre de 2019, de manera voluntaria y con conocimiento del procedimiento, ambas empresas y Juan Manuel Villegas le pidieron un concepto favorable al municipio para el predio, con el fin de compensar obligaciones urbanísticas. 

Su recorrido por días clave en el proceso tuvo como punto de partida el 2 de julio de 2019, cuando Juan Diego de Jesús Moreno como representante de IDC Inversiones SAS, dirigió un derecho de petición a la Alcaldía "solicitando le sea liquidado el valor de la zona geoeconómica (en la que está ubicada el predio)". Y 21 días después, le contestaron que el valor estimado era de 44.000 millones de pesos, pero que la liquidación iba a definirse una vez entregaran el bien de manera material.

Fue así como el 27 de diciembre de 2019, Moreno, Villegas y José Fernando Rueda, como representante de Técnicas Constructivos, firmaron la escritura pública para transferir el predio bajo una cesión gratuita. La intención que mostraron fue la de construir el Ecoparque Las Palmas.

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Sin embargo, en palabras textuales de la fiscal, el 18 de febrero de 2020, Moreno y Rueda le pidieron a la Alcaldía cambiar el negocio jurídico, "con el fin de establecer el plazo máximo de un año para que constructoras compensen sus obligaciones urbanísticas con el predio Aguas Vivas". Si no se lograba en ese lapso, los dos hombres solicitaron que entonces el municipio les pagara con plata. 

Otra fecha importante la situaron el 25 de febrero de 2020, cuando la Unidad de Adquisición de Bienes Inmuebles del municipio negó dicha solicitud, al determinar que era contraria al Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

El 10 de septiembre de 2020, Carlos Mario Montoya, "de manera arbitraria desconoció el concepto emitido por esta Unidad y de otras dependencias que ya se habían pronunciado sobre la negativa de este acuerdo, y mediante oficio indicó que se debe aclarar la escritura pública de diciembre de 2019, en el sentido de no recibir el inmueble para pagos por concepto de obligaciones urbanísticas, así como tampoco exigir la dotación por parte de los cedentes. También acordar el valor real del inmueble con base en el mapa de zonas geoeconómicas".

Para cumplir lo dicho por Montoya, otros exfuncionarios emitieron un avalúo comercial del 18 de diciembre, que terminó arrojando un valor de 42.719 millones de pesos. "Es decir, ya no se trataba de una estimación para aplicar compensaciones, sino que se trataba de un avalúo, y cuando hay eso ya vamos para un posible pago", narró Mena.

Ella siguió con que el 14 de abril de 2021, el mismo Montoya habría abusado de sus funciones y fijó un valor superior al debido, poniéndolo en 48.234 millones, "favoreciendo así a los solicitantes y facilitando dar apariencia de un ahorro en la propuesta conciliatoria".

El 16 de julio de 2021, ya con la nueva estimación, Moreno, Rueda y Villegas pidieron una conciliación extrajudicial con la que habrían buscado que se declarara que la Alcaldía había incumplido el contrato de cesión gratuita del 27 de diciembre de 2019, "cuando eran los particulares los que no habían dado cumplimiento a esta obligación, porque les faltaba la entrega material contenida en la cláusula", reclamó la fiscal. 

En esa línea, el 22 de julio de 2021, el abogado del municipio le pidió a la exsecretaria Karen Delgado un concepto sobre la conciliación, el cual se expidió el 6 de agosto. La decisión fue no acceder a ninguna pretensión de los empresarios, y por eso no se concilió.

Pese a ello, el 8 de septiembre, se programó ante la Procuraduría una audiencia de conciliación, aunque ese día Delgado la suspendió para reunirse de nuevo a discutir la situación. La mesa para ello la conformaron Carlos Mario Montoya, Sergio López y Natalia Jiménez, quienes a la final decidieron sí conciliar. El 13 de septiembre de 2021 se reunió ese mismo comité y confirmaron que sí iban a tomar esa vía, pero quienes la habían pedido (los empresarios) terminaron desistiendo.

En medio de los cambios de decisión, el 21 de septiembre de 2021, Moreno, Rueda y Villegas hicieron un segundo pedido con los mismos argumentos. Esta vez, Natalia Jiménez, Alethia Arango y Leidy Jiménez aprobaron la propuesta, "esto consistente en modificar la escritura pública para pagar el dinero por valor de 40.509 millones, cuando se trataba de una sesión gratuita".

Aunque ya las dos partes estaban de acuerdo y por eso el 10 de noviembre de 2021 se hizo la conciliación, esta no prosperó porque no había claridad frente a los pagos. Ocho días después, ese acuerdo fue aprobado y pasó a ser revisado por el Tribunal de Antioquia, que desde su Sala Quinta determinó que no se podía pagar para beneficiar a privados, porque una conciliación "no puede prestarse para comprometer recursos públicos sin sujeción al ordenamiento jurídico". 

El 14 de enero de 2022 esa decisión fue contrariada por Alethia Arango, y el 23 de septiembre el Consejo de Estado confirmó el auto del Tribunal de Antioquia, resaltando que no era posible que mediante una conciliación las partes pretendieran sanear la legalidad de un contrato, especialmente cuando se considera que contiene vicios que lo afectan de nulidad absoluta. 

La pelota pasó a otro exfuncionario el 26 de octubre de 2022, exactamente Fabio García, quien habría abusado de sus funciones al emitir la Resolución 202250110923 con la que terminó unilateralmente la cesión a título gratuito del lote Aguas Vivas, lo que habría ocasionado un detrimento patrimonial al no seguir lo dictaminado por el Tribunal y el Consejo de Estado. Con eso, las dos empresas recuperaron el control del lote.

La Fiscalía nombró directamente al exalcalde Daniel Quintero al indicar que junto con Fabio García expidió el Decreto 412 de 2023, por medio del cual se reglamenta el Valle del Software como un programa de ciencia y tecnología para Medellín. 

Con esa iniciativa tecnológica, en la ciudad se abrió la posibilidad para que privados que tuvieran terrenos en el Ecoparque Las Palmas desarrollaran sus proyectos urbanísticos relacionados con la construcción de hoteles. Eso sí, los interesados tenían que tener relación con el Valle del Software. 

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En ese momento, la fiscal seccional reseñó que "de la totalidad de 23 inmuebles recibidos por el municipio, y que obtuvieron concepto favorable para compensación de obligaciones urbanísticas, solo el lote de Aguas Vivas fue devuelto irregularmente a los anteriores propietarios". Así las cosas, Carlos Montoya, Karen Delgado, Sergio López, Natalia Jiménez, Alethia Arango y Leidy Jiménez habrían acordado criminalmente modificar el contrato solicitando la conciliación ya mencionada.

En la otra parte de la audiencia, la fiscal Yarlecy Mena se dedicó a leer los hechos por los cuales son imputados Daniel Quintero, Fabio García, Juan Diego de Jesús Moreno, José Fernando Rueda y Juan Manuel Villegas. Es decir, el exalcalde, su exfuncionario, los dos representantes legales y el tercer privado.

El primero en ser mencionado por la Fiscalía fue el exsubsecretario Fabio García, quien como se dijo anteriormente, el 26 de octubre de 2022 profirió la Resolución 202250110923 con la que se acabó unilateralmente la cesión a título gratuito del lote Aguas Vivas. Ese documento sería contrario a la ley porque para la fiscal se expidió "con falsa motivación".

Contra Daniel Quintero, el ente acusador enlistó dos delitos: peculado por apropiación y prevaricato por acción. Frente al último cargo, la fiscal Mena reseñó que se habría dado al expedir el Decreto 412 de 2023, con el cual se reglamentó el Valle del Software. Según ella, con eso se desconocieron varias normativas, como las que le asignan al Concejo de Medellín, y no al mandatario local, la competencia para modificar el POT.

Esos cambios hechos por la istración del exalcalde llevaron a que se empezara a construir un hotel que después tuvo que ser demolido. "Es decir, con la expedición del Decreto 412 se habilitó desconociendo la ley de licencias de construcción y urbanísticas vigentes hasta el 19 de julio de 2024, fecha en la que fueron derogados los artículos 32, 33 y 36. El Decreto es contrario al artículo 24 de la Ley 288 de 1997", narró la fiscal. 

Al momento de centrarse en el exalcalde, dijo que "le correspondió al señor Daniel Quintero firmar el Decreto 412 excediendo las competencias reglamentarias, además desconociendo la unidad de materia y violando el régimen de competencias".

En cuanto al supuesto peculado por apropiación, este incluye tanto a los tres privados como al exalcalde y su exsubsecretario. La fiscal recalcó que Quintero fue elegido para vigilar los derechos de los medellinenses, y en este caso tenía que velar por el lote de Aguas Vivas y representar sus intereses istrativos. Sin embargo, según la Fiscalía, habría faltado a sus funciones "respecto a su papel en el comité de conciliación y del personal que estaba a su cargo".

En específico, "a usted le correspondió omitir los deberes de vigilancia y control al designar como delegado del alcalde (a García), para conformar el comité de conciliación, al secretario general", le dijo la fiscal, subrayándole que tenía que sacar del cargo a Karen Delgado y Fabio García o asumir lo que estaba pasando desde octubre de 2021, cuando se conocieron los hechos públicamente en medios de comunicación.

Una vez finalizada la imputación, la procuradora del caso manifestó que a su criterio la lectura de cargos se hizo al pie de la letra, y que "la Fiscalía se excedió un poco en la narración que hizo, incluso circunstanciando situaciones o detallando aspectos, que considero podían ser indicativos de la materialidad de estas conductas. Pero ello tampoco puede entenderse como una irregularidad que afecte este acto de comunicación, por el contrario, se les están dando luces a los indiciados".

Por su parte, el exmagistrado Luis Antonio Hernández, quien defiende a Quintero, recordó que quiso una explicación de por qué la Alcaldía de Medellín estaba como víctima. En esa línea, solicitó que no los deje seguir participando de las diligencias.

"Se dijo del lote de la cesión de Aguas Vivas que se trataba de un banco de tierra donde posteriormente serán vinculados proyectos urbanísticos que pagarán su obligación en este suelo receptor, proyectos que tendrán aprobación previa de la Secretaría de Gestión y Control Territorial de Medellín", narró Hernández, quien se preguntó a quién le pagarían los constructores el valor de la tierra necesaria de Aguas Vivas: "desde luego a los propietarios o cedentes, a quienes el municipio no les recibiría materialmente el lote sino solo después de que los mismos dueños lo adecuarán a Ecoparque".  

Por último, manifestó que "en 2022, durante el gobierno del alcalde Daniel Quintero, el contrato de cesión celebrado en la istración del alcalde Federico Gutiérrez, fue declarado nulo por ser contrario a la ley. Se comunicó lo pertinente a la Fiscalía, y aunque quizá nada a partir de esa noticia ha sucedido, lo cierto es que hay un cuestionamiento penal respecto de ese contrato, que como mínimo es susceptible de tipificar una conducta punible de celebración indebida de contratos que podría comprometer al actual alcalde de Medellín y a otros funcionarios". Con esto, el exmagistrado quiso decir que hay un supuesto conflicto de intereses del alcalde Gutiérrez para ser víctima en este caso con la Alcaldía.

Por su parte, el abogado Santiago Trespalacios rechazó la imputación que se hizo contra sus dos clientes: Natalia Jiménez y Leidy Jiménez, pues a su criterio la fiscal no dijo cuál es el cordón umbilical que conecta a las exfuncionarias con un interés contractual indebido.

Ese tipo de intervenciones cuestionando a la fiscal Yarlecy Mena las hicieron otros penalistas como Óscar Santamaría, Juan Felipe Criollo, Santiago Tobón, Oswaldo Medina, quienes solicitaron un control material y formal. Después de escucharlas, el juez 50 determinó que se pronunciará al respecto el próximo 21 de abril, después de Semana Santa, desde las 2:30 de la tarde.

Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - [email protected]