“Manuel Antonio González Henríquez no solo desatendió su deber de velar por la seguridad de Luis Carlos Galán sino que avaló el irregular nombramiento de Jacobo Torregrosa con la única finalidad de debilitar el esquema de seguridad del político y hacerlo presa fácil de los sicarios que acabaron con su vida”.
González se convierte así en el segundo alto mando del DAS en ser condenado por aliarse con la mafia y los ‘paras’ de la época. El primero fue su jefe, el general Miguel Alfredo Maza Márquez, quien paga 30 años por el mismo crimen.
En los años más duros del narcoterrorismo, González fue la mano derecha de Maza en la definición de los equipos de seguridad de los hombres más amenazados del país. Lo que ha demostrado la justicia es que en los casos de José Antequera, Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, todos asesinados en esa época, hubo complicidad de escoltas asignados por el DAS. Incluso, como en su momento lo reveló EL TIEMPO, uno de los agentes que estuvieron en el esquema que no pudo proteger a Jaramillo fue asignado después al de Carlos Pizarro, asesinado en pleno vuelo entre Bogotá y Barranquilla en abril de 1990.
González no solo nombró a Jacobo Torregrosa como jefe de seguridad de Galán. Lo mantuvo en el cargo a pesar de las protestas de otros del esquema y, dice el fallo, era su interlocutor permanente en el DAS.
“Era tal la cercanía y la confianza que se tenían que el propio Torregrosa no acataba órdenes de sus superiores: por el contrario, realizaba toda consulta y procedimiento con” González, quien además lo recomendó para entrar al DAS.
Esto, según la juez, con pleno conocimiento de Maza. Los dos oficiales, dice, “actuaron de manera mancomunada en procura de beneficiar la acción delincuencial”, y para eso pusieron a cuidar a Galán a un hombre no solo no preparado para el cargo, sino cercano a la mafia.
La sentencia absuelve al comandante de la Policía de Soacha, el entonces capitán Luis Felipe Montilla, pues la juez consideró que la desprotección que facilitó el crimen se debió a órdenes de sus superiores: los entonces coroneles Gustavo Leal Pérez y Argemiro Serna, quienes “sin motivo ni justificación alguna” movieron del municipio la unidad de contraguerrilla que era necesaria para reforzar la seguridad la noche de la manifestación
“Desde el mismo comando de Policía Cundinamarca se tomaron medidas para restar o no suministrar personal que se tenía presupuestado”, dice la juez.
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