Condenan a Luis Alberto Gil por red ilegal del caso Santrich

La red intercedía en procesos como un trámite relacionado con la extradición del exjefe de las Farc.

Otro que no ha cumplido con la justicia y que mantiene su poder político es el exsenador y exjefe de Convergencia Ciudadana Luis Alberto Gil Castillo. Recuperó su libertad en marzo del 2012 y en los registros oficiales figura que no ha pagado uno solo peso de los 3.683 millones que les debe a las víctimas. Su esposa, Doris Vega, está en el Congreso. Foto: Archivo Particular

PERIODISTA16.07.2021 07:55 Actualizado: 16.07.2021 08:01

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El Juzgado Noveno Penal Especializado de Bogotá condenó a cuatro años y medio de prisión al excongresista Luis Alberto Gil Castillo, conocido como 'el Tuerto Gil', por su participación en una red criminal que ofrecía sus servicios para interceder o entregar información privilegiada de procesos judiciales y istrativos.

(En contexto: Niegan libertad por vencimiento de términos a 'El Tuerto' Gil)

Gil Castillo, quien logró un preacuerdo con la Fiscalía, había aceptado los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y tráfico de influencias. Ese reconocimiento fue avalado por la juez de conocimiento, quien lo declaró responsable de esos delitos, en calidad de cómplice.

El exsenador fue capturado en flagrancia el 1°. de marzo de 2019, en un hotel del norte de Bogotá. En el momento del procedimiento, estaba reunido con otros señalados integrantes de la organización ilícita que negociaban con una tercera persona distintas maniobras para congelar o dilatar un trámite relacionado con la extradición a Estados Unidos de Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich.

(Lea también: Esta es la captura de exsenador Gil y fiscal de JEP por caso Santrich)

Simultáneamente a ese encuentro, expuso la Fiscalía, en otro hotel, dos hombres recogieron una maleta con 460.000 dólares, que correspondían al pago por la mediación ilícita.

La condena, además del tiempo de cárcel, también impone al excongresita una multa de 1.424 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por cinco años.

La decisión es de primera instancia y contra la misma proceden los recursos de ley, como la apelación.

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