'El origen de este proceso fue totalmente político': Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe

El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por el supuesto soborno de testigos y fraude procesal entró en etapa de juicio esta semana. Jaime Granados, el abogado del exmandatario, cuestiona la imparcialidad de la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, quien lleva el caso.

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En diálogo con EL TIEMPO, el penalista expresó los reparos que tiene ante decisiones que se han tomado a nivel jurídico desde el año 2018, cuando el proceso empezó en la Corte Suprema de Justicia.

Lo primero que tenemos que decir es que no podemos engañarnos: el origen de este proceso fue totalmente político; surge en plena campaña para el Congreso y la Presidencia de 2018, se estaba investigando al líder, el senador más votado de la historia. Y aparece una investigación anterior de una denuncia formulada por nosotros en 2012, que justo se decide su culminación con el inhibitorio a favor de Iván Cepeda. Más allá de los méritos de esa decisión, que haya sido o no correcta, la Corte decidió eso el 16 de febrero de 2018, y el 21 de febrero -cinco días después- presenta Cepeda una denuncia que la Corte asume en averiguación y se la autoasigna el magistrado José Luis Barceló. Eso no es posible.

Ese magistrado conduce de manera sumamente ágil la investigación, a espaldas de los investigados: Álvaro Prada y Álvaro Uribe, quien le pregunta a la Corte si existe una investigación en su contra y le responden que no aparece relacionada. Como ya se menciona a través de filtraciones en medios de comunicación, el expresidente pregunta con número de radicación y no le contestan. Solo se entera el 25 de julio de 2018 con el llamado a indagatoria, es decir, le ocultaron ese proceso y además se le intercepta dizque por error.

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Mantienen la interceptación sabiendo que era Álvaro Uribe y no el congresista al que la Corte había ordenado escuchar. El analista dijo eso, lo informó a los cuatro días: el 14 de marzo de 2018, y aún así le mantuvieron durante un mes esa interceptación ilegal de comunicaciones. Todo eso que reclamamos pasó, es real, son hechos ciertos y que harán parte del debate en el juicio.

Siempre respeto las decisiones judiciales, lo que pasa es que es muy diferente la decisión del Tribunal a la de la jueza. En primera instancia avalan esas interceptaciones ilegales, no solo porque habían sido resueltas antes, sino además entró en consideraciones de fondo para decir que estaba bien. El Tribunal no hizo eso, dijo que por respeto al precedente de la Sala de Instrucción, no iba a entrar en controversias con la Corte. Pero que el planteamiento de exclusión que se había hecho en preparatoria había sido extemporáneo por prematuro, porque ese debate se tiene que dar en el juicio. Es ahí donde se establecerá si fueron o no bien hechas.

Estamos reflexionando con mucho cuidado frente a este tema, porque una tutela significaría, de alguna manera, ir en contravía del Tribunal y en ese sentido tengo que decir que esa decisión, si bien no la comparto, no fue irreflexiva; fue una decisión meditada, estudiada, argumentada. También hay que reconocer que nos dio la razón ampliamente al revocar la negativa de pruebas, más de 40 importantes para la defensa. Es un acto de verdadera imparcialidad, de actuar con ecuanimidad. Por eso, el tema de la tutela no se puede asumir con ligereza.

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Vamos paso a paso. Su origen es motivado por lo acá ya narrado, y en su desarrollo recordemos todo lo que pasó con el magistrado Reyes, temas que ya el presidente ha mencionado varias veces. ¿Por qué renunció al fuero de senador? Para estar en un escenario en el que sí hubiera garantías, que no era la Sala de Instrucción de la Corte. ¿Y qué pasa? Cuando va al sistema de justicia, se arma otro debate, que además se ha hecho de manera respetuosa, pero ocurren situaciones que son anómalas. ¿Cómo es posible que se diga que una imputación equivale a una indagatoria? Con esas reglas estamos jugando, la Fiscalía intentó dos veces una preclusión fallida, y por tercera vez decidieron no ir a preclusión, sino acusar. Pretendíamos que eso fuera con garantías y vimos desde el comienzo que la acusación venía sin garantías por parte del fiscal Villarreal, a quien después se le descubrieron sus vínculos con el exfiscal general Eduardo Montealegre.

Tenemos una serie de comportamientos de la jueza que preside el caso en donde constantemente nos acusa de desleales, de actuar de mala fe. Llegó a decir al Tribunal que yo estaba induciendo al error, es decir, que estaba cometiendo un delito contra el Tribunal, un fraude procesal. Y el Tribunal no le dio la razón. Eso lo está haciendo la jueza que preside el caso, es la misma que negó unas pruebas y el Tribunal le revocó esa decisión. No estoy diciendo que la actuación de la jueza sea motivada políticamente, no tengo ninguna razón para decirlo. Lo que estoy diciendo es que en el tema específico de la etapa en la que nos encontramos, vemos a una jueza que está en una postura beligerante en contra no solo de la defensa, incluso en contra del Ministerio Público. Llegó a sostener que estaba aliado con el defensor, es un irrespeto a la figura del procurador.

Hay dos sistemas a los que se puede acudir: ante la CIDH en Washington, y al sistema de Naciones Unidas en Ginebra. Estamos decantando ese tema, cuando ocurra y se cruce ese río se informará, por ahora cada día trae su afán. Estamos concentrados en la audiencia del lunes, a pesar de haber dejado la constancia de otro atropello más, porque sin tener competencia se están fijando unas fechas de cuatro días a la semana prácticamente a partir de marzo, aparte de las tres que restan de febrero. Eso tiene unas consecuencias sobre las cuales después se hablará. Ese ánimo presuroso, inusual que tiene la jueza de atropellar en este caso, nos preocupa.

A lo largo del proceso, la defensa de Álvaro Uribe ha cuestionado la interceptación que le hizo en 2018 la Corte Suprema al expresidente. Tras el aval de la jueza y el Tribunal de Bogotá para que esa pieza haga parte del juicio, la defensa dijo que hay “una preocupante desnaturalización de los principios constitucionales que rigen el debido proceso, la privacidad y la istración de justicia”. 

A juicio de Jaime Granados, ambas autoridades tuvieron una interpretación formalista “que prioriza la conveniencia probatoria sobre la legalidad y la legitimidad del proceso penal”. Por eso, insiste en que "una prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales debe ser descartada”. 

Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - [email protected]