Extinción de dominio no despega: solo 27 jueces para más de 7.000 procesos

En 1996, en medio de todo tipo de presiones para tratar de impedirlo, el Congreso de Colombia finalmente le dio vida a la extinción de dominio, la herramienta jurídica clave para golpear a todas las mafias donde más lo sienten: en sus finanzas.

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Casi tres décadas después, y con cifras billonarias incautadas a los corruptos, los capos del narcotráfico y del contrabando y a los barones de la guerra de todas las banderas, el balance de la extinción sigue siendo agridulce.

No obstante los ajustes hechos en estos 29 años persisten los cuellos de botella para sacar adelante los procesos judiciales sobre los bienes ilícitos. Simultáneamente, la desaparición de la cuestionada Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), que era la a de los bienes incautados, no cambió la historia de descontrol y corrupción alrededor de esas fortunas.

Año a año, las auditorías de la Contraloría a la SAE reportan millonarios detrimentos y bienes que, inexplicablemente, se desaparecen de los inventarios oficiales, desde relojes y joyas hasta fincas.

Hace poco más de una semana, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció que TaoTau, la hacienda de más de 1.200 hectáreas que el capo Gonzalo Rodríguez Gacha tenía en Ambalema, Tolima, para sus vuelos del narcotráfico, finalmente pasó a manos de una organización campesina. Lo increíble de la historia es que aunque esa megafinca estuvo en el radar de las autoridades desde la muerte del capo (diciembre de 1989) y de que en el 2006 quedó en firme la extinción de dominio, siguió todos estos años en manos de avivatos. El último de ellos, Francisco Ocampo, un polémico empresario que ahora enfrenta un proceso por fraude a resolución judicial y que hasta el último momento se negó a entregar un predio que no era suyo.

Es apenas una historia entre centenares. Congresistas y excongresistas aparecen históricamente como beneficiarios de bienes incautados a la mafia. Arriendos de estrato 1 para apartamentos de lujo en las más ricas zonas de las capitales, entrega sin justificación de proyectos productivos y costosos bienes han estado, en las últimas décadas, en el catálogo del aprovechamiento indebido de propiedades que, en teoría, debían haber terminado financiando los programas sociales para los sectores más necesitados.

Aunque su modelo legal en materia de extinción de dominio es considerado un referente en el mundo, el país sigue destinando pocos recursos para ese frente clave en la lucha contra el crimen.

Apenas 79 fiscales y 27 jueces llevan sobre sus espaldas la tarea de sacar adelante 7.000 procesos que están en curso y que afectan a todos los poderes criminales, desde el ‘clan del Golfo’ hasta el Eln, pasando por las bandas locales que mandan en el hampa de pueblos y ciudades intermedias.

Hoy, en promedio, cada uno de esos fiscales tiene a su cargo 88 expedientes, mientras que cada juez tendría que resolver 260 casos.

Estadísticas judiciales consultadas por EL TIEMPO muestran que el promedio de duración de un expediente llega a los 8 años y siete meses, pero en los juzgados siguen vivos decenas de procesos de la época de Pablo Escobar y su socio, Rodríguez Gacha. Apenas en mayo pasado, la Fiscalía ocupó dos fincas, ‘Trocadero’ y ‘Piedras’, que valen unos 4.800 millones de pesos y que estaban en ,manos de Jesús Escobar Gaviria, alias el Osito, el hermano de Pablo Escobar. El proceso apenas empieza.

Lo que muestran las estadísticas es que, en promedio, el Estado gana dos de cada tres casos de extinción de dominio. Y esa es una historia que no ha cambiado en el año de la fiscal Adriana Camargo, que acaba de ajustar una de las derrotas más duras en esta materia.

El 27 de enero pasado, un juez de Barranquilla falló a favor del cuestionado empresario Álex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro, a quien la Fiscalía pretendía quitarle millonarios inmuebles como su mansión en el lujoso barrio Riomar. En primera instancia, un juez decidió que el ente acusador no logró demostrar que los bienes estuvieran asociados a las supuestas actividades ilícitas de Saab, quien estuvo en poder de Estados Unidos y hoy reside en Venezuela bajo la protección de la dictadura.

Esta radiografía lleva al abogado Fabio Humar a hablar de un supuesto “fracaso” de la extinción de dominio, de la que dice que está lejos de haber cumplido el cometido con el que fue creada a mediados de los años 90.

Desde 2023 a la fecha se han abierto 1.400 procesos por extinción, y la mayoría de ellos están en la fase preliminar de la investigación. El año pasado se abrieron 714 casos de los cuales 442 están activos: 260 en fase inicial, 139 en juicio y el resto en etapas intermedias.

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El exfiscal general Francisco Barbosa considera que la diferencia entre el éxito o el fracaso está en priorizar “los casos fortalecidos probatoriamente. Van a salir con una dinámica diferente, pues las investigaciones deben estar supremamente estructuradas desde su parte probatoria para poder proceder a su extinción”. En su istración hubo operaciones de ocupación por cerca de 30 billones de pesos.

Al momento de pasar a los 19 juzgados enfocados en estudiar las demandas, el aproximado arroja que al año cada despacho puede llegar a sacar hasta 30 sentencias, que en segunda instancia son revisadas por los ocho magistrados que laboran en Bogotá y Medellín.

Este grupo de 27 jueces es el que tiene a cargo analizar los expedientes que les llevan los 79 fiscales con sus equipos de policía judicial.

Nacido en 1996, el sistema de extinción de dominio colombiano es para el jurista Gilmar Santander un referente a nivel mundial, pues otros 10 países de la región se basaron en él para construir los suyos. Venezuela, Ecuador, Perú, México y Argentina son algunos de los que son mucho más jóvenes, pero a criterio del experto y consultor internacional en algunos aspectos se han ajustado mejor a las dinámicas delictivas internamente.

“Tenemos puntos débiles, muchas cosas por mejorar especialmente en el procedimiento, pero en lo que es la estructura, eso sirvió para que en 2011, concretamente la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU tomara la extinción de dominio colombiana como un referente, y se trabajó un modelo para que los demás pudieran replicarla”, indicó.

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El primer punto en el que académicos y abogados coinciden es en la falta de fiscales y jueces, quienes con hasta 150 procesos en sus despachos no dan a basto. Dalila Henao, abogada conocedora del tema, cree que “la Fiscalía, como en los trámites ordinarios, seguramente hace su mejor esfuerzo, pero la realidad es que la capacidad humana de los despachos es insuficiente y el procedimiento no es tan simple”.

Otros analistas como Santander concuerdan en que el poder que tienen los fiscales para tomar medidas cautelares sobre una propiedad sin el permiso de un juez, es una falencia, porque si se pasara por un juzgado se evitaría que se desborden las funciones del ente acusador, el cual para 2023 dictó 276 medidas; para el año pasado sacó 218, y en este lleva 10.

Al mirar hacia la otra entidad con velas en este asunto, la SAE, las observaciones giran en torno a lo politizada que está y la corrupción que se vislumbra con propiedades con arriendos irrisorios y hasta frecuentes pérdidas en el inventario, que a la fecha completa más de 33.000 bienes divididos en casas, fincas, mansiones, vehículos, predios, ganado, joyas y lingotes que se quedan cortos frente al importante subregistro debido a la pérdida de información durante el empalme con la otrora Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

“Creo que tenemos el peor modelo de istración de bienes, el de la SAE es un modelo diseñado a la explotación económica de los bienes, y no a la devolución de la función social de la propiedad”, dice Santander. Mientras que Henao añade que “la SAE es una entidad permeada por la corrupción y los malos manejos, pues una verdadera política de destinación de los bienes inmersos en trámites de extinción, tendría la entidad suficiente para impactar positivamente a la comunidad”.

Según otra fuente, una de las falencias está en que como en la Fiscalía la medición extraoficial se basa en quién incauta más, los despachos se concentran en ello acumulándole sin soporte jurídico muchos bienes a la SAE, donde ante más propiedades haya para istrar, hay más riesgos de que lleguen los corruptos.

A diferencia de los procesos penales, los de extinción no prescriben, por lo que una vez expiden las medidas cautelares para sus indicadores, los funcionarios, dice Fabio Humar, “no tienen afán y por eso no es extraño encontrar procesos de 10 o 15 años”.

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El exvicefiscal Francisco Sintura dice que hay que tomar medidas como la vinculación de juzgados civiles para que ayuden a descongestionar el sistema. “En la historia legislativa la extinción de dominio se planteó como un asunto de jueces civiles porque es un tema de propiedad sobre bienes, no de derecho penal, pero como había problemas de seguridad, los jueces no aceptaron y por eso lo mandaron a la Fiscalía”, anota.

Lo cierto es que el balance de lo entregado por la SAE al Estado sigue siendo poco comparado con la magnitud de las fortunas incautadas. Por bienes monetizados, por esa vía entraron el año pasado a diferentes instancias oficiales un total de 100.542 millones de pesos, llevándose la mayor tajada el Gobierno con 35.189 millones, seguido de la Fiscalía y de la Rama Judicial con 25.135 millones de pesos cada una. 

Carlos López - Redacción Justicia